Honduras se planta frente a Estados Unidos

Tras ciento quince años de operatividad, el gobierno de la República de Honduras ha puesto fin al Tratado de Extradición que el país firmó en 1909 con Estados Unidos, que había sido decisivo en años recientes para que alrededor de cincuenta personas de origen hondureño fueran puestas a disposición de la justicia estadounidense, acusadas de delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Xiomara Castro, jefa del Ejecutivo hondureño, ha tomado esta medida tras las declaraciones injerencistas de Laura Dogu, embajadora estadounidense en Tegucigalpa, que declaró que le parecía “bastante sorprendente ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”. Realmente, la máxima representante de Washington en suelo hondureño estaba haciendo referencia al encuentro entre autoridades del gobierno centroamericano con Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.

Padrino, hombre fuerte del entorno del presidente Nicolás Maduro, es su ministro de Defensa desde 2014 y ha sido designado nuevamente para este cargo en el nuevo gabinete venezolano, conformado recientemente. La configuración de un nuevo equipo de gobierno sin que la oposición haya reconocido la victoria electoral que proclamó el CNE ─sin hacer públicos los datos desagregados de la elección presidencial─ no ha contado con el aval de numerosos estados de la región, algunos de los cuales han defendido que fue Edmundo González el verdadero ganador de los comicios.

En cualquier caso, la posición del gobierno de Honduras no casa con la línea defendida por Estados Unidos, Argentina y otros gobiernos. Tegucigalpa fue uno de los primeros actores en reconocer a Nicolás Maduro como presidente (re)electo de Venezuela, en línea con otros actores regionales como Cuba, Nicaragua o Bolivia. La acusación de Dogu contra Padrino extiende una crítica al Ejecutivo hondureño por su decisión de reconocer a Maduro, constituyendo una postura injerencista en la política exterior del país centroamericano y una seria acusación al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor, a quienes acusa de sentarse con “un narcotraficante”.

La decisión de Castro, que ha contado con el respaldo de la institucionalidad hondureña, en particular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, envía un severo mensaje a la diplomacia estadounidense en Centroamérica

Xiomara Castro declaró en su perfil de “X” que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos.”

La decisión de Castro, que ha contado con el respaldo de la institucionalidad hondureña, en particular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, envía un severo mensaje a la diplomacia estadounidense en Centroamérica: las embajadas de Washington en la región han de ser cuidadosas con sus posicionamientos públicos en materia de las decisiones que tomen los estados independientes. Honduras forma parte de Petrocaribe ─iniciativa dentro de la cual Caracas ejerce como verdadero pivote─ y sostiene buenos lazos con el gobierno de Maduro, por lo que la respuesta de su gobierno era en cierta medida esperable.

La orden de la presidenta hondureña es, además, un movimiento de ficha específico y no tanto un “brindis al sol”, por cuanto el Tratado al que se ha puesto fin estaba operando en efecto y había sido crucial para la detención y encarcelamiento en Estados Unidos de, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, ex presidente del país (2014-2022) cuya extradición fue confirmada en abril de 2022 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las declaraciones de Enrique Reina, ministro de Relaciones Exteriores, confirmaron la postura anti injerencista del gobierno de Castro:

“La presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1902 [...] las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia; en no tratar de imponer políticas. No importa las posiciones que asuma otro estado por los intereses que sea con otro estado. No se le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del tema”

Los embajadores estadounidenses a menudo ejercen presiones y realizan declaraciones públicas con el objetivo de influir en la política interna de los países

Ciertamente, aunque Washington ha postulado un cierto perfil bajo en recientes conflictos políticos en Latinoamérica, e incluso se ha mostrado más titubeante de lo esperado en relación al caso venezolano, no ha abandonado la pretensión directiva sobre la política regional. Los embajadores estadounidenses a menudo ejercen presiones y realizan declaraciones públicas con el objetivo de influir en la política interna de los países, tendencia que desató recientemente un conflicto diplomático entre México y la administración Biden, tras las críticas declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando en el país.

La lista de crisis, conflictos y desencuentros causados por los embajadores estadounidenses a lo largo y ancho del globo es larga e incluye a países tan distantes como Siria, Ecuador o Albania. De hecho, recientemente Washington tomó una postura similar en  relación a uno de sus principales socios en el mundo: India. Tras la visita del primer Ministro Narendra Modi a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, que suscitó el rechazo del gobierno de Biden, el embajador estadounidense en India, Eric Garcetti, advirtió a Nueva Delhi en los siguientes términos: “No des por sentada la relación, disfrútala todos los días. Invierte en ella. Es como un matrimonio; escuchémonos en esta relación.”

Yendo más allá, el gobierno de Honduras vinculó el movimiento injerencista de Washington con la estrategia desestabilizadora que, según critica, algunos sectores de la política nacional sostienen contra el estado. Honduras, de hecho, sufrió un golpe de estado en 2009 que logró derrocar a Manuel Zelaya, entonces en el Partido Liberal y hoy integrante del Partido Libre, del que también forma parte Xiomara Castro (esposa del propio Zelaya). La excusa de los sectores insurrectos en aquel momento fue el intento del gobierno de impulsar un proceso constituyente; hoy, el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, avisó de lo siguiente:

“Condenamos las acciones injerencistas y desestabilizadoras en contra del gobierno legítimamente constituido que incentivan la evidente conspiración para asestar un golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral. Estas acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio del derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, que permite la convivencia pacífica entre las naciones de la comunidad internacional.” Avisó, además, que con motivo del fin del Tratado de Extradición, de aquí en adelante Honduras continuará “el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico”, pero lo hará bajo sometimiento de su propia justicia nacional.