El País (de nuevo) contra la reforma judicial en México

El periódico insignia del grupo Prisa ha publicado ya un gran número de piezas de opinión y reportajes oponiéndose frontalmente a la reforma del sistema judicial que ha planteado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y que también figura en el programa electoral de Claudia Sheinbaum, quien, al frente de la candidatura de Morena que ha vuelto a ganar las elecciones por un margen todavía más amplio que el de AMLO, será investida como la primera presidenta del país el próximo 1 de octubre. Este viernes, El País sumaba a su ofensiva contra la reforma todo un editorial. Es decir, ponía todo el peso de su línea oficial para hacer una enmienda a la totalidad de lo que ya ha sido aprobado por el Congreso y el Senado mexicanos.

La cabecera de referencia de la progresía española ni siquiera es capaz de negar la mayor. “Nadie duda de que el sistema judicial necesitaba de una reforma drástica. Lejana, obsoleta y con grandes vetas de corrupción, la justicia sufre en México una crisis de credibilidad”, llega a afirmar en un momento dado el editorial. Sin embargo, el reconocimiento es compatible con la demolición argumental —a lo largo de varios párrafos y tocando todos los palos del repertorio conservador— de la reforma concreta que Morena ha puesto en marcha.

Uno de los elementos centrales de dicha reforma es la supresión de los obscenos beneficios económicos que, en estos momentos, tienen los magistrados en México

Uno de los elementos centrales de dicha reforma es la supresión de los obscenos beneficios económicos que, en estos momentos, tienen los magistrados en México. Además de unos salarios y unas pensiones absolutamente desorbitados, el nivel de nepotismo en la administración de justicia alcanza cuotas vergonzantes, con estudios que calculan que más del 50% de los trabajadores del sistema judicial son parientes de los jueces. Sin embargo, nada dice sobre esto el editorial de El País. La parte de la eliminación de los privilegios es completamente soslayada y lo que resulta inaceptable al periódico dirigido por Pepa Bueno es que se sustituya el actual sistema de elección oligárquico de los magistrados por una votación ciudadana en las urnas que seleccionará de forma directa a 1600 de ellos, incluida toda la cúpula del Poder Judicial.

Lo que resulta inaceptable al periódico dirigido por Pepa Bueno es que se sustituya el actual sistema de elección oligárquico de los magistrados por una votación ciudadana en las urnas

Es contra este elemento que el editorial de El País descarga toda su artillería de hiperadjetivación y de argumentos en contra del principio democrático. La votación en el Senado fue “turbulenta”. La ley, “la más controvertida del mandato de AMLO”. “Es un cambio radical que abre un escenario de incertidumbre en un elemento básico para el funcionamiento de cualquier país”, afirma El País.

Aunque ha sido avalada nada menos que por una mayoría cualificada de 2/3 en ambas cámaras y refrendada por el voto popular de más del 60% a Claudia Sheinbaum en las elecciones, el prestigioso periódico progresista se siente obligado a señalar que fue rechazada “frontalmente por los partidos de la oposición” (los que han perdido de forma aplastante las elecciones y son una minoría de menos de 1/3 en la sede de la soberanía popular) y también por “amplios sectores de la administración de justicia” (los primos, hermanos, hijos y parejas de los señores jueces, como ya hemos comentado).

Al derecho de veto antidemocrático que El País parece querer otorgar a la minoría política y sociológica de la derecha y la extrema derecha mexicanas hay que añadir también el argumento tecnocrático. Así, el editorial habla de “la obvia discusión de si el voto popular es la mejor forma de elegir a un cuerpo con un altísimo componente técnico”. Lo mismo podría decirse de los diputados, del presidente y de los ministros: ¿no sería mejor que los eligiera un comité de expertos en vez de correr el riesgo de que la gente se pueda equivocar? ¿No sería mejor directamente suspender la democracia y que se acceda a los tres poderes del Estado por un sistema de concurso-oposición?

¿No sería mejor directamente suspender la democracia y que se acceda a los tres poderes del Estado por un sistema de concurso-oposición?

Además, El País ya avisa de que “pocos creen que las elecciones a jueces conciten realmente la participación del votante” y advierte de que, si vota poca gente, será difícil “dar legitimidad real a este cambio”. Es decir, que aunque voten 20 millones de mexicanos, para el periódico del grupo Prisa, eso tiene una legitimidad democrática menor que si los jueces son elegidos por unas cuantas decenas de notables.

También nos alertan desde el diario progresista que esta forma de elegir a los jueces tiene el riesgo de producir “un incremento de la politización en la judicatura” (porque, hasta ahora y como en España, su politización era muy baja) así como “el peligro siempre presente de que el narco, grandes bufetes de abogados y grupos de presión aprovechen para introducir aún más sus tentáculos.” Ya se sabe: cuando la gente vota en las urnas, puede pasar que se te metan en el sistema los narcotraficantes. Un motivo más para suspender la democracia. No vaya a ser que los narcos se metan también en el poder legislativo y en el poder ejecutivo por la peligrosa vía de votar en las urnas.

Queda claro entonces. Que la gente pueda votar pone nerviosos a los inversores internacionales y a Estados Unidos

Por último, El País nos dice sin rubor que “el primer efecto de la medida ha sido generar incertidumbre”. Pero, ¿incertidumbre dónde? La respuesta llega justo después: “El peso se ha depreciado y las dudas de los inversores internacionales persisten, pese a los esfuerzos del Gobierno por tranquilizarlos. Es un horizonte complejo donde incluso Estados Unidos ha manifestado sus preocupaciones.” Queda claro entonces. Que la gente pueda votar pone nerviosos a los inversores internacionales y a Estados Unidos. Por si el periódico del grupo Prisa no nos había dado ya suficientes argumentos en contra del principio democrático y a favor de hacer las cosas de una forma que no sea votando en la urnas, aquí tenemos otra razón de peso.

Más allá de la ironía, es dramático que uno de los principales grupos mediáticos en castellano y con una línea editorial nominalmente progresista se permita publicar desde Madrid un editorial que no solamente cuestiona la soberanía democrática del pueblo mexicano sino que lo hace, además, en términos completamente indistinguibles de como lo haría un medio de comunicación de la derecha. Menos mal que, elección tras elección, la ciudadanía de México se empeña en hacer lo contrario de lo que dice la progresía colonial española y eso permite mantener vivo uno de los procesos políticos de izquierdas más poderosos del planeta.