¿Podrán esta vez con el chavismo?

“En Venezuela no hay una crisis. En Venezuela hay un conflicto. Pero no es un conflicto interno, entre los venezolanos. Es un conflicto transnacional. Su carácter no es de orden político, sino de orden criminal. Pretender darle soluciones políticas convencionales a un conflicto de esta naturaleza, será infructuoso y devastador, como ha ocurrido hasta ahora. Un sistema criminal es capaz de provocar consciente y sistemáticamente la destrucción de la Nación; de su territorio, población e instituciones, aún sabiendo que eso será condenado internacionalmente. Los criminales no responden a los mismos incentivos y presiones ante las que actuaría una dictadura convencional. Develar al Estado Criminal, ha hecho que, por fin, la comunidad internacional se cohesione en una estrategia sólida con una ruta progresiva de presión. Nuestra posición siempre ha sido clara; con los capos de la delincuencia internacional sólo se negocia su rendición, no puede ni debe existir otra política pues es la única que entienden los criminales.  Para que las fuerzas externas -diplomáticas, policiales, financieras y judiciales- funcionen, se requiere una articulación y sincronización con las fuerzas de adentro: populares e institucionales, civiles y militares. Y estas fuerzas internas tienen que alinearse con una dirección política confiable; valiente y coherente; no chantajeable”, escribió de puño y letra María Corina Machado el 4 de noviembre de 2018, unos meses antes de la autoproclamación de Juan Guaidó.

Por aquellos meses, Corina Machado había tomado una postura que favorecía a una intervención militar de Venezuela por considerar que el país estaba dirigido por un “cartel criminal”. Un mes antes, había invocado la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”, usada por Estados Unidos y la Alianza del Tratado del Atlántico Norte para justificar el bombardeo de Libia en 2011, porque la comunidad internacional debía resguardar a los venezolanos de las “atrocidades” cometidas por el gobierno de Venezuela. “Esto no es una dictadura, ni siquiera un sistema totalitario. Aquí hablamos del crimen organizado en el poder”, afirmó en una marcha por la muerte del concejal de oposición Fernando Álban, fallecido, en extrañas circunstancias, durante su reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Corina Machado con estas palabras intentaba moldear los contornos del próximo gran movimiento de la oposición venezolana.

Meses después, en el despacho de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), los dirigentes opositores venezolanos acordaron ”la conformación de un trayecto, legítimo, constitucional, que pudiera ser respaldado por la comunidad internacional sin el temor de ser catalogada como compinches de un Golpe de Estado”. La propuesta discutida por Corina Machado, Leopoldo López, el exalcalde Antonio Ledezma, y Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, era que asumiese un “gobierno de transición” , dirigido por el diputado Juan Guaidó, cuando le tocara a Nicolás Maduro asumir su segundo mandato después del boicot contra su relección realizado por la mayoría del antichavismo. “Nicolás Maduro es un ilegítimo. El 10 de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder, que tiene obligación de ser llenado por la Asamblea Nacional, designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional”, aseveró Machado el 10 de enero, día establecido para la asunción presidencial, según la constitución.

La estrategia de “máxima presión” implicó mayores sanciones, bloqueo de fondos públicos y un embargo petrolero contra Venezuela. Y amenazas de una intervención militar por parte de Estados Unidos, que incluyó conversaciones de Donald Trump con otros presidentes latinoamericanos e , incluso, el ejercicio militar Puma en Argentina, entre abril y junio de 2019, que simulaba una invasión de Venezuela por parte de comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales de Argentina. La iniciativa de la oposición era tan simple como repetida; generar una presión internacional tan grande que llevase al quiebre de los militares venezolanos. “Esto no es una dictadura convencional, sino un estado criminal que se propuso acabar con la nación, y la única manera de sacarlo del poder es aplicando toda la fuerza cívica interna y a nivel internacional para provocar una ruptura. Por eso las democracias occidentales tienen que entender que un régimen criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza”, repitió Corina Machado.

Una de las explicaciones de la unidad del chavismo es la amenaza existencial que reviste la llegada al poder de un liderazgo de ultraderecha como el de María Corina Machado

Los militares venezolanos, en lugar de eso, se burlaron de las amenazas de John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, y los intentos de Juan Guaidó de pasar ayuda humanitaria a través de Colombia. Unos pocos oficiales venezolanos desertaron, a través de un puente que conecta ambos países, y en unos días, quedaron sin trabajo ni alojamiento en Colombia, un mal ejemplo para el resto de uniformados venezolanos. Pero faltaba todavía la última parte del plan prometido por Leopoldo López a John Bolton: el pronunciamiento de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, y el jefe del SEBIN, Cristopher Figuer, a favor de la asunción como presidente de Juan Guaidó.

