Hacia un gobierno del PP en España
Al final de la tarde del día de ayer y después de un día vertiginoso por la vuelta a Catalunya después de siete años de exilio de Carles Puigdemont, la mayoría absoluta exacta del Parlament —68 escaños, ni uno más ni uno menos— servía para convertir al líder del PSC y exministro de sanidad, Salvador Illa, en el noveno president de la Generalitat desde la recuperación de la democracia. Como todo el mundo esperaba, el propio PSC, así como los 20 diputados de ERC y los 6 de Comuns-Sumar votaban a favor del candidato socialista, mientras todos los demás partidos con representación en la cámara votaban en contra.
A lo largo de estos días vamos a leer numerosos análisis de los efectos políticos y los diferentes horizontes que se abren a partir de esta investidura en el ámbito catalán. Obviamente, se harán lecturas de cambio de ciclo, se hablará del fin del procés y se destacará no solamente el hecho de que la Generalitat pase de manos independentistas a manos unionistas por primera vez en 15 años sino también la ruptura de los dos bloques que han gobernado la política catalana en las últimas décadas mediante la cristalización de una mayoría de investidura que es transversal en el eje nacional al tiempo que —relativamente— homogénea en el eje económico-social. Por supuesto, también correrán ríos de tinta sobre los efectos que lo ocurrido puede tener sobre la estabilidad de la legislatura en el conjunto de España, toda vez que se desconoce cuál va a ser la operativa parlamentaria en la carrera de San Jerónimo de los siete diputados de Junts a partir de ahora. De todo esto se debatirá y mucho, así como de todos los detalles que rodean a la vuelta y posterior desaparición de Carles Puigdemont. Pero nosotros queremos hoy centrar el análisis en un punto que quizás pase más desapercibido: lo ocurrido ayer en Catalunya como una dinámica sistemática en la relación del PSOE con sus socios.
Desde que el tablero político bipartidista volase por los aires en las elecciones europeas de mayo de 2014 y, posteriormente, en las elecciones generales de diciembre de 2015, dos realidades se han manifestado de forma continua y persistente. Por un lado, la existencia de una mayoría parlamentaria progresista y plurinacional en el Congreso de los Diputados después de todas y cada una de las citas electorales; una mayoría alternativa a la derecha que siempre ha necesitado de los escaños del espacio a la izquierda del PSOE así como de los partidos nacionalistas. Por otro lado, la voluntad constante y decidida del PSOE de acabar con las bases electorales de dichas fuerzas políticas con la esperanza de atraer a sus votantes y así recuperar la hegemonía perdida tras el cambio de ciclo iniciado a raíz del 15M.
Durante los primeros años, esta voluntad del PSOE se expresó con toda la violencia, llegando a difundir los bulos fabricados por las cloacas del PP contra Podemos y participando activamente en la dinámica del “a por ellos”, el 155 y la represión contra los líderes independentistas también de la mano del PP
Durante los primeros años, esta voluntad del PSOE se expresó con toda la violencia, llegando a difundir los bulos fabricados por las cloacas del PP contra Podemos y participando activamente en la dinámica del “a por ellos”, el 155 y la represión contra los líderes independentistas también de la mano del PP. Más adelante y una vez que Pedro Sánchez llegó a la conclusión de que la única forma que tenía para acceder a la Moncloa y permanecer en ella pasaba por el apoyo de estas fuerzas políticas, la operativa adoptó una forma de carácter pasivo-agresivo según la cual el PSOE sistemáticamente accede a las reclamaciones políticas de sus socios pero minorándolas, socavándolas, recortándolas, dilatando su aplicación en el tiempo o directamente impidiendo la misma. El objetivo, por supuesto, es contar con el apoyo parlamentario de sus socios pero llevando a cabo un programa político que se distancie lo mínimo posible del programa del PSOE. Esto permite a los socialistas mantenerse en el poder al mismo tiempo que no soliviantan en exceso a los diferentes elementos del Estado profundo y del poder mediático. Como bonus, el PSOE es capaz así de generar una frustración entre las bases electorales de sus socios que le permite recuperar una parte de las mismas, aunque otra parte se vaya a la abstención. Dos victorias por el precio de una.
