El caso de Begoña Gómez por la querella de Manos Limpias avanza con citaciones pocos días antes de las elecciones

El juez Peinado en las actuaciones del caso de Begoña Gómez ha citado a cinco testigos para el 6 y 7 de junio, cuando las elecciones europeas se celebran el 9 de junio

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Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Estas citaciones se producen en el avance de estas primeras diligencias que involucra a Begoña Gómez en la acusación por un delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los citados para el 6 de junio serían David Cierco Jiménez de Parga, Alberto Martínez Lacambra, Ignacio Espejo Saavedra, Luis Prieto Cuerdo, Luis Antonio Martín Bernardos y el 7 de junio; Carlos Barrabés Cónsul. Estas citaciones se dan después de que inicialmente el juez citará a declarar a los periodistas que firmaron las informaciones.

La querella de Manos Limpias se basaba en informaciones publicadas que incluían bulos, de hecho, este mismo pseudo sindicato acabaría reconociendo que la veracidad de las informaciones sobre las que se cimentá el juicio no ha sido verificada. También, unos días después saldría a la luz que una supuesta subvención concedida a Begoña Gómez y que había sido ocultada, en realidad era de otra persona con el mismo nombre que ella, y que, por tanto, no tenía nada que ver con el Pedro Sánchez.

El Confidencial publicó una carta firmada por Begoña Gómez que según expone el artículo habría sido esencial para la concesión de una serie de contratos públicos para que algunas empresas se llevaran millones de euros, sin embargo, el gobierno ha aclarado que la licitación de estos contratos y sus expedientes fue impecable, que los principales criterios a la hora del proceso de licitación serían criterios económicos y que este tipo de cartas son idénticas a las que presentan otras entidades.

La Fiscalía recurrió la apertura de diligencias por parte del juez Peinado a la Audiencia Provincial de Madrid, mostrando su disconformidad legal con el asunto y pidiendo su archivo. Por otro lado, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que no ve indicios de los tipos delictivos de los que se acusa a Begoña Gómez en sus actuaciones.

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia de Manos Limpias contra la diputada Míriam Nogueras por las manifestaciones contra los magistrados. La denuncia presentada por el pseudo sindicato contra la diputada de Junts por un delito de amenazas en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2023 contra ciertos miembros del TS y una magistrada del Tribunal Constitucional. Las declaraciones en la denuncia fueron: “A los jueces del procès Marchena, Llarena, Espejel, Lesmes y Carmen Lamela había que juzgarles de inmediato, cesarles”.

Nada de esto sería posible sin suscriptores

El Tribunal razona que estas expresiones se amparan en la inviolabilidad parlamentaria de la que gozan los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones conforme la Constitución española. Atribuyen los límites al pueblo español a través de los procesos electorales y las facultades que otorga el haber sido elegido para formar parte de una Cámara como la del Congreso de los Diputados. Resaltan también el cómo estas manifestaciones deben escapar de lo penal con el fin de mantener un sistema político de libertades que no disuada a los representantes del pueblo español de expresar sus opiniones.

Recuerdan también las potestades que ostenta la mesa de presidencia del Congreso, la cual puede llamar al orden, así como otros actos que permitan mantener el decoro de la Cámara o sus miembros, así como instituciones del Estado o cualquier otra persona o entidad. Concluyen entendiendo que más allá de estas limitaciones no admiten la posibilidad de restringir el alcance de la inviolabilidad por las opiniones o expresiones realizadas en el ejercicio de las funciones de los diputados.

Este sería solo el enésimo archivo de actuaciones que involucra a Manos Limpias, ya que estos impulsan denuncias y querellas de todo tipo contra líderes políticos, jueces y demás personalidades asociadas a las instituciones, que en la mayoría de veces acaban archivadas.