Los buitres de la vivienda

En España, el 73% de los desahucios son por impago de alquiler. Es decir, la mayoría de los desalojos son de inquilinos. De media, los españoles destinan un 40% de su sueldo a pagar el arrendamiento. Mientras los ciudadanos salen a las calles a manifestarse en contra del abuso de los alquileres, y las asociaciones, como Sindicato de Inquilinas, llaman a la huelga, los medios de comunicación y algunos partidos políticos niegan la mayor.

Antena 3, concretamente Espejo Público, decidió entrevistar a un director de una inmobiliaria, Guillermo Revilla, para conocer la opinión de un “experto” sobre las políticas de vivienda propuestas por el gobierno. El programa de Susanna Griso consideró que la mejor persona para opinar sobre la regulación de los alquileres es un agente inmobiliario que se ha hecho famoso en TikTok. Revilla, que además trabaja en el barrio de Salamanca, opina que "Estas medidas lo que vienen es realmente a quitar las facilidades que hay para acceder a la vivienda. Y lo que hacen es que ponen trabas al campo y sea más difícil comprarse una vivienda". A todo esto, califica las medidas propuestas por la vicepresidenta del gobierno de “mediadas de corte comunista”.

El Grupo Atresmedia no solo da voz a especuladores, sino que está dirigido por ellos. De Agostini, la empresa italiana que, junto con Planeta, dirige el medio de comunicación, tiene un brazo inversor llamado DeA Capital. Un fondo de inversiones que en 2022 adquirió mil pisos en alquiler en España con la ayuda de otro fondo americano llamado, Harrison Street.

Telecinco tampoco se queda atrás. En 2022, el 15% de sus accionistas eran fondos de inversión como Norges Bank, que cuenta con inversiones inmobiliarias en nuestro país por valor de 300 millones de euros. La agenda política y mediática de un medio la marcan sus accionistas, y en Mediaset esto es evidente. No solo es controlado por fondos buitre, sino que su presentadora estrella, Ana Rosa Quintana, es propietaria de 44 apartamentos turísticos que gestiona a través de siete empresas.

Si los que nos tienen que informar sobre la burbuja inmobiliaria trabajan para los que la han inflado, no es de extrañar que todos los días se hable de ocupación. Que se dé espacios a inmobiliarias o grandes tenedores antes que a un desahuciado, o que simplemente ignoren el problema sustituyéndolo por la inmigración, no es sorprendente, ya que sabemos que sus jefes son los fondos buitres.

Los “carroñeros” no solo habitan entre los grandes grupos mediáticos, los primeros en regular sobre vivienda son los políticos. Según informa El País, el 82% de los 350 diputados del Congreso se declara propietario. La mitad posee más de una vivienda. Solo un pequeño grupo tiene más de cinco viviendas. El 20% declara recibir ingresos por alquileres, la gran mayoría de viviendas. La diputada con más propiedades es María Mercedes Cantalapiedra, del PP, con 19 inmuebles. Le sigue una diputada socialista, Mercé Perea i Conillas, con 13. Destacar que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la misma que debe encargarse de regular los alquileres, posee tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros, según su declaración de bienes.