El 'biscotto' del Consejo General del Poder Judicial
El denominado Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal, suscrito por PSOE y PP, debe tildarse de derrota democrática por muy diversas razones, algunas de las cuales ya han sido explicadas en este mismo medio. Las voces que anuncian un retorno del bipartidismo y una nueva legislatura no van nada desencaminadas. En este sentido, resulta útil comparar el texto del acuerdo programático de coalición suscrito entre el PSOE y Sumar con el citado acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial firmado entre el PSOE y el PP.
El acuerdo programático de coalición dice lo siguiente sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”. Recordemos que Pedro Sánchez logró la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente y formar el segundo Gobierno de coalición del actual sistema político.
Pues bien, lejos de impedir que la deslealtad constitucional afecte a la salud de las instituciones, el acuerdo firmado por el PSOE (aún se desconoce hasta qué punto Sumar participaba o estaba informado) para renovar el CGPJ viene a premiar el bloqueo que el PP ha hecho del órgano del gobierno del poder judicial durante cinco años. Primero, porque el PP ha logrado confeccionar la lista de miembros del CGPJ con una capacidad decisoria ostensiblemente superior a su peso parlamentario. Segundo, porque el sistema constitucional español se ha humillado al requerir la tutela de la Comisión Europea, que no puede dar lecciones de democracia a nadie, para hacer frente a una caprichosa insubordinación del PP. Y, tercero, porque la formación que preside Feijóo ha conseguido imponer al PSOE la presentación de una proposición de ley a modo de contrapartida por cumplir la Constitución. El chantaje ha sido rentable, ya que el texto de la proposición de ley orgánica, en su disposición adicional, incluye la tesis del PP consistente en asegurar la participación directa de jueces y magistrados en el nombramiento de los miembros del CGPJ elegidos entre la judicatura, sin perjuicio de que dicha tesis deba ser incorporada en una propuesta elaborada por el CGPJ, al que se otorga una legitimidad a todas luces excesiva. Por si fuera poco, el PSOE ha aceptado que no podrá presentar enmiendas a la referida proposición de ley orgánica sin la firma conjunta del PP.
Un elemento destacado del acuerdo que ha pasado desapercibido es el último párrafo de la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica. Merece la pena reproducirlo: “A estos efectos, se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial y el vigente sistema de formación, acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y la búsqueda de la excelencia, garantía de un diseño que apuesta decididamente por una Justicia eficaz…”. Es insólito que en una exposición de motivos se haga mención a la conservación de una realidad institucional. Pero lo más grave es que, a tenor del texto extractado, el PSOE, por la puerta de atrás, se está comprometiendo a blindar el actual sistema de acceso a la judicatura y de su formación en un contexto en el que la ciudadanía exige reformas democratizadoras del poder judicial.
Conviene recordar que en el acuerdo programático de coalición suscrito entre el PSOE y Sumar se incorporan compromisos de reforma del sistema de acceso y formación de la judicatura: “Propondremos un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”. Ciertamente, llama la atención que Sumar ni siquiera haya puesto en conocimiento de la ciudadanía el hecho de que una proposición de ley orgánica firmada por el PSOE contradiga de lleno el acuerdo programático de coalición. Pero sirva este caso paradigmático para ilustrar que el acuerdo mediante el que el PSOE sucumbe ante la rebelión del PP se dirige a perpetuar el statu quo y comporta un fraude democrático de proporciones gigantescas. No en vano, el bloqueo del CGPJ que ha llevado a cabo el PP ha servido para que el PSOE cambie sus alianzas parlamentarias en pactos y reformas que afectan a uno de los poderes del Estado. Y todo ello poco tiempo después de que Sánchez suspendiera su agenda para denunciar una “máquina del fango” de la que el PP es parte activa. En estas fechas de Eurocopa, el acuerdo sobre el CGPJ bien podría considerarse un biscotto. La democratización del poder judicial seguirá siendo una tarea pendiente de la política española.