El acuerdo entre PSOE, Sumar y Bildu para “derogar” la Ley Mordaza no elimina ni las balas de goma ni las devoluciones en caliente

Al principio de esta semana, los dos partidos del gobierno, PSOE y Sumar, cebaban a los medios de comunicación con el anuncio de que habían alcanzado un acuerdo para derogar la así llamada ‘Ley Mordaza’; un conjunto de normativas que aprobó el PP en el peor momento de la crisis económica derivada del estallido financiero para reprimir la protesta social consecuencia de los brutales recortes que, primero Zapatero y después Rajoy, infligieron sobre la población de nuestro país.

En la mañana del jueves, hemos conocido los detalles del acuerdo a través de un documento pactado entre el Gobierno y EH Bildu. En el mismo, se pone negro sobre blanco exactamente el punto de consenso que se ha alcanzado sobre dos temas tan importantes que impidieron la aprobación de la norma en la legislatura anterior: las balas de goma y las devoluciones en caliente.

Al no haberse comprometido el PSOE durante la legislatura anterior a eliminar estos dos elementos de la operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, tanto ERC como Bildu votaron en contra del texto legislativo, haciéndolo caer. En aquella negociación, Podemos defendió que había que aceptar las demandas de la izquierda independentista vasca y catalana —demandas que los morados, de hecho, compartían—, pero tanto el PSOE como los partidos de la coalición Unidas Podemos que hoy se encuentran en Sumar decidieron forzar una votación sin acuerdo para presionar mediáticamente a ERC y Bildu, estrategia que fracasó.

Con estos antecedentes, es lógico que, ante el anuncio de que se ha alcanzado un pacto en esta nueva legislatura, tengamos que examinar especialmente qué es lo que se ha acordado respecto de estas dos materias que fueron tan centrales en la legislatura anterior como para frustrar la modificación normativa.

Respecto de las balas de goma, el acuerdo concreto consiste en añadir una disposición adicional con el siguiente texto:

Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos.

Como se puede comprobar, el lenguaje es extremadamente ambiguo, hablando de una “sustitución progresiva”, sin ningún tipo de calendario y bajo la dirección de un ministerio del Interior que lleva desde 2018 haciendo políticas públicas muy similares a las que habría hecho el PP. Es decir, se ha pactado una supuesta eliminación sin calendario y que depende de la voluntad de Marlaska.

En cuanto a las devoluciones en caliente, el acuerdo concreto está también incluido en una disposición adicional. El texto es el siguiente:

En el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la modificación, con detenimiento, estudio y rigor, de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La nueva disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión.

Como podemos ver, independientemente de las expresiones de buena voluntad en el segundo párrafo, la clave se encuentra en el primero. Lejos de modificar la normativa vigente para eliminar las devoluciones en caliente —algo que perfectamente se podría hacer mediante la presente norma— se deja dicha eliminación al albur de una reforma legal futura sin ni siquiera especificar el texto legal concreto que se podría aprobar. Eso sin señalar que, para modificar una ley orgánica, como figura en el párrafo pactado, hacen falta 176 escaños que el gobierno ya ha demostrado muchas veces en esta legislatura no siempre tener a su disposición. Es más, el hecho de no haber pactado ninguna modificación legal inmediata de las devoluciones en caliente abre la posibilidad de que, en el caso de que hubiese una repetición electoral en los próximos meses, la sustanciación del acuerdo pudiera tener que llevarse a cabo por un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.

A pesar de los anuncios y las declaraciones públicas hechas por los firmantes del acuerdo, resulta evidente a la lectura del texto concreto pactado que no se han eliminado mediante el mismo ni las balas de goma ni las devoluciones en caliente.

Puedes leer el acuerdo completo aquí: