Neoliberalismo y empleo público
En los últimos años, en España, el empleo público ha experimentado un proceso de precarización. Las vías por las que se materializa el deterioro de las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos son la laboralización y la temporalidad.
Por laboralización cabe entender el incremento progresivo de las y los empleados públicos de régimen laboral respecto del funcionariado. La Constitución determina que nuestro modelo de empleo público es de naturaleza funcionarial o estatutaria. Este tipo de vínculo se rige por el Derecho administrativo y garantiza la permanencia e inamovilidad de las y los funcionarios. Las y los empleados públicos laborales, en cambio, se rigen por lo dispuesto en el contrato de trabajo y en la legislación laboral (sin perjuicio de que el personal funcionario y el personal laboral compartan la regulación de algunos aspectos).
La otra vía por la que se precariza el empleo público es la temporalidad, que, como resulta obvio, implica una duración limitada en el tiempo del vínculo que las y los empleados públicos entablan con la Administración. La temporalidad en el empleo público se plasma tanto en el régimen funcionarial, mediante el nombramiento de interinos, como en el personal laboral, mediante la contratación temporal (por eso puede decirse que, incluso formalmente, la laboralización abre una puerta añadida a la temporalidad).
El empleo público en España es ya dual (mitad funcionariado, mitad personal laboral), mientras que la tasa de temporalidad en la Administración ha llegado a alcanzar el treinta por ciento (esto último ha suscitado reproches de la Comisión Europea). A estas tendencias generales hay que unir la singular precarización que se produce en determinados sectores del empleo público. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación y las universidades es frecuente encadenar contratos temporales específicos, algo que ni siquiera se permite en el sector privado. La especificidad de algunos ámbitos sectoriales ha sido una coartada para llevar a cabo estrategias de precarización más intensas y dañinas.
¿Por qué se precariza el empleo público? Las causas son complejas y diversas. En primer lugar, suele decirse que desde los niveles políticos y directivos de la Administración se busca una mayor flexibilidad en la gestión del empleo público en pro de la eficacia. Ahora bien, esta pretendida flexibilidad socava la inamovilidad e independencia de las y los empleados públicos, lo que incrementa el riesgo de corrupción (un personal más inestable es menos proclive a denunciar las irregularidades de sus superiores). El objetivo de la flexibilidad puede encubrir una búsqueda de docilidad. Más aún, la precarización es a veces una consecuencia directa o indirecta de las distintas modalidades de privatización.
De manera destacada, los fenómenos de la laboralización y la temporalidad están relacionados con una evidente voluntad política de reducir “costes”. La precarización del empleo público es una receta más o menos explícita del neoliberalismo. En ocasiones se intenta justificar la laboralización alegando una supuesta equiparación de derechos con el funcionariado, algo que nunca es del todo real (si las condiciones fueran las mismas, no existirían dos regímenes diferentes).
Otra razón por la que se precariza el empleo público es porque este, históricamente, ha funcionado como una suerte de medidor o parámetro comparativo respecto de lo que ocurre en el mercado de trabajo. Las condiciones del empleo público modulan las percepciones del mundo del trabajo, de tal forma que precarizar el empleo público sirve también para debilitar a la clase trabajadora. Tal es así que incluso hoy, a pesar de la paulatina precarización del empleo público, para el común de los mortales sigue siendo preferible trabajar en el sector público que en el privado por las mejores expectativas y condiciones reales.
¿Qué debe hacer la izquierda en materia de empleo público? Es verdad que, en el plano discursivo y presupuestario, hay otros colectivos que requieren una atención más prioritaria (pensemos en las personas sin hogar y, en general, en la grave realidad de la exclusión social). Pero, cuando toca debatir y desarrollar una política de empleo público, la izquierda debe defender con contundencia la estabilidad y la inamovilidad frente a las tendencias neoliberales. La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está demostrando que fue insuficiente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (como advirtió, desde el primer momento, el exdiputado Pedro Honrubia). Dignificar las condiciones del empleo público es necesario para poner fin al malestar de miles de personas precarizadas, pero también por sus efectos indirectos en el empleo del sector privado y para desplegar con éxito las políticas públicas que anhelamos.
Además, junto a la preferencia funcionarial, urge impulsar una reforma de los procesos selectivos que contribuya a democratizar el acceso a la función pública, muy especialmente en los niveles superiores, donde operan auténticos poderes corporativos que pueden llegar a cuestionar que el Gobierno dirige la Administración y a obstaculizar los avances democráticos.