El Ministerio de Cultura inicia los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco
La acción, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, busca eliminar organizaciones que glorifican la dictadura y ofenden a las víctimas del régimen, en un procedimiento que culminará con una decisión judicial
El Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Ernest Urtasun, ha comenzado los trámites para la extinción de la Fundación Francisco Franco, argumentando que la apología del franquismo, que glorifica el golpe de Estado de 1936 y la dictadura subsecuente, es contraria al interés general y degrada la dignidad de las víctimas del franquismo. Esta acción se alinea con las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática, que establece la ilegalidad de actividades que enaltezcan el franquismo o inciten al odio.
El procedimiento, que culminará con una decisión judicial, se desarrollará en tres fases. La primera fase, iniciada recientemente, consiste en la recopilación de informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Registro de Fundaciones. Estos informes servirán para fundamentar la necesidad de la extinción de la fundación. En la segunda fase, se comunicará la apertura del procedimiento a la Fundación Francisco Franco, dando lugar a un periodo de alegaciones donde la organización podrá presentar sus argumentos en defensa de su existencia. La tercera y última fase implica la elaboración de una resolución por parte del Ministerio de Cultura, basada en un informe de la Abogacía General del Estado, que instará judicialmente la disolución de la fundación. Finalmente, será un juez quien determine la extinción de la fundación.
En un video publicado en sus redes sociales, Urtasun enfatizó que el proceso se ajusta estrictamente a lo estipulado en la Ley de Memoria Democrática. La ley sostiene que una fundación puede ser extinguida si no persigue fines de interés general o si realiza actividades contrarias a dicho interés.
Como titular de @culturagob, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. pic.twitter.com/LFcUjjbLfK
— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) June 20, 2024
La Fundación Francisco Franco ha sido un actor polémico en la política española, empleando la justicia para revertir acciones gubernamentales relacionadas con la memoria histórica. En 2017, intentó judicialmente frenar los cambios de nombres de calles en Madrid que se realizaron durante la administración de Manuela Carmena, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid limitó su capacidad de litigio a solo dos calles que mencionaban directamente al dictador. Más recientemente, en 2023, la fundación demandó al Ministerio de Defensa para revertir el cambio de nombre del Batallón Bandera Comandante Franco a Bandera España.
Este movimiento se produce después de que en abril, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciara la intención de disolver no solo la Fundación Francisco Franco, sino cualquier organización que defendiera o glorificara el franquismo. Torres destacó la necesidad de eliminar estas "anomalías" en la lucha de España contra el fascismo, un enfoque respaldado por las directrices de la Unión Europea.
El proceso iniciado por el Ministerio de Cultura representa un paso significativo hacia el cierre de un capítulo oscuro en la historia española, abordando la existencia de entidades que ensalzan un régimen dictatorial responsable de numerosas violaciones de derechos humanos. La Fundación Francisco Franco, desde su creación, ha operado como un grupo de presión, utilizando recursos legales para proteger y promover la figura del dictador, incluyendo esfuerzos para mantener topónimos que honran a figuras controvertidas del franquismo.
La extinción de la fundación no solo cumple con la normativa vigente, sino que también responde a una demanda social y política de reconocer y reparar las injusticias del pasado. La resolución final del procedimiento dependerá de la evaluación judicial de los informes y alegaciones presentadas, marcando un posible fin a la legitimación institucional de la apología del franquismo en España.
