La jueza que ha absuelto al acosador de Montero e Iglesias está vinculada al golpismo judicial y ha comprado las tesis de Abogados Cristianos
Tras el pacto entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial, en las últimas 24 horas se han sucedido noticias y decisiones que atestiguan de manera descarnada el lawfare y el tipo de justicia inexistente en España. El Tribunal Supremo de Manuel Marchena ha rechazado amnistiar a Carles Puigdemont y continúa vigente su orden de detención, Diario.Red destapó en exclusiva un audio en el que el juez Aguirre se jactaba de tumbar la ley de amnistía.
Por si fuera poco la jueza de lo Penal número 14 de Madrid, Belén Pérez, ha absuelto de todos los delitos al ultraderechista Miguel Frontera, que acosó durante meses a Irene Montero y Pablo Iglesias en su domicilio con el apoyo mediático de los pseudomedios OkDiario de Eduardo Inda o Estado de Alarma de Javier Negre. La Fiscalía pedía para este acosador ultra hasta tres años de prisión. Finalmente, Frontera se va de rositas con total impunidad. Y esta forma de amedrentar a políticos de izquierdas en sus viviendas queda absuelta. La jueza Belén Pérez ha comprado la argumentación de la letrada de Miguel Frontera, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos y cuyo marido, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, es uno de los fundadores de VOX en Valladolid y ha estado en sus listas electorales para las municipales de la ciudad vallisoletana, para el Senado y para las elecciones Autonómicas. En España se han destapado 440.000 víctimas de pederastas en la Iglesia católica. Todavía no ha habido denuncia alguna por parte de esta asociación ultracatólica, que se dedica a defender a clientes ultraderechistas, y a denunciar y perseguir a personas de izquierdas como Willy Toledo por cagarse en Dios.
En contraposición, conviene recordar que en el 15-M, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acusó a los activistas que rodearon el Parlament de Catalunya en la protesta contra los recortes sociales de ejercer una “violencia moral” y de “intimidación ambiental”. El caso acabó con una sentencia infame y la condena de ocho manifestantes reconvirtiendo el derecho a la protesta en delito.
El mentor y preparador de las oposiciones de la jueza Belén Pérez fue el magistrado Carlos Granados, nombrado Fiscal General del Estado en 1994 por el gobierno de Felipe González, y fundador en 1984 de la conservadora Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Esta asociación judicial publicó en su revista mensual una sátira asquerosamente machista contra Irene Montero con el título “de monjas a diputadas”, y que vejaba a la dirigente de Podemos.
La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria está integrada por 930 jueces en activo. En la actualidad, Carlos Granados ejerce como director general de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid con un sueldo anual de 99.588 euros. Granados lleva en este cargo creado por Manuela Carmena desde enero de 2018. En aquel tiempo, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que lo ha mantenido al frente del mismo en sus dos mandatos, se mostró “sorprendido de que Carlos Granados se uniera a la opereta de presidir un ente sin competencias”. Como es casi costumbre entre los jueces españoles, Carlos Granados proviene de una familia con gran tradición en la Carrera Judicial. Hay infinidad de hijos de jueces franquistas en la judicatura, como si en el puesto de trabajo de impartir justicia hubiera una ciencia que heredar. Su padre Miguel Granados López fue condecorado en 1968 por el franquismo con la Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort firmada por el ministro franquista Antonio María de Oriol.
En 2008, la jueza Belén Pérez, que ha dado barra libre a los Frontera de turno para campar a sus anchas, fue utilizada por el entonces magistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados, en una intentona para emprender actuaciones contra María Emilia Casas, primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional y que durante su presidencia avaló la constitucionalidad de la Ley contra la Violencia de Género. La jueza Belén Pérez consultó a su preparador de oposiciones Granados sobre el trámite para elevar al alto tribunal las actuaciones contra María Emilia Casas por asesoramiento ilegal. La jueza Belén Pérez presentó como prueba contra la presidenta del Tribunal Constitucional una conversación que “se ajustó a los usos sociales”, según el Supremo, con una abogada a la que en ese momento creía víctima de violencia machista por parte de su marido, y que posteriormente fue condenada por ordenar el asesinato de su cónyuge.
