Marlaska se niega a contestar una pregunta parlamentaria sobre la detención de los activistas de Futuro Vegetal
El 13 de febrero, pocos días después de la detención de 22 activistas ecologistas de la organización Futuro Vegetal, la diputada Martina Velarde registró varias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la criminalización de los grupos que han realizado acciones en el marco de la celebración de la Cumbre del Clima de Dubai (COP28), que estuvo presidida por el sultán Al Jaber que, además de ser ministro de industria de una petrodictadura, es presidente de unas las grandes petroleras del mundo.
Martina Velarde, diputada de Podemos, quería saber por boca del Ministerio del Interior cuáles son los criterios que justificaron las detenciones por “pertenencia a organización criminal” de los 22 activistas de Futuro Vegetal. Sin embargo, Velarde va a tener que volver a preguntar o quedarse con la duda porque la respuesta de Grande-Marlaska no se ha producido.
En la respuesta de Grande-Marlaska, firmada el 19 de marzo de 2024, no se responde a ninguna de las cuatro cuestiones que le plantea la diputada morada. La respuesta, un escrito con dos párrafos, se ciñe a decir: “En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que la citada operación policial, coordinada por la Comisaría General de Información, con la participación de las Brigadas Provinciales de Información de varios lugares de España, se ha saldado con la detención de 22 personas”.
En el segundo párrafo, el Ministerio de Marlaska prosigue en tono y formas: “En una primera fase fueron detenidas 6 personas, tramitándose el atestado policial 2793/23, de 1 de diciembre; y, en una segunda fase, se procedió a la detención de 16 personas, tramitándose el atestado policial 2826/23, de 19 de diciembre. De estos hechos entiende el Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid, en Diligencias Previas 2085/22”.
Es decir, Marlaska no ha respondido a las preguntas formuladas por la diputada Martina Velarde, a pesar de que el Gobierno está obligado a responder “en un plazo de 20 días”, según marca el artículo 190 del Reglamento del Congreso. Velarde tendrá que volver a preguntar para conocer los criterios que justifican la detención de 22 activistas ecologistas por “pertenencia a organización criminal”.
