Pegasus en Colombia: vigilar, controlar y reprimir

Se trata de uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia de Colombia. Las revelaciones hechas por el propio presidente colombiano esta semana, no implican solamente el eventual desvío de fondos (que habrían pasado por los circuitos del lavado de activos) sino porque habrían sido destinados a una erosión directa de la democracia para un ejercicio triple que seduce a una derecha cada vez más recalcitrante: vigilar, controlar y reprimir.

La noche del miércoles 4 de septiembre, Gustavo Petro se dirigió al país “en vivo” para anunciar una serie de hallazgos sobre la compra por parte del gobierno antecesor de Iván Duque del Centro Democrático (extrema derecha) del virus de fabricación israelí Pegasus, que permite una estricta vigilancia sobre las comunicaciones. No solamente de teléfonos móviles, sino de ordenadores (computadores) con la posibilidad de rastrear datos, videos, sonidos e incluso las pulsaciones al teclear.

Se trata de la invasión a la privacidad más agresiva que se pueda imaginar en un mundo donde se ha vendido la idea que la Cuarta Revolución Industrial (o 4.0) traería una renovada forma de democracia por la vía de las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones que incluía acceso masivo a datos e información. Claro, cuando ocurrieron las multitudinarias protestas en Irán en 2009 con la reelección de Mahmmoud Ahmadinejad presumida como fraudulenta, varios medios occidentales hablaron de La Primavera de Teherán, con una novedad mayor: el uso de mensajes de texto para convocar las protestas.

Así el New York Times titularía que la revolución iraní no sería transmitida por CNN, sino que sería trinada (en alusión en la entonces red social Twitter hoy X). Con las denominadas Primavera Árabes donde el patrón de comunicación se repitió (o acaso ¿emuló?) del caso iraní (este último no árabe, valga aclarar, pero antecesor de esa Primavera) y las redes fueron protagonistas parecía confirmarse la tesis de una revolución desde abajo a través de canales que escapaban al control de los regímenes más autoritarios del Norte del África y del Medio Oriente. Sin embargo, 2016 será recordado en el mundo y en Colombia como un annus horribilis para la democracia.

En Colombia los detractores del acuerdo de paz recurrieron a las redes sociales para divulgar todo tipo de noticias falsas sobre la desmovilización de la entonces guerrilla de las FARC

El Brexit, la victoria de Trump y el rechazo al acuerdo de paz en Colombia por vía de las urnas expusieron una faceta violenta del capitalismo de vigilancia, sistema que consiste en la acumulación de datos para la instrumentalización de la mal llamada opinión pública y la canalización agresiva de flujos de informaciones para aniquilar la autonomía en pro del consumismo. En Colombia los detractores del acuerdo de paz recurrieron a las redes sociales para divulgar todo tipo de noticias falsas, engañosas, imprecisiones y desinformaciones sobre la desmovilización de la entonces guerrilla de las FARC. 

En 2018 en un ambiente electoral de pánico respecto a un giro progresista, la extrema derecha se impuso con Iván Duque. A finales de ese año, estallaba el primer escándalo por el “perfilamiento” de periodistas, activistas, líderes sociales y opositores, es decir, la recolección de datos personales y seguimientos ilegales justificados, como suele suceder en los autoritarismos, en actividades de inteligencia. Cuando se supo que un corresponsal del New York Times estaba entre los “perfilados”, el propio ministro de relaciones exteriores, Carlos Holmes Trujillo, viajó a Estados Unidos para dar explicaciones al medio.

Para estos gobiernos reaccionarios siempre es más importante lo se piense afuera, que rendir cuentas frente a su propia ciudadanía, una mezcla del arribismo criollo y la excesiva sumisión a Washington. En noviembre de 2019 y a mediados de 2021 ocurrieron los estallidos sociales para protestar contra un gobierno que le dio la espalda a la paz, retrasó la reforma de tierras, diseñó una reforma fiscal tan regresiva como clasista y despreció y persiguió a los movimientos sociales. Al menos 80 personas fueron asesinadas y cientos más torturadas. 

El gobierno Duque habría entregado 11 millones de dólares en efectivo que habrían provenido del narcotráfico, no registrados, pues se trataba de gastos reservados de inteligencia

Por eso no es de extrañar que, en octubre de 2021, con posterioridad a esa ola represiva, el gobierno Duque hubiese adquirido del Estado israelí el virus (o malware) Pegasus, tal como lo denunció en su momento el diario Haaretz de Israel y la revista colombiana Raya. Este esquema le permitía interceptaciones ilegales y según la investigación del medio colombiano habrían sido intervenidas al menos 2600 líneas telefónicas. Pero allí no se detiene el escándalo. Según la versión de Petro, el gobierno Duque habría entregado 11 millones de dólares en efectivo que habrían provenido del narcotráfico, no registrados, pues se trataba de gastos reservados de inteligencia. La Revista Raya que ha sido objeto de críticas por parte de la prensa hegemónica colombiana, habla de una cifra aún superior, 13 millones que se habrían gestionado a través del general israelí Yair Kulas.

Este pacto se habría concretado en pleno genocidio, apartheid y limpieza étnica fenómenos visibles al menos desde la década de los 90, cuando los bloqueos, detenciones administrativas, exclusiones, trabas a la locomoción y el asesinato en masa o selectivo se han vuelto común denominador de la política en Israel. Como agravante, se debe recordar que, para la fecha, Donald Trump había reconocido a Jerusalén como capital de Israel trasladando la sede diplomática desde Tel Aviv a pesar de la patente violación al derecho.

Duque no sólo apoyó abiertamente a un Israel ordenado políticamente sobre una base de un apartheid, sino que le habría comprado un dispositivo de vigilancia que debilitaría los derechos humanos en Colombia

Pues bien, el acuerdo Bogotá-Tel Aviv en cuestión se habría concretado en la visita a Jerusalén de Duque, adulador de la línea geopolítica trumpista, y quien, habiendo contemplado una medida similar, terminó abriendo una oficina de asuntos económicos con representación diplomática en la ciudad que este régimen totalitario israelí ha definido como “eterna e indivisible”, eslogan que resume la intransigencia y el supremacismo con el que se trata al pueblo árabe palestino (hasta George Wallace se sonrojaría con semejante divisa).

Duque no sólo apoyó abiertamente a un Israel ordenado políticamente sobre una base de un apartheid, antecedido por una limpieza étnica de décadas y con un genocidio en curso, sino que le habría comprado un dispositivo de vigilancia que debilitaría los derechos humanos en Colombia, con nada que envidiar a los gobiernos militares del Cono Sur de la segunda mitad del XX.

Como la banalidad ahora es parte del ADN de medios, políticos y generadores de opinión en Colombia, muchos advierten que se trata de una cortina de humo del gobierno para distraer la atención por la dramática situación por cuenta de una huelga convocada por los patrones del transporte y que tiene a los más vulnerables en jaque. Todo está conectado, la parálisis deliberada de los poderosos dueños de los medios de producción, la campaña de desinformación de los medios hegemónicos y ahora, un esquema de vigilancia, persecución y represión que sigue estando en manos de una oposición que, aunque perdió las elecciones, controla parte del establecimiento.

La lección de Pegasus es contundente, ganar elecciones es parte del proceso, pero el ejercicio del poder va más allá. Colombia debe desmontar la doctrina de seguridad nacional, anacrónica e incompatible con las garantías y los derechos humanos, pero todavía legítima entre sus elites.