El sistema de financiación autonómica, un campo de minas
En estos días, se ha vuelto a abrir con gran intensidad un viejo asunto pendiente: la reforma del sistema de financiación autonómica. Y se ha abierto de la peor forma posible. No porque exista una voluntad firme de resolver uno de los problemas económicos y financieros que afecta de forma más grave a las instituciones de nuestro país y a los servicios públicos del estado del bienestar, sino como una suerte de cambio de cromos para conseguir la investidura de un presidente autonómico en un territorio muy concreto. A estas alturas, no habrá ningún lector o lectora de Diario.Red que no haya escuchado los elementos básicos de la polémica en los medios de comunicación. Básicamente, y en ausencia de una mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, Pedro Sánchez ha abierto la posibilidad en primera persona de transitar hacia una —todavía abstracta e indefinida— "financiación singular" para la Generalitat como pieza clave para lograr el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa. Y, claro, se han desatado todos los demonios.
Por un lado, el huracán político obtiene buena parte de su energía de la reconfiguración de apoyos parlamentarios que semejante movimiento produciría. No solamente se conseguiría investir —después de muchos años de hegemonía independentista— a un President del PSC. No solamente se articularía una mayoría gobernante en Catalunya en torno a un frente progresista en vez de hacerlo en torno al frente nacional. Además, se dejaría fuera de ese esquema a Junts, y Carles Puigdemont tendría que hacer frente a su promesa de campaña de abandonar la política si no era investido President. Siendo los siete escaños de Junts absolutamente indispensables en el Congreso para que gobierno central investido en noviembre del año pasado pueda aprobar cualquier norma, no hay que ser un analista muy avezado para vaticinar que el movimiento tendría la potencialidad de poner fin a la legislatura española.
Pero el tremendo escándalo que se ha organizado como consecuencia de la apertura del melón de la financiación autonómica por parte del PSOE no solamente bebe de los —importantes pero coyunturales— efectos que un cambio como ese tendría en la reconfiguración del tablero político en Catalunya y en España. La propia naturaleza del asunto elegido se inserta en un surco histórico y mediático mucho más profundo y de largo alcance. En efecto, el actual sistema de financiación autonómica es muy defectuoso y lo es, sobre todo, porque infrafinancia algunos de los servicios públicos más fundamentales para garantizar la igualdad de derechos que son competencia de las autonomías, como la sanidad, la educación o la dependencia. Aunque se ha recuperado un poco el hachazo originario a las transferencias a las comunidades autónomas que se produjo como consecuencia de la crisis financiera de 2008, todavía podemos estimar en decenas de miles de millones de euros la financiación pública adicional que habría que inyectar al sistema autonómico para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos primordiales. Si a esto sumamos la deuda acumulada por algunos territorios a causa de este déficit de financiación o los convolucionados —y muchas veces injustos— criterios de reparto, establecidos no mediante una cuantificación de necesidades objetivas sino mediante una larga serie de negociaciones políticas ad hoc como la que ahora pretende abrir el PSOE, nadie puede dudar de la premisa principal: es necesario reformar el sistema de financiación autonómica.
Es muy necesario pero, al mismo tiempo, es prácticamente imposible que el PSOE lo pueda llevar a cabo. Los impedimentos económicos, políticos y de relato mediático son demasiados y demasiado fuertes.
En primer lugar, porque, de mantener intacto el tamaño del pastel —es decir, el total de financiación pública transferido a las comunidades autónomas—, cualquier aumento significativo en la financiación de cualquier autonomía automáticamente supone una reducción de la financiación del resto. Son matemáticas básicas. La única forma de llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica que cumpla con el requisito de aumentar los ingresos por esta vía de todas y cada una de ellas —algo positivo políticamente, pero además justificado en términos sociales por lo que hemos comentado antes— pasa por aumentar el tamaño del pastel. Y la única forma de aumentar el tamaño del pastel (sin recortar la inversión en competencias de ámbito estatal; algo que el PSOE no parece que esté dispuesto a hacer, aumentando como está aumentando el gasto en armamento) pasa por llevar a cabo una reforma fiscal previa que aumente significativamente los ingresos del Estado —en el orden de magnitud de las decenas de miles de millones de euros—, obviamente, aumentando los impuestos a los que más tienen: a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. Como el PSOE no está dispuesto a hacer esto, es matemáticamente imposible que pueda plantear una reforma del sistema de financiación autonómica que no tenga ganadores y perdedores.
De mantener intacto el tamaño del pastel, cualquier aumento significativo en la financiación de cualquier autonomía automáticamente supone una reducción de la financiación del resto
A esta realidad económica se suma un fortísimo condicionante mediático. A saber, que la totalidad de la prensa sistémica —desde la extrema derecha mediática a la progresía— se ha pasado más de una década inyectando enormes cantidades de energía ideológica en el relato de que los catalanes vendrían a ser unos ricos avariciosos que consiguen privilegios económicos respecto del resto de España a través del chantaje parlamentario. Aunque ahora los potentes cañones mediáticos del Grupo Prisa —La SER y El País—, junto al resto de medios satélite de la progresía, puedan decidir girar 180° su línea editorial para acompañar el peligroso movimiento de Pedro Sánchez —como ya hicieron hace unos meses con la amnistía—, es enormemente difícil que puedan borrar toda la aversión sembrada por ellos mismos a lo largo de demasiados años contra la mejora de la financiación de la Generalitat de Catalunya.
En esta materia concreta, además, no podemos olvidar el papel del ecosistema mediático de ámbito autonómico. En este nivel, con una prevalencia de las líneas editoriales de derechas todavía mayor que en el ecosistema mediático estatal con sede en Madrid, el tema de la financiación autonómica ha sido muy recurrente y se ha abordado con violencia y sin descanso desde el ángulo del agravio territorial. Si muchos medios catalanes bajo control del independentismo han agitado el eslogan "España nos roba", los medios autonómicos del resto de comunidades autónomas —excepto los de Euskadi y Navarra por motivos obvios— han alimentado con igual irresponsabilidad el enfrentamiento territorial en el sentido opuesto. Este es el motivo por el cual no solamente los barones territoriales del PP sino también los del PSOE están reaccionando de forma contundente ante la puerta que ha decidido abrir Sánchez. Para un dirigente autonómico, la mayor y más constante presión mediática proviene no de los medios de Madrid sino de los medios de su propio ámbito territorial, que se dedican sistemáticamente y no solo ocasionalmente a tratar los temas de la "agenda autonómica" y que han sembrado más aversión si cabe contra un planteamiento como el de una "financiación singular" para Catalunya que los medios de ámbito estatal.
Es una irresponsabilidad política injustificable que el PSOE haya decidido plantear un debate del país como es el de la financiación autonómica en el marco de un cambio de cromos para conseguir una investidura en vez de hacerlo seriamente y en profundidad. Pero, además de una irresponsabilidad, es también un error táctico de primera magnitud. Aunque Sánchez está acostumbrado a afrontar problemas muy serios desde la táctica cortoplacista, el regate corto mediático, la reforma cosmética y la ocultación de la pelotita mediante un rápido movimiento de los cubiletes, eso no se puede hacer con un tema de esta magnitud con los fortísimos condicionantes que hemos descrito. Es difícil, en política, hacer predicciones. Pero, en este caso, vaticinar que la operación va a acabar en nada —o, peor aún, en un sonoro fracaso— es una apuesta bastante segura.
