Podemos recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo del gobierno para ampliar el puerto de Valencia
Este martes 19 de diciembre se ha aprobado en el Consejo de Ministros la ampliación del Puerto de Valencia. Esta operación ha sido duramente criticada y denunciada por la sociedad civil valenciana, como es el caso de la Comissió Ciutat Port, que considera que esta obra es “innecesaria, despilfarradora y contraproducente”. En un sentido similar se ha expresado el partido morado, que ha confirmado esta mañana que va a recurrir ante el Tribunal Supremo el Acuerdo de Consejo de ministros que autorizó el gasto. En paralelo, también recurrirá el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Valencia de diciembre de 2022 solicitando una revisión de nulidad puesto que hubo una suspensión parcial cautelar que no se respetó.
Según Podemos, esta operación ha sido autorizada sin existir un pronunciamiento claro sobre si la Declaración de Impacto Medioambiental, que se realizó en el año 2007 y que no tiene en cuenta las modificaciones del proyecto, es válida o no. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente en enero la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que otorgaba a la Autoridad Portuaria de Valencia la competencia para decidir si se necesitaba otra DIA o no.
El procedimiento sigue judicializado porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha aceptado recientemente la petición de la plataforma Comissió Ciutat Port para llevar a cabo una prueba pericial del impacto ambiental que supondría la ampliación que ha aprobado el Gobierno. No obstante, y a pesar del proceder del TSJV, el Ejecutivo ha seguido adelante sin esperar a que se resuelva la petición.
El procedimiento sigue judicializado porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha aceptado recientemente la petición de la plataforma Comissió Ciutat Port para llevar a cabo una prueba pericial del impacto ambiental que supondría la ampliación que ha aprobado el Gobierno.
Por su parte Comissió Ciutat Port comunicó ayer en una nota de prensa que es necesario “recordar que este proyecto se desarrolla amparado por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007. Más de 15 años después, y tras finalizar la primera fase hace ya doce años, el proyecto original ha sufrido importantes y más que relevantes modificaciones: la ubicación y dimensiones de la terminal han sido totalmente modificadas, tanto que han tenido que recalcular los diques; los dragados y canales de acceso han sido alterados; no se sabe de dónde sacarán los materiales de relleno; se demolerá un dique que no se llegó a estrenar; la terminal de cruceros ahora se va a reubicar (sin ningún estudio ambiental que lo avale) junto a los barrios costeros de la ciudad, a pesar de que la contaminación ligada a estos grandes buques es un problema de primera magnitud”.
La plataforma sostiene que “existen fundados argumentos jurídicos para afirmar que dicha DIA ni ampara el proyecto que hoy previsiblemente se aprueba ni en cualquier caso gozaría de vigencia o validez después de tanto tiempo. El Gobierno de España y su nuevo ministro de Transportes cometen un grave error avalando este proyecto, dado que la propia Abogacía del Estado, a finales de 2022, alertó que ningún organismo había validado de manera vinculante la validez de la DIA. El propio Defensor del Pueblo, en marzo de 2023, exhortó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a ejercer sus responsabilidades e intervenir de oficio en el asunto”.
“Se trata de un proyecto dotado con una partida de más de 665 millones de euros, este inmenso desembolso de dinero público supone un claro retroceso en las medidas de protección del medioambiente y adaptación al cambio climático de las que el Gobierno hace gala. La gran ampliación portuaria responde a las necesidades logísticas privadas de una naviera multinacional, MSC, con sede en Suiza y de origen napolitano. De espaldas a la ciudadanía y a sus reivindicaciones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa esta gran infraestructura sobre la que se ciernen grandes incertidumbres con relación a su seguridad jurídica y medioambiental, pero también económica”, declara la plataforma.
