El grave problema de la desinformación y la falta de voluntad política para resolverlo

El plan de regeneración democrática del ejecutivo del PSOE y Sumar se desglosa en 31 medidas pendientes de tramitación en las Cortes Generales. Una de ellas afecta a la Ley de Publicidad Institucional que, según Ernest Urtasun, Ministro de Cultura, abarca dos cambios: primero, la introducción de “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”; segundo, la reforma de la ley “para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas webs de los medios de información”, ello para “hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional” y evitar la financiación de “pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news” con dinero público.

Esta iniciativa de Sánchez surgió tras la incoación del procedimiento penal en abril contra Begoña Gómez, su esposa, a raíz de una denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. Determinado a luchar contra la “maquinaria de fango”, Sánchez anunció las medidas el 17 de julio.

Sin embargo, la viabilidad del plan es, a priori, cuestionable. En primer lugar, porque pese al uso abundante de tecnicismos, el plan de regeneración democrática no contiene mecanismos concretos para combatir la desinformación, sino que son proposiciones laxas de contenido mínimo; de hecho, Gabriel Rufián, diputado de ERC, afirma que “parece maquillaje”, mientras que Ione Belarra, diputada de Podemos, cree que es “puro humo”. En segundo lugar, su aprobación en el Parlamento no parece probable ya que el Gobierno no cuenta con los números necesarios, y el ejemplo más reciente es el fracaso de la tramitación parlamentaria de la modificación de la LAU para limitar los alquileres de temporada (que, si bien el proyecto de ley fue iniciativa del Sindicato de Inquilinas y no del PSOE, este partido sí que lo secundó).

Hablando específicamente de la desinformación, la persecución política mediante medios de comunicación no es novedosa ni en España ni en Europa. De hecho, la propia Comisión Europea ya publicaba en diciembre de 2018 un Plan de Acción contra la desinformación, especialmente de cara a las campañas electorales europeas.

Además, un estudio de la revista Nature de 2023 revela que los ciudadanos de derecha son menos capaces de detectar las fake news y están más dispuestos a compartirlas que los de izquierda, lo cual hace que sean el público ideal para distribuirlas.

En España hay numerosos casos de acoso mediático alentados por los medios de comunicación, tanto por las vías tradicionales como por redes sociales, desde la izquierda mediática hasta la derecha. Un caso para ejemplificarlo sería la persecución al partido Podemos desde su entrada a las Cortes Generales tras las elecciones de 2015, evento que implicó la rotura del bipartidismo y el arranque de la maquinaria de fango periodística en su contra; así lo ilustra el pacto entre el periódico El Mundo y el Partido Popular para la publicación de fake news sobre la formación morada, como desveló Diario Red.

En cuanto a la televisión, es el segundo medio más utilizado para la difusión de noticias falsas según una encuesta de El País y Cadena Ser (un 34,3% de los españoles ha detectado fake news en la televisión). Siguiendo con el caso Podemos, conocidas personalidades televisivas se han visto involucradas en la “guerra sucia” contra el partido: el “progresista” Antonio García Ferreras y sus audios con Villarejo ideando a sabiendas una falsa cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas, Ana Rosa Quintana con su habitual agresividad a la hora de referirse a Podemos en su matinal o Vicente Vallés haciendo editoriales contra la izquierda durante su informativo han contribuido a la misma causa. Todos ellos fueron señalados por el partido en 2021:

Ellos ya han hablado mucho.

Ahora, #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/yfH7606BA9

— Podemos (@PODEMOS) April 10, 2021

Las redes sociales, por su parte, han jugado un papel crucial en la difusión de bulos. Según la encuesta antes mencionada, más de la mitad de los españoles ha visto noticias falsas a través de redes (56,9%), muy por encima de los medios tradicionales; asimismo, cabe apuntar que 1 de cada 4 españoles las ha detectado en canales de comunicación de creadores de contenido (youtubers).

Un tema muy comentado en redes sociales como X ha sido la pandemia de la COVID-19, ocasión que aprovecharon los negacionistas, por ejemplo, para afirmar que la vacuna de Astrazeneca fue retirada en mayo de 2024 por sus mortales efectos secundarios y no por la baja demanda y el exceso de stock, tal y como confirmó la empresa farmacéutica. No obstante, las redes se hicieron eco de lo primero, acumulando visualizaciones y difusión pese a la falsedad de la información.

🚨💥AstraZeneka RETIRA SU VACUNA ⚠️

LO ADVERTIMOS que esto no iba de salud si no de control poblacional con resultado de exterminio controlado. 💀

Se están llevando a cabo DEMANDAS MILLONARIAS 🔥... Si ha recibido esta u otras "vacunas" contra el COVID-19; BUSQUE AYUDA LEGAL… pic.twitter.com/0du2nlqHM4

— dejanira silveira (@dejanirasilveir) June 10, 2024

Otro caso es el de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género…) y que fue adoptada por España en septiembre de 2015 con Mariano Rajoy como presidente; este plan de acción ha sido puesto en entredicho no solo por usuarios negacionistas de X, sino por figuras públicas como Imanol Arias con declaraciones como “no pienso cumplir nada de la Agenda que te asesina” o que rechaza beber agua del grifo porque con ella lo envenenan.

¿QUÉ ES LA AGENDA 2030? ¿CUÁL ES SU PELIGRO REAL? La Agenda 2030 es un plan de control político, económico y social al que se han adherido los países miembros de la ONU y organizaciones de todo tipo. Su fin último es instaurar el Nuevo Orden Mundial, estableciendo un gobierno… pic.twitter.com/9EAmTPyIc0

— 𝗖𝘂𝗯𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗛 𝗱𝗲 𝗢𝗿𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶́𝗮 (@CubaOrtografia) August 28, 2024

Afortunadamente, en países como Brasil se prohibió a principios de septiembre el uso de X debido a la acumulación de multas por parte de su dueño, Elon Musk, al negarse a eliminar cuentas ligadas a la ultraderecha liderada por Bolsonaro, acusada de conspirar contra el presidente Lula. Aunque a los pocos días se desbloquearon las cuentas bancarias de las empresas de Musk en Brasil porque pagó las multas, esta medida ha tenido un gran impacto popular para frenar a la extrema derecha.