La pareja de Ayuso confesó, a través de su abogado, haber cometido fraude fiscal
En un nuevo giro del escándalo fiscal que sacude el entorno cercano de Isabel Díaz Ayuso, se revela que Alberto González Amador, su pareja, ha ofrecido un acuerdo a la Fiscalía de Madrid para evitar un juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
González Amador, empresario acusado de defraudar 350.000 euros a través de facturas falsas proporcionadas por otras empresas, habría buscado este pacto antes incluso de que la Fiscalía presentara la denuncia correspondiente. Sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado por el ente fiscal, que procedió a presentar la denuncia el pasado 5 de marzo.
Según informes de distintas fuentes como La Sexta o elDiario.es, el ofrecimiento se realizó a través del abogado del empresario, quien manifestó la disposición de su cliente para asumir los delitos y negociar una pena reducida. A pesar de ello, la Fiscalía no aceptó la propuesta, lo que desencadenó en la presentación formal de la denuncia.
La situación se complica aún más con las declaraciones contradictorias entre los implicados. Mientras el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso afirma que fue la Fiscalía quien se dirigió a González Amador para ofrecerle un acuerdo, la realidad es que fue la defensa del empresario quien tomó la iniciativa de contactar a la Fiscalía.
Este nuevo desarrollo también contrasta con las declaraciones de la propia presidenta madrileña, quien aseguró que su pareja no está involucrada en ninguna trama y que es Hacienda quien le debe dinero a él. Sin embargo, ahora se revela que González Amador estaba dispuesto a declararse culpable de las acusaciones en su contra.
El empresario ha sido denunciado por dos delitos contra Hacienda cometidos en los ejercicios 2020 y 2021, además de un delito de falsedad documental por intentar pagar menos impuestos mediante facturas falsas. El presunto fraude se habría realizado en el marco de una compraventa de mascarillas, donde González Amador actuó como intermediario.
Aunque aún no ha sido imputado, el futuro legal de González Amador está en manos del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que debe decidir si abre una causa en su contra, tal como lo solicita la Fiscalía. En medio de estos acontecimientos, se destaca que el empresario no ha cumplido con los requisitos para beneficiarse de posibles reducciones de condena contempladas por la ley.
