Partidos políticos judiciales
El concepto de justicia que tiene el Partido Popular parte de la premisa que la magistratura solo es independiente si se controla, como ya en su día, enfatizó el entonces senador Cosidó, lo que echó por tierra el pacto bipartidista. A partir de ahí el Consejo General del Poder Judicial operó de forma contraria a la Constitución Española. Es lo que podría denominarse “golpe de estado en versión moderna”, o lo que es lo mismo: lawfare (fabricación de noticia falsa, apertura prospectiva de un proceso judicial penal con la finalidad de eliminar al adversario político, con masiva difusión mediática).
Cinco años ha estado fuera de la ley el órgano de gobierno de los y las jueces hasta que la semana pasada se renovó a gusto del partido popular, corrupto por naturaleza. ¿Para esto han servido los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez? ¿Para ensayar la gran coalición con la máquina del fango?, según expresión utilizada por el propio presidente del gobierno y sus socios, los de Sumar. El “acuerdo”, por llamarlo de alguna forma, es decepcionante, no solo por el fondo, también por la forma.
Que dos personas hagan un paripé en Bruselas para justificar una suerte de amasado que, visto su contenido y alcance, pudo haberse hecho sin obstáculo hace un lustro a pesar de la verdad intencional expresada por el incontinente Cosidó.
Lo que ha quedado claro, una vez más, es que el partido de régimen como es el socialista español y el partido popular, siempre están de acuerdo en lo esencial. En este caso, en el reparto de sillas en el CGPJ: 10 para uno y 10 para otro y, muy lejos jueces y juezas como “los Prada o las Rosell”, como con claridad han propagado las empresas de la cloaca mediática y los falsos periodistas, opinión compartida por la progresía mediática, que ha aplaudido la farsa, que sumirá de nuevo en la trivialidad al Consejo, cuya función, casi única, será nombrar cada uno a los suyos y las suyas en las diferentes alturas jurisdiccionales. Es lo que importa. La independencia judicial y el libre albedrío de los y las vocales, son verdes y se los comió un burro.
Por cierto, y, dicho sea de paso. Que los y las jueces se autoelijan por medio de un sistema de elección directa es un procedimiento que no está previsto en la Constitución, ni es el método actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que, de darse ese cambalache, tendrán que cambiar y por ende el texto constitucional que, por un lado, traerá como consecuencia la expulsión de la soberanía popular en tal elección y, por otro, convertirá en banal el principio “la justicia emana del pueblo”, lo que no es baladí, pues el resultado no será otro que el empobrecimiento de nuestra democracia. No es la primera vez que pronto se prestan el PPSOE a modificar la Constitución por “el bien de España y cueste lo que cueste”. Así, cambiaron su artículo 135 que tanto dolor y desgracia trajo a la población española, que aún sigue pagando el rescate del desmadre especulativo bancario de la mano de constructores y, alcaldes, alcaldesas, que creyeron encontrar la piedra filosofal de la riqueza en la fiebre de venta descontrolada de suelo.