Gran Coalición para la guerra: claudicar ante el golpismo judicial solo es el comienzo

Lunes negro para la justicia y la democracia en el estado español. En un mismo día se conocían los audios del juez Joaquín Aguirre ufanándose de sus maniobras contra el Gobierno del estado y contra la Ley de amnistía, una sentencia que dota de impunidad al acoso fascista llevado a cabo contra Irene Montero, Pablo Iglesias y sus hijos e hija en la puerta de su casa, y la rebeldía de la sala segunda del Tribunal Supremo contra las Cortes Generales y el poder legislativo española, negándose a aplicar la Ley de amnistía a los delitos de malversación. Todo ello, además, apenas unos días después de que se conociera la noticia del acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ por la vía bipartidista de toda la vida, y tan solo tres días antes de que la reforma acordada entre ambos partidos, fruto de ese pacto de Gran Coalición, llegue al Congreso para su toma en consideración.

Para más inri, estamos comprobando que, de haber habido voluntad política para hacerlo, hubiera bastado apenas un mes para llevar a cabo la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ de la mano de la mayoría plurinacional y democrática existente tanto en la anterior, como en la actual legislatura. La misma prisa que ahora se están dando PSOE y PP para aprobar, antes de final de Julio, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial según el acuerdo alcanzado entre ambos, se podría haber tenido para llevar a cabo lo anterior, pero no se quiso. Cinco años de bloqueo y al final queda claro que todo era una cuestión de voluntad política, que hubiera bastado un mes para acabar con ese bloqueo ultra, y sin necesidad alguna de claudicar, ni de rendirse ante la derecha política y judicial. Pero, insisto, no se quiso: se quería pactar con el PP de la forma que fuera posible.

¿Tal vez pensaría el PSOE que así se iban a saciar las ansias de poder de una derecha golpista que no ha sido capaz de reconocer la legitimidad del Gobierno Sánchez para gobernar apoyándose en la mayoría plurinacional y democrática existente desde 2015? Qué ingenuidad. El Partido Judicial reaccionario, con Gran Coalición o sin Gran Coalición, está subvirtiendo de manera preventiva la democracia y el orden constitucional. No, no hay paz que valga ni con el adversario rendido y arrodillado a sus designios. El Partido Judicial ultra tiene claro el mensaje que quiere dar: no solo quieren tumbar el Gobierno, quieren gobernar y mandar en el país sin presentarse a las elecciones, quiere cerrar ahora toda posibilidad de que en el futuro se puedan abrir procesos de avances sociales y democráticos profundos de la mano de un Bloque plurinacional y progresista que se atreviera de verdad a hacerlo. Quieren blindar el sistema monárquico y la España borbónica, oligárquica y otanista. El PSOE, en el fondo, acepta la situación porque está de acuerdo con el planteamiento. Por eso claudica y avala el lawfare y la guerra judicial, porque enfrentarse a ello supondría tener un compromiso ideológico y un proyecto de estado diferente a ese, pero no lo tienen.

Y es que, aunque lo firmado es un acuerdo bipartidista clásico, en realidad, en el contexto actual, es un acuerdo que únicamente favorece los intereses del Bloque reaccionario. Se reparten los jueces mitad y mitad, y se reparten el derecho a veto dentro del CGPJ, sí, pero en la práctica eso supone permitir que la derecha siga teniendo capacidad de bloqueo en todo lo que se tenga que aprobar allí. Es decir, garantía de impunidad para los jueces golpistas que está llevando a cabo el lawfare y la guerra judicial. Están trasladando la capacidad de bloqueo de la derecha, la que se ha usado durante cinco años en el Congreso por la incapacidad de alcanzarse la mayoría de tres quintas partes necesaria, al propio funcionamiento del CGPJ. Y en cuanto al sistema de elección del CGPJ, el que se había convertido en las últimas semanas en el principal escollo para cerrar el pacto entre ellos, el que el PP quiere convertir en un sistema por el cual los jueces fachas mayoritarios elijan a otros jueces fachas para asegurarse de forma permanente una mayoría conservadora y reaccionaria en el órgano del poder judicial, algo que, lógicamente, el PSOE no puede permitir sin asumir que perdería para siempre cualquier capacidad de influencia sobre el funcionamiento cotidiano de la justicia en España, dan ahora, para salir del atolladero y firmar el pacto de renovación al que ya les estaba obligando la Comisión Europea, una “patada a seguir” muy peligrosa para el funcionamiento de nuestra democracia. Nada más y nada menos que mandatan al CGPJ hacer el trabajo del Poder Legislativo, es decir, que delegan las competencias de un poder del estado en otro poder del estado. ¿Se imaginan que antes de hacer un juicio en el Supremo, desde el Supremo se pidiera al Parlamento hacer una instrucción judicial paralela a la que tenga que hacer el propio Supremo, para ser remitida con carácter oficial al juez que tenga que realizar el posterior juicio y dictar sentencia? Pues exactamente eso es lo que se ha hecho. Es gravísimo solo el proponerlo. ¿Pero qué importa la formalidad democrática cuando lo que toca es régimen de guerra?

