La Ley Mordaza sigue en vigor: multada con 601 euros por frenar el desahucio de un vecino

Paqui González enseña la multa que le han puesto por parar un desahucio

Raúl Solís

La norma, aprobada en 2015 por el PP, no se ha reformado por la negativa del PSOE a prohibir el uso de las pelotas de goma por los antidisturbios.

En 2011, cuando el estallido de la crisis inmobiliario hacía volar los ladrillos en forma de desahucios, despidos y empobrecimiento de las clases medias y populares, Paqui González acudió al grupo del 15M que se había formado en su pueblo para preguntar de qué manera podía echar una mano. “Yo veía a la gente de mi barrio perder su casa y el trabajo y me ponía mala”, argumenta esta mujer de 54 años y vecina del municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache.

San Juan de Aznalfarache (21.000 habitantes), situado a escasos kilómetros de la capital andaluza, es uno de los pueblos con menor renta per cápita de la provincia de Sevilla y los problemas de vivienda afectan a más de 2.000 familias del municipio, según relata Juanma Santos, activista del grupo local en defensa de la vivienda que se moviliza cada vez que un vecino acude a solicitar ayuda. Si en 2011 los problemas de desahucios eran sobre todo de propietarios que no podían hacer frente a su hipoteca, “ahora lo más común son familias que no pueden hacer frente al alquiler”, subraya Santos, que lamenta que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno municipal del PP en el municipio sevillano ha sido eliminar la Concejalía de Vivienda.

El 19 de mayo de 2023, Antonio, un vecino del municipio, tenía la citación judicial de su desahucio, a las 9 de la mañana. Ni corta ni perezosa, allí acudió Paqui, que vive dos calles más arriba de Antonio, junto a sus compañeros del grupo de defensa de la vivienda. “Éramos unos 15 o 20 nada más, había más policías que vecinos. Yo al ver a tantos policías y furgones me temía lo peor, pero nunca pensé ni que me fueran a pegar ni que encima de irme calentita para casa me iban a poner una multa de 600 euros”, dice.

A pesar de que el propietario de la vivienda le entregó las llaves a la policía para evitar que destrozaran la puerta, los agentes cargaron contra los activistas de una forma que Paqui no recuerda, a pesar de que “tengo muchos desahucios a mis espaldas”. Después del desahucio que no pudieron frenar, Paqui denuncia que sufrió una paliza por la policía que le dejó la pierna llena de moratones. “Tengo aquí el parte médico”, muestra mientras narra que la denuncia que interpuso por la brutalidad policial ha sido archivada.

Lo que no sabía Paqui es que no sólo se iba a ir a casa llena de moratones. La semana pasada ha recibido una notificación certificada de Correos en su casa de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El atestado policial, al que ha tenido acceso Diario Red, dice que “la denunciada desobedece los mandatos de los agentes actuantes para que se marchara del lugar donde se estaba produciendo un lanzamiento judicial y presenta una actitud desafiante ante las fuerzas policiales”.

INDEFENSIÓN

Paqui niega el atestado policial, “pero es la palabra de un policía contra la mía y la de los policías vale más, ¿qué hago”, se queja de la indefensión. En concreto, le imponen una multa de 601 euros por haber infringido el artículo 49.1 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’.

“Pero que no se piensen que a mí esta multa me va a meter miedo, que es eso lo que buscan. La próxima semana hay otro desahucio señalado y allí que estaré, que me multen todo lo que quieran, pero yo no voy a dejar de ayudar a mis vecinos”, avisa, a la vez que le manda un mensaje a Pedro Sánchez: “¿A qué estás esperando a derogar la ley mordaza, miarma, a que nos metan a todos presos por parar un desahucio?”.

A otros dos vecinos de Paqui se los llevaron detenidos y están a la espera de recibir la multa, que prevén que sea mayor de 601 euros, lo que destrozará la economía doméstica de los afectados. La multa de Paqui, que cobra 500 euros de pensión por incapacidad permanente, será pagada por la contribución solidaria desde 3 euros de vecinos de San Juan de Aznalfarache, “aunque todavía nos faltan 100 euros para llegar”, recuerda. Si paga la multa antes de 15 días, se rebaja a la mitad y de ahí que el grupo local en defensa de la vivienda se haya activado para conseguir sumar los 300 euros a la mayor brevedad posible. “El problema no es pagar 300 euros, que es una barbaridad, sino la impotencia de que me han multado por acudir a ayudar a un vecino. ¿En qué mundo vivimos que se multa a quien ayuda a un vecino mientras hay políticos y empresarios que roban lo más grande y no ven nunca la cárcel?”, argumenta indignada.

“Pero que no se piensen que a mí esta multa me va a meter miedo, que es eso lo que buscan. La próxima semana hay otro desahucio señalado y allí que estaré, que me multen todo lo que quieran, pero yo no voy a dejar de ayudar a mis vecinos”, avisa, a la vez que le manda un mensaje a Pedro Sánchez: “¿A qué estás esperando a derogar la ley mordaza, miarma, a que nos metan a todos presos por parar un desahucio?”.

REFORMA FRUSTRADA

La derogación de la Ley Mordaza era uno de los compromisos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos por el que se conformó el Gobierno de coalición en 2019. Sin embargo, la negativa del PSOE a prohibir las pelotas de goma por los antidisturbios, demanda muy perseguida por Esquerra Republicana y Bildu, dio al traste con la reforma y la norma que sigue en vigor es la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 con el objetivo de frenar la contestación social a las medidas aprobadas por el PP para afrontar la crisis económica. Sumar llevaba en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones del 23J la derogación de la ley mordaza, mientras que el PSOE, que lo incluyó en su programa de 2019, lo ha obviado. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en España se han interpuesto más de 1,2 millones de sanciones y la recaudación asciende por encima de los 800 millones de euros. Por comunidades autónomas, Andalucía es el territorio con más sanciones y mayor recaudación, seguido por el País Valenciano y Canarias. Por tipo de infracciones, las multas más habituales son por consumo de drogas en la vía pública o por desobediencia o resistencia a la autoridad, que es el artículo por el que han interpuesto una multa de 601 euros a Paqui González y a cientos de activistas que siguen siendo denunciados por la Ley Mordaza por acudir a frenar el desahucio de un vecino.