Taquigrafía de la financiación autonómica, una perspectiva andaluza
Si aspiramos a fortalecer un bloque democrático con ambición de dirección de estado, la izquierda de estado plurinacional ha de entrar al debate sobre financiación autonómica traduciendo la plurinacionalidad en plurilateralidad
La izquierda plurinacional republicana no debe eludir el debate sobre financiación autonómica. Se está recrudeciendo para la formación de gobierno en Cataluña y para el sostenimiento del gobierno de Pedro Sánchez en el estado. Las comunidades autónomas gestionan la mayoría de competencias relacionadas con los servicios públicos, como educación, salud, dependencia o servicios sociales, además de otras relacionadas con infraestructuras y derechos que se incardinan en sus territorios. Su capacidad política depende de su capacidad económica.
La deriva neoliberal ha tenido como consecuencia la centralización de la política fiscal e inversora en el Gobierno del Estado. La misma deriva ha hecho que los estados de la UE regalen a la Comisión Europea competencias en materia de política fiscal y financiera que reducen su capacidad de maniobra. Este es el sentido del tratado de Maastricht, de lo que se llamó troika (CE, BCE y FMI) tras la crisis de 2008, y de la reforma bipartidista del artículo 135 de la CE en el año 2011. Los capitalistas, unas centenas en el mundo, limitan la capacidad de los estados y, a su vez, reducen la complejidad de interlocuciones para imponer sus intereses a la acción legislativa.
La herramienta política territorial del neoliberalismo es el centralismo. La herramienta de la izquierda debe ser el federalismo, llámenla confederalismo si lo prefieren. Esto es, la distribución territorial y democrática del poder. Sin esa distribución, la desigualdad social, de clase y de género y la destrucción ambiental seguirá campando a sus anchas. La Europa bélica, el régimen de guerra, es la última forma de forzar la centralización del poder.
Entregada ya la ley de amnistía al partido de los jueces, se viene con fuerza el debate sobre financiación autonómica. Un debate que puede coger en una pinza entre el bipartidismo y los soberanismos vasco y catalán a la izquierda plurinacional. Un debate que no se puede eludir, primero porque es de justicia abordarlo para abordar las evidentes desigualdades territoriales interautonómicas (también las de las haciendas municipales y de la España vaciada), que actúan de manera sinérgica incrementando en las comunidades pobres la desigualdad de clase y la de género, y segundo porque hay que luchar contra el bloque reaccionario planteando un modelo de estado sin centralismo monárquico.
Fuera de Madrid, la comunidad autónoma que es usada por la derecha con más fuerza contra los intereses de mejora financiera de Cataluña es Andalucía. El presidente andaluz se pone a la vanguardia de “la igualdad de todos los españoles”, cuando es él el que aplica políticas en Andalucía que impiden romper nuestra desigualdad estructural, tanto interna como en relación a otras comunidades.
Que haya comunidades ricas y comunidades pobres, no implica que en el interior de las comunidades ricas no exista fuerte desigualdad de clase y de género, es el caso de Madrid. La desigualdad no es solo una cuestión de territorialidad, también lo es de políticas concretas. Nadie, de momento, en la izquierda, está diciendo que la clave para abordar el problema de la infrafinanciación autonómica no es la balanza fiscal entre comunidades autónomas, sino la balanza fiscal entre ricos y pobres. En España ni los ricos ni las grandes empresas, pagan impuestos como debieran. Por tanto, abordar el tema de la financiación autonómica ha de hacerse abordando a un tiempo el tema de la estructura fiscal de estado.
En España, en términos relativos, todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas, salvo Madrid, Euskadi y Navarra. La primera porque disfruta del efecto capitalidad, las segundas porque disfrutan de un régimen foral reconocido en la CE. La primera se imputa la recaudación de las de consecuencia del IRPF de todo el funcionariado del Estado, del IVA y del impuesto de sociedades de las grandes empresas o entes propiedad total o parcial del Estado, y de la mayoría de los grandes operadores e que tienen su sede social en la capital del reino. Las segundas porque negocian a posteriori con el Gobierno del Estado el llamado cupo, la cantidad que aportan por los servicios que les presta estado junto con la llamada solidaridad interterritorial.
El agravio en la financiación autonómica que deben compartir Andalucía y Cataluña, Andalucía la más agraviada, se llama Madrid. La mayor parte de los ricos están concentrados en Madrid. Más del 52% de las 200 empresas con más facturación tiene su sede social en Madrid, esto sin contar a la banca. Por tanto cualquier política autonómica de financiación por parte del estado no debe ser ni bilateral ni multilateral, ha de ser plurilateral. Pedro Sánchez y Salvador Illa van a negociar con ERC una financiación singular para Cataluña, están en su derecho democrático en función de su representatividad electoral. Es lo que haría Feijóo si pudiera. Esa singularidad no puede ser a costa del resto de comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, mientras no exista un foro —¿el Senado? — federal/confederal, ha de ser tratada singularmente.
La base andaluza de esa singularidad no puede ser otra que la que los datos numéricos de desigualdad socioeconómica estructural, de desigualdad histórica en inversiones de infraestructuras del estado e industria, la poblacional, la emigración histórica, la diversidad geográfica y distribución territorial poblacional y la carencia de sedes sociales de grandes empresas que extraen recursos andaluces haciendo negocio aquí e imputan su beneficio fuera.
Si aspiramos a fortalecer un bloque democrático con ambición de dirección de estado, en el que participen las izquierdas soberanistas gallega, vasca y catalana, la izquierda de estado plurinacional ha de entrar al debate sobre financiación autonómica traduciendo la plurinacionalidad en plurilateralidad. No podemos ayudar a que las condiciones de privilegio que demandan las elites catalana y vasca, y ahora ERC para compensar la negociación de la ley de amnistía entre Sánchez y Puigdemont, sigan incrementando la desigualdad de clase inter e intra autonómica. Necesitamos un pacto entre pueblos, por supuesto en materia de financiación autonómica también.