Esto es, en definitiva, un 135 judicial en toda regla, es decir, un acuerdo en el marco de una Gran Coalición del Régimen del 78 al servicio de lo que mande la OTAN y la Gran Coalición en Europa. Lo de que este acuerdo y el acuerdo de Gran Coalición en Europa para repartirse el poder en las principales instituciones europeas se cerrasen el mismo día, obviamente no es ninguna casualidad. De hecho, este acuerdo lo cerraron en Bruselas y lo firmaron y lo presentaron en un atril con el logo de la Comisión Europea, casi como si España fuera una mera colonia política y judicial de la UE. Toda una señal, desde luego, de lo que representa tal acuerdo y de lo que vendrá por delante junto a ello. En 2011 tocaba austeridad y hubo Gran Coalición para la austeridad. Ahora toca régimen de guerra y hay y habrá Gran coalición para el régimen de guerra. Volvemos, pues, al momento en el que PP y PSOE serán indistinguibles en las cuestiones presupuestarias y de estado porque ambos sirven a los mismos intereses del Régimen del 78 y, por tanto, de lo que venga impuesto desde Bruselas y ahora también desde la OTAN y sus mandatos belicistas, por muy doloroso, muy peligroso o muy contrario que eso sea para los intereses de la ciudadanía española. Entonces fue la austeridad y ahora es el régimen de guerra. Entonces fue la reforma del 135 y ahora será abrazarse a las políticas belicistas, de aumento del gasto militar y de nuevos recortes para sostenerlas, que los halcones de la guerra ordenen.

Durante la pasada legislatura el PSOE intentó aprobar algunas leyes junto a Cs y otros pequeños partidos de la derecha como UPN o CC. Lo llamaron geometría variable. Intentaron aprobar los primeros PGE de la legislatura con esa fórmula y Podemos les dobló el brazo para forzarlos a hacerlo con el Bloque plurinacional de la investidura. También se hizo así la reforma laboral y solo salió porque hubo un error de un diputado del PP. Con la Ley mordaza directamente fracasó el intento de hacerlo sin contar con Bildu, ERC, etc. El experimento de intentar legislar de la mano de la derecha no les funcionó, afortunadamente, y tuvimos una legislatura fructífera y de grandes avances sociales gracias a ello, y gracias también a que Europa, en la que probablemente haya sido su decisión más acertada en décadas, puso en suspenso el pacto de estabilidad y crecimiento. Luego vendría el régimen de guerra y la vuelta a la austeridad. Así que en esta legislatura están intentando pasar de la geometría variable a la cuadratura del círculo: pactar los grandes temas de estado con el PP a la vez que poder seguir presentándose como un Gobierno progresista y de izquierdas porque aprueben algunas cuestiones menores con el Bloque plurinacional y democrático. Pero eso es imposible. No se puede gobernar de la mano del PP, permitiendo que el PP mande aunque no gobierne, y a su vez querer presentarse como un Gobierno progresista y de izquierdas que gobierna para la gente. En realidad, es lo que en el PSOE llevan intentado hacer desde 2016 y que solo por la resistencia de Podemos no pudieron hacerlo antes de la forma que les hubiera gustado. Pero la cabra tira al monte, sobre todo ahora que Podemos está debilitado y fuera del Gobierno, y que en ese Gobierno solo manda Sánchez.

Es el eterno retorno del Régimen del 78 intentando cerrar la crisis que se le abrió con la irrupción del 15M y con el procés. No es de extrañar que este infame acuerdo, esta rendición del Gobierno a la derecha política y judicial, lo hayan bendecido al unísono desde Jiménez Losantos a PRISA, desde Aznar a Sumar. Todo atado y bien atado. Las pulsiones restauradoras y de cierre por arriba de la crisis de régimen siempre vuelven a la política española de la mano del principal partido del R78: el PSOE. Sánchez ha construido una imagen de líder populista de la izquierda gracias a que supo leer bien el momento que se le abrió políticamente tras salir ileso de su enfrentamiento con el aparato de su partido, la división de Podemos por culpa de Errejón, y la posterior irrupción de Vox como el otro constituyente contra el confrontar en clave movilizadora, pero lleva el ADN R78 en su sangre política. Solo ha salido de manera puntual de ese carril cuando Podemos lo obligó.

Ahora vuelve a adentrarse en él, que es por el que, en realidad, más cómodo transita, en el que mejor duerme y en el que sabe que su partido se siente plenamente reconocido. Y si eso supone avalar, legitimar, normalizar y blanquear el lawfare y la guerra judicial, pues que así sea. La Gran Coalición para la guerra bien vale una rendición ante el golpismo judicial.