No hay paz para Magalhaes 33 bis
Los residentes de la ocupación habitacional en Barcelona denuncian sabotajes, agresiones e intimidaciones por parte de quienes buscan expulsarlos. Pero un tribunal ha decidido absolver a uno de los guardias de seguridad implicados
Sabotajes, intimidaciones, agresiones. Son graves las acusaciones que los habitantes de la calle Magalhaes 33 bis han lanzado contra la propiedad y la empresa de seguridad contratada por esta última. Un asunto que Diario Red ya contó hace seis meses y que ahora se enriquece con nuevos elementos, pasando de la calle a los tribunales.
La historia, explicada
La historia tiene lugar en el barrio de Poble Sec, en pleno centro de Barcelona. Aquí se encuentra el edificio de la calle Magalhaes 33 bis, un pequeño edificio de siete apartamentos que durante años ha albergado algunas viviendas en alquiler y, desde 2020, otras ocupadas. En 2023, el inmueble fue comprado por un fondo de inversión ruso, Workki Co-Working S.L. Y desde el momento de la compra, según los testimonios, las cosas en el edificio empezaron a cambiar.
«No habiendo pasado una semana desde que Workki Co-Working S.L. comprara el edificio, comenzaron los sabotajes y las actuaciones de acoso inmobiliario a las vecinas por parte de la empresa STOP Okupas», escribía en marzo Rober Saavedra en Diario Red. Stop Okupas Low Cost S.L. es la segunda empresa involucrada en el asunto. Se trata de una empresa privada especializada, se lee en su sitio web, en ayudar a «propietarios afectados por el fenómeno de la ocupación». Continúa Saavedra: «el 1 de diciembre destrozaron la puerta de una de las viviendas. En enero atascaron las bajantes de agua, lo que ocasionó inundaciones en varios pisos, y retiraron los fusibles e interruptores generales del edificio, dejando sin electricidad a todo el bloque. En febrero —después de que las vecinas, junto al Sindicat de Llogateres, interpusieran una querella por acoso, una denuncia administrativa al Ayuntamiento de Barcelona y enviaran un burofax a la propiedad solicitando una reunión para negociar y resolver la situación— se presentaron dos ‘mediadores’ de STOP Okupas que, de manera intimidatoria, ofrecieron una cantidad económica a las vecinas para que se marcharan; ellas rechazaron la oferta, lo que derivó en una escalada de violencia que llegó a graves agresiones físicas a uno de los vecinos. Finalmente, el 20 de marzo, STOP Okupas volvió a sabotear el edificio, quitando la puerta de la calle, dejando a las vecinas completamente desprotegidas frente a cualquier incursión en sus viviendas».
Una situación, en suma, excepcionalmente tensa. Y las cosas no parecen mejorar.
Los procesos judiciales
Francesco es uno de los inquilinos que viven en la ocupación habitacional de la calle Magalhaes 33 bis. Por teléfono nos cuenta las últimas evoluciones de su situación personal y colectiva. «Ya los inquilinos en alquiler se han marchado. La propiedad evidentemente tenía interés en echarlos también a ellos. Imagina que el último inquilino en irse presentó una denuncia administrativa al Ayuntamiento», nos cuenta. «Hay tres causas presentadas. Uno de los procedimientos tuvo su primera sentencia el otro día». Francesco se refiere a la denuncia presentada por agresión contra un guardia de seguridad de Stop Okupas, quien habría golpeado con un puñetazo a una persona vinculada a la ocupación. «Tenemos un video de la agresión, en el que solo falta el momento del puñetazo porque el teléfono estaba en manos de la víctima. Tenemos un testigo. Tenemos un informe médico. Sin embargo, la jueza decidió la absolución».
El relativo a la agresión no es el único proceso. «Para el mismo caso, el pasado 3 de octubre, tres directivos rusos del fondo buitre fueron convocados a declarar, pero solo dos de ellos se presentaron», se lee en un comunicado del Sindicat de Llogateres. «Los directivos admitieron tener un acuerdo con Stop Okupas S.L. [...] El juez ha incluido al fondo buitre y a Stop Okupas entre los investigados, y ha solicitado a la Fiscalía que informe si es posible ordenar a la propiedad que restablezca el servicio de agua, como han solicitado los inquilinos».
La partida, en resumen, aún sigue abierta para los cinco ocupantes de la calle Magalhaes 33 bis. Siempre y cuando el nivel del conflicto no aumente más. «A pesar de denuncias, querellas penales y una denuncia administrativa, las autoridades no han tomado medidas en este grave caso de acoso inmobiliario, dejando a los inquilinos expuestos a la violencia de los guardias de seguridad con quienes comparten el edificio», concluye el comunicado.