Con Podemos y a partir de la formación del primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia a finales de 2019, esta dinámica fue tan obvia y tan transparente y los morados fueron capaces —no sin dificultades— de utilizar el judo mediático para arrancar algunos avances importantes, que al final el PSOE decidió acabar con ellos por la vía, primero, de disparar contra Irene Montero —a través de un pacto con el PP para contrarreformar la Ley solo Sí es Sí— y, después, de propulsar abiertamente el proyecto de sustitución llamado Sumar, con la clara intención de poder llevar a cabo la dinámica antes descrita con mayor facilidad. Aunque el objetivo de conseguir un socio mucho más dócil y que permite la aplicación del programa del PSOE con mucha mayor facilidad ha sido plenamente alcanzado, las consecuencias electorales de la operación están a la vista y ponen en serio peligro la posibilidad de reeditar en el futuro una mayoría que evite un gobierno de PP-VOX.
En el ámbito del independentismo, la operativa del PSOE ha sido muy similar, con la diferencia de que nunca han llegado a compartir gobierno con ellos. En este caso, la minoración de las demandas de ERC y Junts cursa a través de la renuncia absoluta por parte de los de Sánchez a hacer una verdadera reforma judicial que impida el comportamiento reaccionario de una parte de los altos magistrados. Así, aunque el PSOE llega a pactar con los independentistas la reforma del delito de sedición y del delito de malversación o la ley de amnistía, al mismo tiempo llega a un acuerdo con el PP para consolidar el poder de la derecha judicial no solamente en el CGPJ sino también en el conjunto de altos tribunales, cuyos jueces son nombrados precisamente por este órgano. Con esa claudicación ideológica completa, el PSOE no solamente renuncia a regenerar el Poder Judicial sino que también envía un mensaje clarísimo al conjunto de los magistrados: podéis seguir haciendo lo que veníais haciendo hasta ahora y no vais a sufrir ninguna consecuencia.
La primera víctima que se ha cobrado esta operativa del PSOE es, por supuesto, ERC, que no solamente ha perdido una buena cantidad de diputados en el congreso sino también la mismísima Generalitat. Sánchez puede estar contento porque ha conseguido que Salvador Illa sea president, pero conviene no olvidar que, en este viaje, ha dejado muy tocado electoral y políticamente al que hasta ahora había sido uno de sus principales socios. Si se acaba demostrando, como ya hemos explicado aquí anteriormente, que el pacto para reformar la financiación autonómica que ha prometido a los republicanos tampoco se puede llevar a cabo, la situación para ERC solamente irá a peor. Por otro lado, es muy posible que la investidura del líder del PSC acabe desembocando en el final de la carrera política de Carles Puigdemont y, por lo tanto, en una refundación de Junts que no será pacífica. Al no haber planteado ningún tipo de batalla contra los jueces del Supremo en rebeldía y al haber cerrado cualquier puerta a la posibilidad de que Puigdemont pudiese ser President, el PSOE ha dejado maltrechos a los neoconvergentes después de haber hecho lo propio con ERC.
No cabe duda de que esta operativa de Pedro Sánchez le reporta ventajas en el corto plazo en términos de ejercicio del poder y de disminución de la capacidad electoral de aquellos partidos con los que puede compartir bases sociológicas. Pero también es obvio que ese camino conduce, en el medio plazo, a la destrucción en el parlamento español de la mayoría que le ha permitido gobernar desde 2018. Quizás Sánchez haya conseguido imponer buena parte de su programa y dejar tocados a Podemos, a ERC y ahora a Junts y quizás haya conseguido aumentar su poder disminuyendo el de sus socios. Pero también ha enfilado el barco hacia una mayoría parlamentaria PP-VOX que cada día está más cerca de ser inevitable.
