Seísmos políticos en el último mes de AMLO

Septiembre es un mes de alta sismicidad en el imaginario colectivo de los mexicanos. Terremotos de gran potencia han cimbrado la tierra en al menos tres ocasiones, dejando una estela de destrucción. Este septiembre de 2024, los tremores son de otra naturaleza: un trío de reformas constitucionales lanzadas por el oficialismo que han cimbrado el debate público y han dejado a la vista los pilares del Estado. El factor de contexto que lo hace viable es la coincidencia del último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer mes con mayoría del oficialismo en ambas cámaras.

Como se venía vislumbrando, la coalición oficialista consiguió los votos necesarios para aprobar sin mayor discusión —aunque no sin escándalos, protestas y sombrerazos— la reforma judicial. Como había señalado en un artículo anterior, la reforma se centra en la elección de jueces y en nuevos mecanismos de control por parte del Ejecutivo y el Legislativo, pero no atiende puntos clave de acceso a la justicia ni cambia el creciente populismo punitivo, incompatible con posiciones de izquierda.

El voto decisivo a favor de la reforma judicial lo dio un senador panista cuyo padre y suplente en la curul, el corrupto exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido señalado por ser parte de una red de poderosos pederastas. Por otro lado, personajes siniestros —y fracasados— de la derecha, como el empresario Claudio X. González y el expresidente Ernesto Zedillo, se autoadjudicaron el papel de líderes defensores de la independencia judicial, haciéndole flaco favor a una discusión de fondo que nunca llegó y dándole razones al oficialismo para sostener su argumento de la necesidad de romper el pacto de los juzgadores con la oligarquía. Simbólicamente, la aprobación de la reforma confirma que el oficialismo podrá pasar ahora cualquier ley, ante una oposición partidista de derecha, moribunda y que sigue sin entender que su burbuja se reventó hace seis años.

Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial aún no se han enfriado y ya se anunciaron otras dos reformas prioritarias en este septiembre: la de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma en materia de pueblos indígenas. Su discusión en comisiones se realizará en los próximos días.

La Guardia Nacional es la policía federal de este sexenio. Creada por AMLO en 2019, inspirada en la Guardia Civil española y los Carabinieri italianos, vino a sustituir a la corrupta y represora Policía Federal. La GN ha lidiado con cuestionamientos por las implicaciones de su composición y carácter militar en sus poco más de cinco años de vida, aunque nació teóricamente como un cuerpo civil. AMLO prometió, como parte de su llamado Plan C, que la Guardia pasaría formalmente a ser un cuerpo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma, haciendo constitucionales aspectos rechazados el año pasado por la Suprema Corte, extenderá el fuero militar a las funciones que realiza la GN que se consideren relacionadas con la disciplina militar, les conferirá facultades de investigación en delitos federales y le permitirá a las Fuerzas Armadas realizar “cualquier tarea” que se les encomiende.

Para Claudia Sheinbaum, las políticas para enfrentar la violencia criminal serán sin duda uno de los aspectos más difíciles de resolver, pues la crisis es multifactorial y no da visos de disminuir

Los aspectos negativos de una reforma de este tipo ya han sido señalados por diversas organizaciones de derechos humanos y por la CIDH y la ONU a lo largo del sexenio. Además, el Ejército sigue negándose a rendir cuentas por diversos y graves crímenes cometidos por sus mandos y tropas en las décadas pasadas y en los años recientes. Sin embargo, para el oficialismo, el apoyo del Ejército es fundamental tanto para su política de seguridad como para asegurar que proyectos prioritarios salgan adelante y para atajar tentaciones de algún hipotético golpe de Estado. Ya aprobada en comisiones, la reforma pasará a la voz de ya al pleno de la Cámara de Diputados. Para Claudia Sheinbaum, las políticas para enfrentar la violencia criminal serán sin duda uno de los aspectos más difíciles de resolver, pues la crisis es multifactorial y no da visos de disminuir.

Hay una posición, más sencilla pero no por ello menos acertada, que señala que López Obrador quiere que Sheinbaum concentre en sus manos todos los mandos posibles del Estado para navegar el sexenio con los menores sobresaltos posibles

Muchos analistas han aventurado las razones de AMLO para provocar semejante tsunami legislativo a unas semanas de abandonar el poder: ganas de marcarle el paso a la futura presidenta, una advertencia de que tiene los hilos en las manos, un recordatorio de que tiene que cumplir con lo que él prometió, venganza contra quienes detuvieron parcialmente sus proyectos o mero protagonismo. Hay otra posición, más sencilla pero no por ello menos acertada, que señala que López Obrador quiere que Sheinbaum concentre en sus manos todos los mandos posibles del Estado para navegar el sexenio con los menores sobresaltos posibles.  

La tercera reforma es aquella en materia indígena, que se ha celebrado como una manera de hacer justicia a los pueblos largamente violentados y marginalizados. Hay vítores y autofelicitaciones por adelantado. En un país en el que los indígenas mayas se levantaron en armas por Democracia, Libertad y Justicia, y que luego fueron traicionados por el gobierno que se sentó a la mesa de negociación con ellos y por los propios legisladores, una reforma que reconozca sus derechos colectivos fundamentales y permita la defensa efectiva de sus territorios ante el desarrollismo es efectivamente una deuda sangrante. Sin embargo, esta reforma justamente le vuelve a dar la vuelta a esta deuda: al tiempo que retoma algunos elementos positivos como la posibilidad de ejercer presupuesto, el reconocimiento de sistemas normativos, el derecho al consentimiento o cuestiones relativas a salud, lengua y cultura, omite el central derecho a la libre determinación y a la autonomía, que implica tener control de sus territorios.

Sin territorios en los que se desarrollen sus modos de vida y vivan su cosmovisión, la lengua y la cultura de los pueblos indígenas perderán su anclaje y su razón de ser

Para los pueblos indígenas, su relación de interdependencia con la tierra/territorio es el elemento fundamental y distintivo de su ser colectivo. Sin territorios en los que se desarrollen sus modos de vida y vivan su cosmovisión, la lengua y la cultura de los pueblos indígenas perderán su anclaje y su razón de ser. Sin derecho a la libre determinación —que en la reforma se sustituye por un ambiguo “derecho a conservar y mejorar el hábitat”—, los pueblos quedan jurídicamente vulnerables ante el extractivismo y el desarrollismo, tanto el empresarial como el de los proyectos del Estado. Lamentablemente, todo el espectro partidista parece seguir negándose a reconocer que los pueblos indígenas tienen la capacidad y el derecho de decidir qué tipo de vida quieren en sus territorios.

En las semanas de tsunami político, el debate público ha sido polarizado. Cualquier persona que le ponga grises a las reformas es tachada de corrupta y derechista; cualquier persona que defienda las bondades de ellas, es acusada de ignorante y comprada por los programas sociales. Mientras, regiones del país están siendo azotadas por una violencia criminal imparable. ¿Qué de estas reformas y de estos gritos va a ayudar a parar las balas?