El TSJM impulsa la causa contra los fiscales del caso del novio de Ayuso
El pasado 7 de mayo se conoció de la admisión de esta querella interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto. El Tribunal consideró que debía indagarse si se había excedido el límite penal respecto al derecho de la información y, si había sido así, en qué medida habían perjudicado los derechos del afectado.
Esta querella, a su vez, se da por el comunicado de un trato que habría tenido Alberto González Amador con la fiscalía en el que admitió haber cometido fraude fiscal y falsedad documental. Sin embargo, ese comunicado se publicó después de que Miguel Ángel Rodríguez filtrará a medios de comunicación un supuesto trato que la Fiscalía habría ofrecido a González Amador, que según su versión, habría sido frenado por órdenes de un superior de los fiscales del caso.
A esto se refirió el fiscal general del Estado en una entrevista con TVE hace unas semanas, donde respaldaba el comunicado de la fiscalía y señalaba a Miguel Ángel Rodríguez de filtrar información falsa a los medios. También señalaba la intimidación que podía suponer hacia los fiscales del caso estos comportamientos y que muchas veces se “perseguía al perseguidor”.
Las actuaciones acordadas por el juez de instrucción Francisco José Goyena ordena la identificación, por un lado, de los redactores del comunicado, y por otro, de quienes tomaron la decisión de publicarlo, llegando al último responsable que habría autorizado la puesta en público de este. También ha solicitado acceder a las comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, quien era el que se comunicaba con la primera en este supuesto trato. También ha solicitado saber quiénes han accedo a esos emails.
Ha requerido también a distintos medios para que identifiquen a quién figura como autor de las informaciones relacionadas con el pacto del investigado González Amador. También ha citado a las partes acusatorias del caso, las cuales son, por un lado, la representación y el propio González Amador, y por otro, como acusación popular, figura el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), para ratificar las querellas presentadas.
Cabe recordar que el ICAM se personó en la causa por considerar que la nota informativa de la fiscalía excedía el deber de información el cual queda acotado por la obligación superior que supone la reserva y el sigilo profesional y el cómo estos se proyectan para el caso concreto como es la negociación para llegar a un acuerdo.
Por último, el juez solicitó a la fiscalía saber acerca de las actuaciones llevadas a cabo en materia de tratamiento de datos personales del afectado debido a la filtración que implicó que tanto querella como informe de la Agencia Tributaria fueran distribuidos.
Este es el último paso dado en el conjunto de casos que rodean a Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, así como a la propia fiscalía y algunos fiscales en particular.
