El asesinato de la directora de la mayor cárcel de Ecuador refleja el incremento progresivo de la violencia y la inseguridad en el país
Aproximadamente a las siete horas de la tarde del 12 de septiembre, el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) hacía oficial en redes el asesinato de María Daniela Icaza Resabala, directora del Centro de Privación de Libertad Guayas Masculino n.º 1 (o, más comúnmente, Penitenciaría del Litoral), en un asalto armado. El crimen se perpetró a dos kilómetros de la prisión, hacia la cual se dirigía Daniela Icaza en un vehículo rojo con un funcionario de la SNAI que resultó asimismo herido en el ataque.
Este suceso se une a otros dos casos de violencia contra los funcionarios de prisiones de las últimas semanas en Ecuador: por un lado, el pasado 31 de agosto fueron asesinadas dos agentes penitenciarias que trabajaban también en la Penitenciaría del Litoral; por otro, el director del Centro de Privación de Libertad Sucumbíos fue víctima de los mismos hechos apenas tres días después.
No solo se han producido episodios de terror en las instituciones penitenciarias, sino que la delincuencia se ha puesto de manifiesto en otro tipo de escenarios; sin ir más lejos, los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil fueron testigos del asalto por un grupo armado al plató de la cadena ‘TC Televisión’ y de la irrupción de asaltantes en la Universidad de Guayaquil en el mismo día, el 9 de enero del año en curso. La respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se tradujo en la declaración de conflicto armado interno, lo que implicó la intervención de las Fuerzas Armadas para aplacar a los grupos criminales.
He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024
Los mencionados acontecimientos son un indicio más de lo que ya es una realidad: según el OECO (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado), Ecuador es el país más violento del continente latinoamericano y uno de los más violentos del mundo. Atendiendo a las estadísticas, la tasa de homicidios ha crecido de manera galopante entre 2019 (7,03 homicidios por cada 100.000 habitantes, 1187 casos) y 2023 (47,25, un total de 8004 víctimas). De forma más concreta, el crecimiento más remarcable tiene lugar entre 2020 y 2023, coincidiendo con el final del gobierno de Lenín Moreno (mayo de 2017-mayo de 2021), el de Guillermo Lasso (mayo de 2021-noviembre de 2023) y el de Daniel Noboa (noviembre de 2023 hasta la actualidad). En 2020 se desencadenó la crisis de seguridad con el asesinato del líder de la banda Los Choneros.
En la misma línea, en el año 2023, 11 de las 24 provincias ecuatorianas tuvieron tasas de homicidios superiores (en 7 de ellas, la tasa fue “extraordinaria”) al promedio latinoamericano de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Concretamente, la provincia de Guayas o Zona 8, compuesta por los cantones de Guayaquil (que alberga la citada Penitenciaría del Litoral y donde se produjeron los hechos del 9 de enero), Durán y Samborondón, es la segunda con mayor tasa de todo el país (89.11) y acumula el 35,06% del total de homicidios. Cabe destacar que las cuatro zonas restantes situadas por encima de la media de Latinoamérica tienen en común la cercanía a la costa. En consecuencia, sus altas tasas de homicidios, según un estudio publicado en 2023 por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional del Ecuador, se deben a tres factores: primero, la cercanía geográfica con Colombia y Perú, punteras en producción de cocaína; segundo, la ineficacia de los controles de acceso al país de mercancías ilegales; y tercero, la ubicación estratégica de los puertos para facilitar el narcotráfico y demás actividad de las bandas organizadas.
Otro aspecto fundamental tiene que ver con los grupos de edad: a pesar de no ser el conjunto más afectado, entre los jóvenes menores de 19 años los homicidios incrementaron en más de 600 muertes entre 2019 y 2023, un 640%.
De hecho, Olivier De Schutter, Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de la ONU, afirmaba tras su visita a Ecuador en 2023 que “la falta de oportunidades laborales hace que los jóvenes sean presa fácil para ser reclutados por bandas criminales y hace que el crimen, incluido el contrabando de mercancías a través de las fronteras, se convierta en una opción deseable. La inseguridad, a su vez, agrava la pobreza, ya que las empresas son objeto de extorsión en forma de ‘vacunas’; las escuelas son tan inseguras que algunos padres retiran a sus hijos; y la inseguridad y las malas perspectivas económicas promueven la migración”.
A su criterio, esta tendencia podría revertirse mediante la implantación de políticas sociales por parte del gobierno, pero los gobiernos neoliberales de Moreno, Lasso y Noboa apenas han mejorado la situación: en 2008, el 35% de los ecuatorianos vivían en la pobreza y el 16,45% en extrema pobreza, tasa que se redujo hasta llegar al 21,5% en 2017; la bajada se revirtió debido a la pandemia y ascendió hasta el 33% en 2020. Ya en 2023, la pobreza por ingresos rondaba el 27% (la pobreza urbana era del 18% y la rural del 46,4%), mientras que la pobreza extrema giraba en torno al 11% (5,2% en zonas urbanas y 22,6% en rurales); asimismo, en 2022, el 34,44% de las personas de 15 a 24 años se encontraban en la pobreza.
Por lo tanto, el empeoramiento de la delincuencia desde 2020 bajo el mandato de Moreno y la pasividad de los ejecutivos a la hora de proteger a la ciudadanía (especialmente a los más jóvenes) a través de políticas sociales ambiciosas dan vía libre a la delincuencia organizada a reclutar a las personas con menos recursos y, con ello, agravar la crisis de seguridad en que vive Ecuador desde hace casi un lustro.
