El Gobierno deporta a la fuerza a dieciséis saharauis con la intervención de una empresa de seguridad marroquí
Este segundo intento se sustanció con la devolución de madrugada hacia Marrakech. Hay otro vuelo planeado para el domingo que dejaría en manos del Estado marroquí a quienes alegan vulneraciones de este hacia ellos
Después de la amplia cobertura recibida tanto por este diario como por otros actores sociales y políticos del país y la imposición y actuaciones irregulares por parte del Estado, dieciséis saharauis retenidos, entre ellos Ali Hammou, persona sorda y enferma, han sido expulsados de madrugada hacía Marruecos.
Todos habían pedido asilo o el estatuto de apatridia por su temor de ser deportados a Marruecos y enfrentarse a actuaciones contra su identidad, así como represalias por sus distintas vinculaciones políticas o sus actuaciones reivindicativas.
A muchos les fue denegado a pesar de contar con todos los criterios necesarios e incluso con el visto bueno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actuación irregular teniendo en cuenta el deber de protección en caso de que se demuestren los extremos necesarios relativos a la persecución para obtener la protección internacional. Incluso aún sin contar con estas protecciones legales, también cabía la protección subsidiaria, la cual, sin comprobar estas persecuciones, protege a la persona de uno de los elementos esenciales alegados por los solicitantes, la tortura y tratos inhumanos o degradantes en caso de expulsión a Marruecos. Sin embargo, el Ministerio del Interior no tuvo en cuenta estos extremos.
Durante su estancia en el Aeropuerto de Barajas, en concreto en la sala de inadmitidos, se denunció las condiciones bajo las que estaban, especialmente la de Ali Hammou debido a su condición de salud, así como el caso de Mohamed Ali Mohamed Slimani y Rbab al-Tarad Yahi, junto a Aziza, su hija mutua de un año y medio, la cual no fue atendida correctamente por las autoridades españolas durante su estancia, llegando a enfermar. En esta sala también se denunció el hacinamiento y las condiciones sanitarias, especialmente por la presencia de chinches que complican una estancia de por sí difícil a quienes deben esperar resoluciones judiciales en este lugar.
La abogada de varios de los afectados, Fátima Fadel denunció en El Tablero el 25 de septiembre la situación de indefensión legal que estaban viviendo estas personas debido al no respeto de las garantías. Aseguró que se han adjuntado incluso videos en los que se identifica a estas personas en furgones policiales de las autoridades marroquíes, así como fotografías de las torturas sufridas, las denuncias y citaciones policiales, sin embargo, estas no han sido correctamente apreciadas por los instructores de los casos, ya que la evidencia era suficiente para el cumplimiento de los requisitos. Destaca además el comportamiento contrario por parte de las autoridades españolas proporcionando intérpretes marroquíes, que además de no hablar la variedad dialectal de los saharauis, puede generar una situación no deseada de conflicto político, pudiendo tergiversar las declaraciones del saharaui en cuestión, generando indefensión para el solicitante de asilo.
En cuanto a la apatricidad, esta es una figura legal escasamente desarrollada para las implicaciones en términos de protección que conlleva, sobre todo cuando no está sujeta al principio de no devolución (prohibición de deportación hasta que se sustancie el proceso de asilo), con el que, si cuenta la figura del asilo, poniendo en peligro a estos solicitantes antes de una resolución que confirme positiva o negativamente su solicitud y dejando en nada los derechos que podrían haber adquirido.
Por último, cabe recalcar que la decisión ha pesado en todo momento sobre el Gobierno, es decir, la discrecionalidad de la concesión reside en Interior, con lo cual el incumplimiento sin los requisitos legales recae en el Gobierno español.
Esta expulsión tuvo ya un primer intento frustrado por la negativa de los afectados a abordar el avión, con lo cual, para esta segunda vez, el Gobierno, ya advertido de esta situación contrató a una empresa de seguridad para este fin, con miembros esencialmente de nacionalidad marroquí que les han agredido físicamente antes de obligarlos a subirse al avión. Está previsto otro vuelo con otros diez saharauis para el domingo.
