Con o sin el concurso del poder legislativo

“Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin [duda y se atasca un poco] un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.” Estas palabras fueron pronunciadas textualmente por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado ante el Comité Federal de su partido. Como todo el morbo informativo en torno a dicho cónclave giraba alrededor de la supuesta oposición firme por parte de “los críticos” —al final, solamente García-Page y Lambán, y tampoco tan firmes— al acuerdo firmado con ERC para establecer una ‘financiación singular’ de Catalunya a cambio de los votos de los republicanos para la investidura de Salvador Illa, las palabras sobre el “concurso del poder legislativo” pasaron desapercibidas en un primer momento. Desde luego, no fueron reproducidas en ninguno de los telediarios de las televisiones de ámbito estatal. Sin embargo y con el pasar de las horas, el corte de vídeo fue rescatado por algunos medios de la derecha y la extrema derecha y empezó a circular por las redes sociales. Aunque el bloque reaccionario desvirtúa completamente la crítica al convertirla en hipérbole y acusar a Sánchez de dictador bolivariano y autócrata que está llevando a cabo una mutación constitucional por la puerta de atrás para romper España, lo cierto es que hasta un reloj parado acierta la hora dos veces al día y, en este caso, lo dicho por el presidente es de suma gravedad y no solamente debería serlo para la derecha y la extrema derecha sino —muy especialmente y sin hipérboles— para cualquiera que se considere a sí mismo progresista o simplemente demócrata.

La única legitimidad democrática que tiene un presidente del Gobierno en España es la que le ha proporcionado el poder legislativo

El meollo de la cuestión es muy simple y no hace falta ni siquiera haber cursado primero de Ciencias Políticas para darse cuenta. En España y en la práctica totalidad de las democracias modernas, los poderes institucionales del Estado son tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por supuesto, existen en nuestros sistemas poderes no democráticos que muchas veces son capaces de torcer la mano a éstos —el poder militar, el poder religioso, el poder económico y, muy especialmente, el poder mediático—, pero la afirmación de Pedro Sánchez no se refiere a ellos. Sus palabras son emitidas por el jefe del poder ejecutivo y se dirigen a su relación con el poder legislativo. En este sentido, hay que recordar que nuestro sistema constitucional establece en España una democracia parlamentaria. Es decir, que, a diferencia de otros sistemas como el francés, en los que el presidente puede obtener una legitimidad democrática directa a partir de una votación ciudadana en las urnas —aunque también exista una asamblea legislativa que sirve como contrapeso y que tiene la capacidad de hacer leyes—, en España, el único poder del Estado que eligen directamente los ciudadanos votando es el poder legislativo. Es en el Congreso y en el Senado donde reside la expresión de la soberanía popular y no en ninguno de los otros dos poderes, que son elegidos indirectamente a través de las cámaras. Como ha ocurrido recientemente y todos hemos podido ver, los vocales del CGPJ, es decir, los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, se eligen mediante votación de los senadores y los diputados en ambas cámaras. Por su parte, el poder ejecutivo se configura mediante la votación de la investidura de un presidente del Gobierno por mayoría simple en la cámara baja. Esto quiere decir, en primer lugar y muy significativamente que la única legitimidad democrática que tiene un presidente del Gobierno en España es la que le ha proporcionado el poder legislativo. No tiene ninguna otra y por eso las palabras de Pedro Sánchez tienen una consistencia peligrosa desde el punto de vista democrático: “me dais la investidura y luego yo hago lo que quiera durante cuatro años”.

El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos era capaz de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso utilizando únicamente escaños progresistas y de izquierdas

En el plano operativo, hay consideraciones adicionales que se deben hacer también. Como ya hemos detallado varias veces en nuestros editoriales, como es evidente sin más que mirar al hemiciclo de la carrera de San Jerónimo y a pesar de la celebración triunfalista de los líderes del PSOE y Sumar la noche electoral del 23J, la mayoría parlamentaria progresista y plurinacional que existió en la legislatura anterior desapareció aquel domingo de verano de 2023. El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos era capaz de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso utilizando únicamente escaños progresistas y de izquierdas. Sin embargo, el gobierno PSOE-Sumar solamente puede alcanzarla, en la nueva legislatura, si consigue el apoyo de los 12 escaños de derechas de Junts y el PNV. Si esto hacía muy complicado superar votaciones en la cámara ya desde el primer día, la situación ha empeorado objetivamente desde que el PSOE ha decidido bloquear el acceso al poder de la Generalitat a los de Puigdemont y los de Andoni Ortuzar ya empiezan a interpelar al PP sobre la posibilidad de futuros pactos de una forma pública y bastante poco sutil. Esta dificultad aritmética y objetiva, sumada a la falta de voluntad del gobierno de llevar a cabo transformaciones valientes desde que los morados fueron expulsados del mismo, hace que apenas hayan sido capaces de aprobar textos legislativos durante el primer año de mandato y los pocos que han salido adelante no suponen precisamente grandes avances en materia social. Que se pueda reseñar, el Gobierno ha conseguido sacar adelante la Ley de Amnistía —indispensable para hacer presidente a Sánchez—, la reforma del poder judicial —una cesión a la derecha en toda regla que, por tanto, no tuvo dificultad para contar con el apoyo del PP— y algún Real Decreto-ley menor en el que incluso han intentado colar recortes. Cosas que tengan dimensión política, hasta aquí y pare de contar. Por si esto fuera poco, el Gobierno también ha sufrido sonadas derrotas parlamentarias entre las cuales se cuentan la reforma de la Ley de Extranjería, la Ley del Suelo, la primera votación del Decreto del subsidio de desempleo, la primera votación de la Ley de Amnistía, la reprobación de Grande-Marlaska, la Ley del PSOE sobre el proxenetismo o el techo de gasto (además de varias decenas de fracasos en votaciones menores de iniciativas no legislativas en pleno o en comisión).

Desde que empezó su mandato, el nuevo gobierno de Sánchez no ha aprobado ni una sola reforma importante en clave social y solamente parece capaz de ganar votaciones en el Congreso cuando cuenta con el apoyo de la derecha. Por eso, cuando el presidente dice que pretende funcionar “con o sin el consenso del poder legislativo”, no solamente está lanzando el peligroso mensaje de que la soberanía popular solamente sirve una vez cada cuatro años para investir a un presidente y entonces ya se puede dejar de contar con ella, sino que, además, está haciendo explícita su voluntad de seguir en la Moncloa durante tres años más, aunque eso implique ser incapaz de hacer prácticamente nada en toda la legislatura. Lo dicho por Sánchez este sábado es completamente inaceptable y el hecho de que prácticamente ningún periodista de la progresía mediática haya criticado sus palabras habla de una bancarrota deontológica que no por bien conocida deja de ser enormemente preocupante. Por supuesto, un gobierno supuestamente progresista que se pase toda una legislatura en blanco es también una autopista de cinco carriles para que la derecha y la extrema derecha lleguen a la Moncloa en las próximas elecciones.