Pacto bipartidista para estabilizar la legislatura
Durante el último año, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han dicho de todo. El líder del PP ha acusado al del PSOE de haber mentido en campaña, de haber aceptado el chantaje del independentismo catalán, de haber aprobado una ley inconstitucional solamente para poder seguir en el poder, de colonizar las instituciones y de estar rodeado de corrupción "incluso en casa". Este miércoles, en la última sesión de control del Congreso, Feijóo ha dicho que es imposible que haya regeneración democrática en España mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Por su parte, el líder del PSOE ha recordado al del PP las vacaciones que pasaba hace unos años con un conocido narcotraficante, lo ha acusado de estar detrás —junto a VOX— de lo que Sánchez 'llama la máquina del fango' y que algunos días comprende solamente algunos digitales y otros días también incluye televisiones y radios, le ha reprochado el secuestro del Poder Judicial, se ha reído en su cara cuando Feijóo dijo que podría haber sido presidente si hubiese querido y lo ha acusado de intentar tumbar el gobierno por considerarlo ilegítimo. En la penúltima sesión de control del Congreso —la que tuvo lugar justo después de las elecciones europeas—, Sánchez equiparó a Feijóo con Abascal y Alvise, situándolo como "una de las tres cabezas de la ultraderecha".
Sin embargo y en contraste con esta extrema agresividad verbal mutua, todo apunta a que, en estos momentos, estaría en marcha una negociación seria y al más alto nivel entre el PSOE y el PP para repartirse el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Energía y una parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Es decir, que, mientras se insultan gravemente y se acusan mutuamente de cometer respectivas infamias políticas de cara a la galería, por debajo de la mesa, están negociando tranquilamente repartirse entre ellos uno de los tres poderes del Estado, una parte de la corporación mediática pública y tres importantes órganos de regulación y control. Que, esta vez, la negociación puede ir en serio lo demuestra el hecho de que las direcciones de ambos partidos están filtrando estos días a diversos medios de comunicación mensajes de optimismo y de plena disposición de llegar a acuerdos.
El vergonzoso comportamiento 'pimpinela' —nos insultamos en público, pero en realidad somos hermanos— es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía al cual el bipartidismo nos tiene acostumbrados desde hace décadas. De hecho, esa es la clave comunicativa fundamental que sostiene el sistema del turno inaugurado al principio de los años 80 cuando se alcanzó la estabilización del régimen político del 78: un reparto simbólico de papeles para que la gente tenga la ilusión de que estar decidiendo entre dos opciones políticas muy distintas —por tanto, de estar participando de una verdadera decisión democrática—, pero un consenso absoluto en los principales pilares que mantienen todo el sistema "atado y bien atado": la subordinación a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos mediante la pertenencia a la OTAN, la aceptación de un papel subalterno en el esquema productivo de la Unión Europea, el apuntalamiento de la monarquía, el estado de las autonomías no como punto de partida de una descentralización administrativa sino como un punto de llegada y, por supuesto, el blindaje de los privilegios de las élites económicas españolas e internacionales. En campaña electoral y en el hemiciclo, se dicen mutuamente barbaridades, pero luego se ponen de acuerdo para repartirse el poder en todas las materias así llamadas "de Estado". Es el engaño de siempre y es lo que está volviendo a ocurrir.
El PP, quizás presionado por la incapacidad de Feijóo de desalojar al PSOE de la Moncloa y después de unos resultados europeos muy alejados de sus expectativas, quizás presionado también por los sectores mayoritarios de la judicatura —muy conectados al partido de la gaviota— y siempre mirando de reojo la posibilidad de que los sectores más a la derecha y más trumpistas del partido se organicen para hacerle lo mismo que le hicieron a Pablo Casado y, esta vez, tomar el poder interno, podría apostar en los próximos días por ganar un poco de tiempo, proyectar una imagen más institucional de cara a Europa y, ya de paso, situar a sus alfiles en el órgano de gobierno de los jueces, en el máximo regulador bancario, en la televisión y la radio públicas y en la CNMC, la CNMV y la CNE. El PSOE, por su parte, conseguiría de esta manera un relato de estabilidad de la legislatura que lleva buscando desde la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre y que le ha resultado muy difícil conseguir dada la ajustada configuración parlamentaria que arrojaron las urnas el 23 de julio de 2023.
