El lawfare no es sólo cosa de jueces: cómo los medios españoles contribuyeron al caso Neurona
El miércoles 9 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid cerró definitivamente el caso Neurona al desestimar un recurso presentado por Vox que pretendía reanudar la causa abandonada ya en 2023. Este caso, durante el cual se han investigado cuentas, archivos, contabilidad y a las caras más visibles de Podemos, fue calificado por la formación morada de “lawfare” en reiteradas ocasiones en las que también aludieron al daño recibido en su imagen. La secretaria política de la organización, Irene Montero, lo expresaba en estos términos: "Nadie reparará el daño causado ni se ocuparán las mismas horas de tertulias y portadas que se usaron para golpearnos en contar ahora la verdad".
El caso comenzó en el verano de 2020 cuando el juez Juan José Escalonilla, del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, decidió comenzar una investigación fundamentada en las declaraciones de un exmiembro de Podemos, quien más tarde admitiría basarse únicamente rumores. Tras varios intentos fallidos de construir una causa judicial mínimamente sólida, Escalonilla ideó el caso Neurona, bautizado así por la consultora mexicana a la que, presuntamente, el partido habría pagado un presupuesto inflado de fondos públicos por su asesoría en la campaña electoral de 2019.
Los actos del magistrado resultaron mucho más eficaces generando titulares que acciones de la fiscalía
El caso se hubiera desmoronado en seguida de no ser por la demora que el juez provocó en el peritaje que debía determinar si se había inflado la factura o no. Los actos del magistrado resultaron mucho más eficaces generando titulares que acciones de la fiscalía ya que los indicios que motivaron la investigación fueron sistemáticamente descartados. Tres años después Escalonilla archivó el caso y la decisión se hizo definitiva un año después, este mes de octubre.
Neurona se sumó a otras causas emprendidas contra el partido o sus dirigentes como el también conocido caso Dina, archivado por el Tribunal Supremo en 2021, en el que el magistrado García-Castellón trató de convertir a Pablo Iglesias de víctima de espionaje político en perpetrador de un delito. Aunque ninguno de los casos tuvo repercusiones legales suficientes como para sacar al partido del gobierno, las consecuencias mediáticas sí que lo perjudicaron ante la opinión pública poco antes del período electoral.
Pese a que las evidencias de este ataque mediático no son tan obvias en el caso Neurona como los audios de Ferreras, se pueden encontrar varios ejemplos. Por mucho que en un artículo se escriba sin calificativos o en un engañoso tono neutral, cuando este contribuye a llenar las portadas de titulares como “presunta corrupción en Podemos”, “presunta financiación irregular de Podemos”, o “el juez llama a declarar a esta o aquella persona de Podemos”, puede decirse que ayuda a esparcir la calumnia.
Esto fue lo que sucedió los meses siguientes al inicio del caso. En septiembre de 2020, Vozpópuli publicaba: Neurona: qué es y quién está detrás de la empresa vinculada a Podemos que la Fiscalía pide investigar; en octubre, El Mundo: El juez cita como imputado a un segundo administrador de Unidas Podemos por el contrato con Neurona; en noviembre, Okdiario: Las claves del caso Neurona, la Gürtel de Podemos que investiga el juez… y así podría continuarse semana a semana lo que resta de ese año, y mes a mes hasta que la causa fue archivada.
Pero el mejor ejemplo de cómo los medios dieron alas a los ataques judiciales quizás se encuentre en un vídeo que ha circulado recientemente por las redes. En él Ignacio Escolar, director de El Diario, y Daniel Basteiro entrevistan a Pablo Iglesias para el medio que el segundo dirige, InfoLibre, en 2021. En un fragmento se aprecia cómo los directores ponen en dificultades al entrevistado, no por lo incisivo de las preguntas sino por las trampas implícitas.
La progresía mediática también se unió a la persecución Neurona.
— IamRGR (@IamRGR1) October 10, 2024
Atención a las preguntas de Ignacio Escolar y Daniel Basteiro a Pablo Iglesias.
31/1/21 pic.twitter.com/CzBXuta4Rq
Basteiro decía: “me refiero al caso Neurona en la Audiencia de Madrid. Tenga o no tenga reproche penal, el contrato con esa consultora parece como mínimo…no fue ejemplar o pudo hacerse mejor. Es decir, ¿no cree necesario que hay que revisar los procedimientos de Podemos: los contratos, la transparencia en las actuaciones que implican dinero público?”. Con ello daba a entender que, fuera o no verdad la acusación, la formación tenía un problema de transparencia y ponía al entrevistado en la difícil situación de responder sin admitir esta premisa.
Escolar, por su lado, inquiría: “La fiscalía le pedía al juez García-Castellón que tomase declaración de Dina Bousselham para ver qué versión mantenía o ver si estaba dispuesta a acusarle a usted por esos presuntos delitos que el juez imputaba. Ahora lo lógico será que el juez vuelva a llamar a declarar o llame a declarar a Dina para preguntarle al respecto. ¿Confía en que su declaración ante el juez zanje del todo esta situación?”. Esta declaración ayudaba a desplazar el foco periodístico de los indicios de espionaje político contra el partido al intento del mencionado magistrado de convertir a Iglesias en un imputado más del caso.
Así formuladas, las preguntas daban credibilidad al relato de los jueces y dejaban claro que lo principal era dañar a un contrincante antes que verificar las premisas desde las que se lo criticaba, aún cuando estas resultarían probadamente falsas e infundadas poco tiempo después.
No sólo los medios conservadores comparten la responsabilidad de legitimar el lawfare. También los medios denominados progresistas contribuyeron en acción, como El Diario en este caso, y en omisión. Algo que se ve en El País o La Sexta y el tratamiento diferenciado que dieron al mencionado García-Castellón cuando atacó a Iglesias y cuando comenzó Peinado su cruzada contra Begoña Gómez.
El caso Neurona viene a sumarse a la lista de ejemplos nacionales de lawfare, fenómeno que ha venido confirmando el sesgo conservador de las instituciones judiciales en este país y en muchos otros. Paralelamente, el respaldo mediático que recibió el juez Escalonilla convierte a los medios tradicionales en cómplices de la degradación del sistema democrático que suponen estas prácticas. Hecho este último que, aunque resultara necesario dar a conocer y debatir, seguramente no ocupará muchas portadas.
