El gobierno de República Dominicana anuncia la deportación de 10.000 haitianos cada semana
El pasado miércoles nos dejó uno de los anuncios más duros contra la inmigración de las últimas semanas. El Gobierno de República Dominicana (RD), liderado por Luis Abinader desde 2020, se ha sumado a los profundos planes de securitización y militarización de las fronteras que hemos visto recientemente en otras partes del globo, especialmente en Europa. El anuncio exclama el desarrollo de un operativo para deportar a 10.000 haitianos en situación irregular cada semana para “reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”, lo que podría convertirse, de cumplirse el anuncio, en la deportación de 100.000 personas en apenas 10 días, sin garantías de que realmente se cumpla con el derecho humanitario.
El nuevo plan de expulsión incluye el despliegue de más efectivos de las fuerzas de seguridad en las fronteras, un mayor uso de “tecnología de vigilancia” (drones, cámaras) y el establecimiento de puntos de control estrictos a lo largo de la frontera. El Gobierno dominicano apunta que estas medidas son necesarias por la lentitud con la que avanza la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, una misión que lidera Kenia bajo el beneplácito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esta Misión, que tenía como objetivo sofocar la violencia de las pandillas y grupos criminales para abrir un proceso que desembocase en “la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres y justas”, paralizadas desde 2021 con el asesinato de Jovenel Moïse, se materializó en el envío de militares y policías procedentes de Kenia, Jamaica, Belice e incluso Estados Unidos. Por ahora, los resultados de este plan internacional están dejando mucho que desear, hasta el punto de que el propio Consejo de Seguridad decidió a comienzos de esta semana prorrogar la Misión hasta octubre de 2025. Ello se debe a que la cifra de personas a las que afecta la inseguridad alimentaria asciende a más de 5 millones en Haití, los desplazados internos alcanzan la cifra de 700.000 y la violencia no ha disminuido en gran parte del territorio.
Estados Unidos tiene un papel relevante en el conflicto interno que vive la población caribeña
“Lo primero es la seguridad de República Dominicana”, añadía el portavoz de RD. El operativo, según fuentes del gobierno dominicano, garantizará “el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de los repatriados"; esta afirmación genera más dudas sobre cómo se va a proceder con las masivas deportaciones de las que puede despejar, máxime si miramos atrás en cómo se ha actuado desde la llegada al poder de Luis Abinader. En 2023, todavía durante su primera legislatura, el presidente dominicano se enorgullecía de haber deportado a más de 208.000 haitianos. Antes de renovar su mandato el 16 de agosto de 2024, había expulsado a 98.594 personas más. La mayoría de estas expulsiones han sido colectivas, como apunta Amnistía Internacional, “violando el principio de no devolución y el derecho de asilo” de la población haitiana que residía en RD. Los otros candidatos presidenciales que también tenían probabilidades de vences en las elecciones mantenían un discurso similar contra sus vecinos caribeños. Además, desde 2021 el Ejecutivo de Abinader está construyendo una “verja perimetral inteligente” que pretende cubrir unos 200 kilómetros de la frontera entre RD y Haití para frenar la inmigración. La organización también denuncia el trato inhumano y racista que sufren muchos de los migrantes en los centros de detención y la violencia desmedida de la policía y el ejército dominicano incluso contra niños y adolescentes. Todo ello socava cualquier respeto a los Derechos Humanos a los que alude el gobierno dominicano, también señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de privar de nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, situación que comenzó en 2014 y todavía no se ha resuelto.
Estados Unidos tiene un papel relevante en el conflicto interno que vive la población caribeña. Informes de Naciones Unidas señalan que existe una clara participación del gigante norteamericano en el tráfico de armas que acaban en las manos de los grupos criminales, que controlan gran parte de la capital haitiana, Puerto Príncipe. En 2020, uno de los documentos especificaba que se introducía armamento de contrabando por tierra, mar y aire desde lugares como Florida y Texas. El hecho de que Estados Unidos juegue un papel en la crisis política y de violencia que sufre Haití cobra todavía más relevancia si recordamos lo normalizada que está la discriminación y la xenofobia contra la población de este país. Durante el debate electoral entre Donald Trump y Kamala Harris a mediados de septiembre, el candidato republicano no tardó en utilizar el bulo (desmentido por la propia autora, Erika Lee y la policía local) que corría en internet sobre inmigrantes haitianos que se comían las mascotas de sus vecinos en la localidad de Springfield, Massachusetts. Estas afirmaciones racistas dispararon las amenazas y el acoso contra los migrantes en la localidad estadounidense.
Desde España tampoco se han elevado voces críticas dentro del Gobierno para frenar la crisis humanitaria que perpetra República Dominicana. Por otro lado, parece afianzar todavía más sus relaciones comerciales con dicho país. En 2023, año en el que se produjo el mayor número de deportaciones masivas ilegales, la Cámara Oficial de Comercia de España en República Dominicana (CAMACOES) anunciaba que España aumentaba su inversión en el sector turístico del país caribeño hasta los seis mil millones de dólares. Dos años antes, en 2021, el Estado español también participaba en el proceso de modernización de la Policía Nacional dominicana, la misma que ha atentado contra los derechos humanos de los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana con más violencia desde el ascenso de Luis Abinader a la presidencia en 2020.