Si la operación sale bien, el primer gran acuerdo con el PP puede ser el preámbulo de muchos otros
Además, si la operación sale bien, el primer gran acuerdo con el PP puede ser el preámbulo de muchos otros. Al fin y al cabo, es obvio que ambos partidos se pueden poner de acuerdo en numerosas reformas legislativas de corte neoliberal como todo apunta que ocurrirá, por ejemplo, con la Ley del Suelo. Pedro Sánchez sabe perfectamente que, una vez que el Congreso te inviste presidente, tu compromiso con la mayoría que te ha hecho acceder al cargo es meramente político y, por lo tanto, modificable. Dado que la única forma de desalojar de la Moncloa a un presidente del Gobierno es mediante una moción de censura constructiva —es decir, que sea capaz de reunir una mayoría simple de los votos en torno a un candidato alternativo— y no parece que eso sea fácil de conseguir si se trata de meter en el mismo acuerdo a VOX, a Junts y al PNV, el líder del PSOE puede perfectamente cambiar de socios parlamentarios a mitad de legislatura y empezar a aprobar medidas, en este caso, con el PP.
Puede parecer que estamos haciendo política ficción, pero eso es exactamente lo que el PSOE intentó hacer al principio de la legislatura anterior, incorporando a un partido abiertamente neoliberal como Ciudadanos para así no tener que depender de los votos de ERC o Bildu. Este cambio de socios, que el PSOE y sus medios de comunicación llamaban la 'geometría variable' fue finalmente abortado por las intensas presiones de Podemos desde dentro del Gobierno (aunque algunas normas, como la reforma laboral de Yolanda Díaz, fueron aprobadas gracias a los escaños naranjas de derechas y sin contar con el independentismo de izquierdas). Teniendo en cuenta que, ahora, Podemos no está en el Gobierno y que Sumar es un socio políticamente mucho más débil y que ha optado voluntariamente por una trayectoria de mayor subordinación al PSOE, y leyendo todo lo que publican los medios de la derecha y la progresía mediática respecto de la inminencia de un gran acuerdo de Estado entre el PSOE y el PP, no es completamente descartable que, a partir de ahí, se intente inaugurar una nueva 'geometría variable'; esta vez con los azules en vez de con los —ya extintos— naranjas. En la semana del 10º aniversario de la coronación de Felipe VI y viendo cómo los dos partidos dinásticos del régimen del turno han cerrado filas y chocado los talones para apuntalar a la Corona, este esquema no parece tan improbable.
Los caminos de la política son tortuosos y ya veremos si, en los próximos meses y años, el PSOE y el PP apuestan por una larga legislatura de colaboración bipartidista para intentar cerrar la crisis del régimen que se abrió el 15M de 2011. En el medio plazo, eso sería devastador para las posibilidades de construir un modelo político y económico verdaderamente democrático y que garantice la dignidad material de la mayoría de nuestro pueblo. En el corto plazo, si el acuerdo de Estado entre Sánchez y Feijóo que buena parte de los informadores de la Corte están dando por casi hecho finalmente se produce, lo que seguramente veremos será un recrudecimiento de la ofensiva mediática y judicial por parte de los sectores reaccionarios. Al fin y al cabo, el mensaje de impunidad que recibirán esos sectores con el acuerdo será contundente: después de más de media década de intentar subvertir la democracia mediante tácticas de golpe blando, no tenemos ningún problema por pactar con los vuestros para que todo siga igual.
