La derecha intensifica su operativa golpista contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

La consigna “fuera Petro” se terminó por convertir es un eslogan revelador sobre la postura de un sector opositor que insiste en la ilegitimidad del gobierno colombiano, por primera vez en la historia de corte progresista, un dato que no es menor. Se trata de un ataque contra el progresismo al que no se debate ni controvierte, mientras se impone la idea de que es incompatible con algunos principios liberales como la economía de mercado, la libertad de empresa, el Estado de derecho y hasta los derechos humanos. No deja de ser paradójico porque este conservatismo reaccionario avanza en el mundo con el discurso anti derechos amparado en las improvisadas y jabonosas tesis del globalismo, la ideología de género y el supuesto odio de clases, constructos sin bases, pero de un atractivo que debe preocupar.

Esta semana por cuenta de una decisión de una sala del Consejo de Estado (es el máximo tribunal del contencioso administrativo) se aclaró que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad para investigar la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Ese Consejo tiene una composición en la que tienen una cuota los partidos políticos y está encargado de investigar y ejercer una vigilancia sobre las campañas en las elecciones según el artículo 265 de la Constitución colombiana. El CNE no es un tribunal electoral, ni tiene competencias para juzgar al presidente, cuyo juez natural es el Congreso, como suele ocurrir en los presidencialismos. 

¿Está en marcha un golpe blando contra Petro? No hay consenso dentro de los sectores opositores sobre la viabilidad de una acción de ese tipo

Ahora bien, la sensación que ha quedado en los medios y en parte de la llamada opinión pública es que, a raíz de la decisión del Consejo de Estado y por la postura insistente del CNE en denunciar la violación de los topes (umbrales) de financiación de la campaña, el gobierno tendría un manto de ilegitimidad. Claro, corresponde a las autoridades investigar la campaña, pero no al presidente pues ésta es competencia exclusiva del Congreso. La investigación además es extemporánea y no tiene en cuenta que la financiación de la campaña no debe incluir a los costos en los que se incurre para el desplazamiento de los testigos electorales el día de la elección, tal como reza la acusación en contra de la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022.

¿Está en marcha un golpe blando contra Petro? No hay consenso dentro de los sectores opositores sobre la viabilidad de una acción de ese tipo. Si bien es cierto que un sector del establecimiento aún no acepta el resultado de las urnas, su salida abrupta del poder significaría un estallido social sin antecedentes en la historia contemporánea colombiana. En estos dos años de gobierno de izquierda, la extrema derecha se ha desubicado pues la apuesta era que fuese tal el descalabro económico y la ingobernabilidad que casi sin mover un dedo, Petro terminaría pasando a la historia como el peor experimento político del último tiempo y prevaleciera una suerte de nostalgia por estas décadas ininterrumpidas de neoliberalismo desde los 90 (con la excepción de Ernesto Samper, 1994-1998, liberal progresista). No obstante, el desempleo está en un digito, la inflación bajo contracción (mérito mayor pues se ha presumido que la inversión social tiene efectos inflacionarios), 1,5 millones de personas salieron de la pobreza y el crecimiento económico proyectado por el Banco Mundial para 2025 ubica a Colombia entre los que más expansión tendrán en América Latina. Nada más contrario a los planes de la oposición.

El progresismo llegó al poder en Colombia después de años en que se han agolpado y atorado las demandas sociales que debieron ponerse en práctica para compensar los efectos desastrosos de la “apertura económica”

Por eso, esta profecía autocumplida del colapso pasa por desinformar en lugar de controvertir las reformas presentadas al Congreso y que son, hoy por hoy, columna vertebral de la izquierda colombiana: salud, trabajo, servicios públicos, educación y reforma rural integral (tierras, seguridad y soberanía alimentarias, organización campesina), trasformaciones que mientras en otros lugares de América Latina y el Caribe, ocurrieron en el ciclo progresista de comienzos de siglo, en Colombia eran inviabilizadas a la fuerza por el gobierno de Álvaro Uribe el más reaccionario desde los tiempos de la globalización. Dicho de otro modo, mientras el progresismo cambiaba el mapa de fuerzas sociales en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, y Chile, entre otros, en Colombia se padecía por las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y la persecución sistemática.    

El progresismo llegó al poder en Colombia después de años en que se han agolpado y atorado las demandas sociales que debieron ponerse en práctica para compensar los efectos desastrosos de la “apertura económica”. Tal rotulo es un eufemismo para denominar el neoliberalismo más agresivo puesto en práctica desde comienzos de los 90 y acelerado en los últimos años, bajo el impulso de la suscripción de Tratados de Libre Comercio y la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sin haber consultado internamente con los sectores productivos más afectados. No sólo se atrofiaron las capacidades agroindustriales comprometiendo seriamente las posibilidades de la soberanía y seguridad alimentarias, sino que se afectaron los procesos de integración y concertación regional.

El golpe blando no es la primera opción de la derecha para aniquilar el progresismo. La prioridad en el corto plazo es reducir los márgenes de maniobra para neutralizar cualquier iniciativa popular de cambio y que sea tal la parálisis y el caos económicos, que sean los más pobres quienes asuman sus costos. Las clases más acomodadas o prosperas tienen suficiente oxigeno para aguantar una coyuntura de ese tipo. Sin embargo, sembrar el desespero en la clase media y en los más pobres es la mejor alternativa para que Petro salga por la puerta de atrás en 2026 y quede instalada la sensación de que jamás en la historia se puede volver a votar por la izquierda. En cada una de las reformas presentadas se termina hablando con imprecisiones, informaciones parciales y noticias enmarcadas según el interés del establecimiento reaccionario e incluso con noticias falsas (como el supuesto desabastecimiento de combustible para el transporte aéreo). En todas se busca dejar la idea de que el gobierno es ilegitimo, improvisa y atenta contra el Estado de derecho, la libertad empresarial y la economía de mercado. En estos dos años se ha abusado de términos como expropiación, estatización, nacionalización e incluso llegando a especular sin fundamentos sobre la salud mental de Petro. Lo anterior en contravía de todos los consensos que habían surgido tras dos años de pandemia acerca de no instrumentalizar, ni manosear las condiciones o enfermedades mentales. Se trata de la puesta en práctica del derrotero moral del uribismo (Álvaro Uribe Vélez): todo está permitido siempre y cuando se pueda contener al progresismo. Es el retorno de la doctrina de contención al comunismo, reeditada en el discurso anti derechos de un conservatismo que aspira a un golpe de fuerza. Es decir, la imposición a la fuerza de límites para las transformaciones renunciado a la deliberación y precipitando una catástrofe económica que deberán asumir las más pobres y tendría por resultado la impopularidad y consecuente inviabilidad futura del progresismo.  Solamente la movilización social y la unidad en el seno de las izquierdas colombianas sumadas a la convicción democrática de sectores independientes, pueden salvar la democracia colombiana en esta lucha entre fuerzas extremadamente desiguales.