Ahora sí prevarican

Vamos a dejar de lado por un momento lo que hizo el PSOE cuando las cloacas de Interior del PP fabricaron basura falsa sobre Pablo Iglesias y Podemos y la mayoría de los medios —desde OKdiario hasta La Sexta, pasando por la Cadena SER— le dieron veracidad y la difundieron ampliamente (spoiler: a veces nada, a veces aprovecharse de ello). Vamos a omitir también el análisis sobre lo que hicieron el PSOE y Pedro Sánchez cuando una turba de ultraderechistas violentos acosaron durante casi un año a la familia de un vicepresidente y una ministra incluyendo a sus niños pequeños (spoiler: permitirlo). Dejaremos asimismo para otra ocasión la ofensiva judicial reaccionaria contra la Ley Solo sí es sí y el acuerdo parlamentario al que llegó el PSOE con el PP para darle la razón a los que estaban rebajando la pena a violadores y machacar a Irene Montero. No hablaremos tampoco sobre la práctica antidemocrática de infiltrar policías en los movimientos sociales o la guerra judicial contra activistas de izquierdas como los seis de Zaragoza o las seis de la Suiza. Hoy solamente nos vamos a centrar en aquellos casos que, salvando las distancias, tienen un esquema similar al ‘caso Begoña’, y lo haremos centrándonos en un único partido —por cuestiones de espacio— pero no sin antes recordar que la misma operativa de lawfare ha sido abundantemente utilizada contra el independentismo catalán o también contra otras líderes políticas de izquierdas como Mónica Oltra.

Empecemos, por ejemplo, por el caso de la retirada ilegal del acta al diputado —entonces de Podemos—, Alberto Rodríguez, por parte de una colaboración presuntamente prevaricadora entre Manuel Marchena y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Aunque hay pocas cosas más sagradas en democracia que un acta parlamentaria obtenida mediante el voto directo de la ciudadanía en las urnas, nada hizo entonces ni el PSOE ni Pedro Sánchez por evitar aquel pequeño golpe blando. Es más, como decimos, lo acompañó. Y eso sin ni siquiera mencionar que todo el asunto provenía de una condena por agresión a la policía que se produjo sin ninguna prueba material de que eso jamás hubiese ocurrido. En el caso de Alberto Rodríguez, ni el PSOE ni Pedro Sánchez vieron —o más bien no quisieron ver— prevaricación alguna.

Tampoco la vieron cuando el juez Celso Rodríguez Padrón, al frente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, condenó a Isabel Serra —de nuevo por supuestamente atacar a la policía, de nuevo sin absolutamente ninguna prueba material que sustente la comisión del delito— y decidió inhabilitarla por 19 meses simplemente por haber asistido a una concentración que pretendía parar el desahucio de una familia vulnerable y —por supuesto— por ser de Podemos. No vimos entonces a ningún cargo del PSOE criticar a Rodríguez Padrón ni hablar de lawfare. Por aquella época, cuando todavía no iban a por ellos, lo mejor que podíamos esperar de una respuesta del PSOE a los periodistas por un tema como este era el típico “hay que respetar las actuaciones judiciales”. Todas las actuaciones. Sean como sean. Porque sí. Porque no hay jueces corruptos y la prevaricación no existe.

“Hay que respetar las actuaciones judiciales”. Todas las actuaciones. Sean como sean. Porque sí. Porque no hay jueces corruptos y la prevaricación no existe

Un caso todavía más parecido a lo que está haciendo en estos momentos el juez Peinado fue el así llamado ‘caso Neurona’. Una larguísima y muy probablemente ilegal expedición de pesca —investigación prospectiva, la llaman en el argot— basada en rumores ridículos y según la cual el magistrado Juan José Escalonilla fue arrojando sucesivamente contra Podemos y varios de sus dirigentes una ristra de acusaciones psicodélicas —la caja B, la niñera, la sede, los sobresueldos, la consultora Neurona—, todas y cada una de las cuales quedaron en nada pero sirvieron para llenar de basura difamatoria horas y horas de telediarios y tertulias. Nadie del PSOE y por supuesto tampoco Pedro Sánchez dijeron absolutamente nada acerca de uno de los ejemplos más evidentes de lawfare en España. Como lo que hacía Escalonilla producía el desgaste político de uno de sus adversarios y no les afectaba a ellos, “hay que respetar las actuaciones judiciales”. En esa época, para el PSOE y para Pedro Sánchez, todos los jueces de nuestro país eran intachables seres de luz.

Por último y por no aumentar en exceso la longitud de este editorial, recordemos el caso que más se parece a lo que está haciendo el juez Peinado, en tanto que también afectó a un miembro del Gobierno de España —en este caso, al vicepresidente Pablo Iglesias— y, por lo tanto, habría estado igual de justificado que ahora que la Abogacía del Estado hubiera tomado cartas en el asunto. Estamos hablando, por supuesto, de la extensa operativa de lawfare que el juez García Castellón desplegó contra Iglesias, convirtiendo de forma espuria un caso que se inició a consecuencia del robo por parte de las cloacas de un terminal móvil propiedad de Dina Bousselham para robar información a Podemos —y luego publicarla en los medios cómplices— en un caso completamente distinto en el que García Castellón trabajó muy duro para intentar manchar la reputación del entonces vicepresidente, proporcionó de nuevo toneladas de material difamatorio para las televisiones y las radios y buscó sin éxito su imputación por parte del Tribunal Supremo. ¿Entendió en aquel momento el gobierno que, al encontrarnos ante un ataque de lawfare contra un destacado miembro del ejecutivo, era necesario movilizar a los efectivos de la Abogacía del Estado para defender a la institución? Ya conocen ustedes la respuesta: no.

Ahora, con el anuncio de su querella contra el juez Peinado, Pedro Sánchez reconoce explícitamente la posibilidad de que en España existan jueces corruptos que practican la prevaricación por motivos políticos. Lo que ocurre es que lo hace solamente cuando le ha tocado a él sufrir en primera persona las consecuencias y después de haber mirado para otro lado (en el mejor de los casos) cuando se hacía lawfare contra Podemos —y otros— durante toda una década o incluso haberse aprovechado de ello. De esta manera, queda completamente claro que su movimiento nada tiene que ver con la protección de la democracia sino con su propia protección personal. Además, por mucho que Sánchez actúe ahora contra un juez concreto, con su pacto con el PP para repartirse el CGPJ y reformar su funcionamiento en la dirección de los postulados de la derecha, queda claro también que no está dispuesto a tocar nada estructural en el ámbito de la justicia más allá de la defensa coyuntural de su reputación y de la de su señora. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refranero español. Lo que ocurre es que, en este caso, no parece que haya mucha dicha para los demócratas en la respuesta del presidente y del PSOE ante los jueces reaccionarios.