BlackRock, el Gobierno de España y los Lamborghini

Esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a que el fondo buitre estadounidense BlackRock amplíe sus tentáculos en nuestro país adquiriendo el 20% de las acciones de una empresa estratégica en el sector de la energía como es Naturgy. Sin declaraciones por parte del Ejecutivo sobre una operación que bien podía haber autorizado Feijóo, esta entrada de capital supone un avance de posiciones notable por parte del gigante extractivista que dirige Larry Fink, que ya cuenta con participaciones significativas —más del 3%— en más de la mitad de las grandes empresas del Ibex35, situándose como principal inversor de la Bolsa nacional.

Esta nueva expansión por parte de Blackrock se ha producido tan solo quince días después de que el presidente del Gobierno llevara a cabo un discurso de inicio de curso en el que adoptaba una retórica de izquierdas digna de su campaña de primarias de 2017 con un lema que ha sido muy comentado y analizado estas semanas: “más autobuses públicos y menos Lamborghinis”.

Como ya señalamos en el editorial del 5 de septiembre, en aquel discurso Sánchez afirmó que el Gobierno iba “a acotar los privilegios de las élites” y “a gravar a los que tienen dinero para vivir 100 vidas”. Además, señalaba que entre sus objetivos estaba combatir la crisis climática y el problema de acceso a la vivienda, llegando a decir que desde el Ejecutivo iban a “perseguir la especulación, fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos”.

El discurso de Sánchez sobre la necesidad de combatir la crisis climática y reducir los privilegios de las élites choca de nuevo contra la realidad, ya que a la vista de cualquiera no parece una estrategia de izquierdas óptima para afrontar los retos del clima que un gigante mundial financiero que se dedica a la especulación

Pero de nuevo, como ya ocurriera con la carta de los cinco días de abril y con la visita de Milei a España, la política de hechos ha vuelto a desnudar el relato del Gobierno y muestra cómo, una vez más, desde Moncloa vuelven a tomar una decisión que podría haber adoptado Génova 13 de la mano de Ayuso y de Feijóo. El discurso de Sánchez sobre la necesidad de combatir la crisis climática y reducir los privilegios de las élites choca de nuevo contra la realidad, ya que a la vista de cualquiera no parece una estrategia de izquierdas óptima para afrontar los retos del clima que un gigante mundial financiero que se dedica a la especulación y a la compra de deuda pública controle una quinta parte de una empresa energética.

Para hacerse una idea sobre el grado de influencia y poder que tiene este fondo de inversión en el campo de la energía dentro de nuestras fronteras, basta saber que posee más de un 5% de acciones en empresas como Repsol, Iberdrola, Enagás o la antigua Red Eléctrica. Instalada en España desde 1994, Blackrock además opera en el sector bancario con acciones significativas —más del 3%— en Sabadell, BBVA, Santander y Caixabank. Y como no podía ser de otra manera, también tiene presencia en las corporaciones mediáticas de nuestro país como Mediaset y Atresmedia.

En nuestro país BlackRock tiene activos por más de 24.000 millones de dólares, y a nivel mundial posee 10,5 billones de dólares en activos bajo gestión. De unos años a esta parte, entre los principales objetivos del fondo se encuentran las infraestructuras y las empresas energéticas.

Su amplia presencia en consejos de administración de las grandes corporaciones del país supone sin lugar a dudas un peligro para nuestra soberanía nacional y un claro obstáculo para que desde el Congreso de los Diputados se puedan llevar a cabo políticas dirigidas a proteger a la mayoría social y no a los intereses especulativos de las grandes multinacionales

Su amplia presencia en consejos de administración de las grandes corporaciones del país supone sin lugar a dudas un peligro para nuestra soberanía nacional y un claro obstáculo para que desde el Congreso de los Diputados se puedan llevar a cabo políticas dirigidas a proteger a la mayoría social y no a los intereses especulativos de las grandes multinacionales que operan en nuestro territorio. A la hora de regular la factura del gas y de la luz o el acceso a la vivienda, la capacidad de influencia de fondos buitre como BlackRock, Cerberus o BlackStone, que como hemos señalado arriba también se dedican a comprar deuda pública de los países europeos, limita el campo de acción de la democracia a favor de proteger el interés general de la población.

Pero de momento no parece que la expansión de los grandes fondos de inversión en nuestro país sea un motivo de preocupación para el PSOE a día de hoy, sino más bien todo lo contrario. O al menos es así cuando se trata de BlackRock y Larry Fink, procedentes de Estados Unidos. Porque si uno se fija en los acontecimientos del último año, las decisiones del Gobierno parecen estar también completamente regidas por la geopolítica.

Esta gran participación en Naturgy autorizada por el Gobierno de Sánchez, resulta aparentemente contradictoria con otra decisión que tomó hace unas semanas el Ejecutivo y que supuso el veto a la entrada del grupo húngaro Ganz-MaVag en la empresa ferroviaria Talgo, alegando que esta operación conllevaría “riesgos para la seguridad nacional”. En este caso resulta obvio que la decisión del Gobierno al respecto tiene que ver con la cercanía de Viktor Orban a Vladimir Putin. También resulta extraño este comportamiento permisivo de Moncloa hacia BlackRock si se tiene en cuenta que hace meses, debido a la entrada de un fondo catarí en Telefónica, el Estado a través de la SEPI igualó la participación del 10% en la empresa de telecomunicaciones, debido a la importancia estratégica de esta compañía.

A tenor de los hechos solo cabe pensar que a lo mejor Pedro Sánchez considera que, a diferencia de Talgo y Telefónica, una empresa del sector energético como Naturgy no es estratégica ni clave para los intereses de nuestro país y que por tanto no merece ser protegida ante las garras de un fondo buitre norteamericano

A tenor de los hechos solo cabe pensar que a lo mejor Pedro Sánchez considera que, a diferencia de Talgo y Telefónica, una empresa del sector energético como Naturgy no es estratégica ni clave para los intereses de nuestro país y que por tanto no merece ser protegida ante las garras de un fondo buitre norteamericano. O a lo mejor, y más probablemente, piensa que si los capitales proceden de norteamérica, la pérdida de soberanía nacional no resulta tan nociva para nuestro territorio.

Y es que parece que la sintonía entre Blackrock y el Gobierno se viene fraguando desde hace tiempo. Hay que recordar que en mayo de este año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asiduo al palco del Santiago Bernabéu, celebraba y consideraba una gran noticia que hablaba de la buena marcha del país, que este gigante del extractivismo económico mundial entrara con 60.000 millones en la economía española. La frase, repetimos, no la hizo Díaz Ayuso o Daniel Lacalle, sino Óscar Puente, que en teoría para la progresía mediática es uno de los azotes de la oposición por la izquierda.

Otro hecho que volvió a mostrar las costuras ideológicas del Gobierno bajo la retórica de izquierdas es la operación que tuvo lugar en agosto, por la cual BlackRock adquiría un edificio público en el centro de Madrid para hacer 153 viviendas de lujo a través de una subasta del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. De nuevo el discurso de Sánchez respecto a la vivienda volvió a quedar en evidencia frente a la acción concreta de su gobierno, que en esta como en tantas otras ocasiones podría estar firmada por el PP.

Mientras tanto, es de esperar que Larry Fink, CEO de BlackRock, se esté frotando las manos y prepare ya su nueva carta anual dirigida a accionistas, celebrando que este gestor de fondos mundial controla cada vez más y más sectores estratégicos en todo el planeta y que los estados ven reducida su capacidad de acción ante su expansión.