El 30 de abril, en el distribuidor Altamira de la autopista caraqueña Francisco Fajardo, Guaidó y López, luego de ser liberado de su arresto domiciliario por el jefe de inteligencia, llamaron a los militares a desconocer a Maduro. De inmediato, Padrino López y Maikel Moreno dejaron de contestar su celulares a López y Guaidó. Y la conspiración murió por la tarde con desertores y políticos corriendo hacia las embajadas de Colombia, Chile y España en búsqueda de refugio. Tanto Bolton, como Guaidó y López, le habían hecho el favor a Maduro de revelarle la lista uniformados y altos funcionarios que conspiraban en su contra. Por el aire sobrevoló la sospecha de que Padrino López había simulado ser parte del plan para tenderles una trampa como si aquello fuera una película de espías.

De nuevas y viejas conspiraciones ¿hay algo diferente después de las presidenciales del 28 de julio?

La campaña presidencial de Edmundo González liderada por María Corina Machado retomó la vieja tesis de un gobierno de transición en Venezuela. “De manera pública hemos propuesto negociaciones con él y su círculo para permitir una transición pacífica del poder. Esta es la mejor oportunidad para que el régimen llegue a un acuerdo con nosotros. Las garantías políticas son necesarias para sanar las heridas y redirigir a nuestra nación a la democracia”, escribió María Corina Machado antes de las presidenciales en el New York Times. Las elecciones, como en 2018, debían ser un catalizador para reimpulsar la coalición anti gubernamental y rearmar un bloque internacional para presionar por una salida de Maduro. El cambio de enfoque de Coria Machado responde a las diferencias de cómo aproximarse al país de la Administración Trump y la de Biden; la primera tenía un enfoque militar con funcionarios a cargo del ámbito de inteligencia, como el exsecretario de Estado y jefe de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, y la segunda, en cambio, uno más civil con figuras, en su mayoría, del Departamento de Estado dependientes de Antony Blinken. Desde los tiempos de Trump, el Departamento de Estado posee un “Marco para la Transición en Venezuela”, que establece un Consejo de Estado provisorio que asuma las funciones del presidente, una amnistía general para los delitos que no sean de lesa humanidad, y que los altos mandos militares se queden en sus puestos, como condición necesaria para el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

El tanque de pensamiento Wilson Center, al que pertenece el secretario de Estado Blinken, consideraba en un informe de 2023, titulado Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto, que Estados Unidos y la oposición venezolana debían aprovechar las elecciones presidenciales y regionales para impulsar una “transición pacífica” de poder donde los “altos funcionarios del bando de Maduro tuviesen garantías de que no perderán sus derechos políticos, ni estarán sujetos a venganza si renuncian al poder”. El camino hacia ese momentum implicaba atar el relajamiento de las sanciones económicas a mejores condiciones para la oposición venezolana, según el documento escrito por Abraham F. Loewenthal, un académico experto en “transiciones de gobiernos autoritarios hacia la democracia” del Consejo de Investigación del Foro Internacional de Estudios Democráticos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), institución creada por la Administración Reagan en los años 80 para financiar ongs, sindicatos y organizaciones alineadas con los intereses estadounidenses.

Los acuerdos de Qatar, firmados entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, establecieron las condiciones para las presidenciales con observadores electorales, como el Centro Carter y la Unión Europea, el final de las inhabilitaciones y la ampliación del registro electoral en el exterior, entre otras condiciones, a cambio del relajamiento de sanciones en el sector petrolero y la posibilidad de que Caracas renegociara los bonos de su deuda en los mercados internacionales, según un documento revelado por Maduro aún no desmentido por Washington. Para el día de las elecciones, Mark Feierstein, exjefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado durante la Administración Obama, recomendó que Estados Unidos y la oposición tuviesen su propio conteo rápido para “que no se mienta en los recuentos de votos”. La oposición tiene un largo historial de publicaciones de actas falsas; donde destacan las firmas planas presentadas en 2002 a favor del referéndum revocatoria por parte de la ONG Súmate, creada por María Corina Machado con dinero de la NED. Para darle más verosimilud, esta vez, mostraron las actas de las presidenciales con sus respectivos códigos QR. La publicación de un resultado alternativo, sustentado en las actas en sus manos, construye un puente hacia la transición de la que hablan todos esos expertos. Al igual que la proclamación como ganador de Edmundo González por parte de Estados Unidos y un grupo de países latinoamericanos.

"Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. El nuevo gobierno de la república, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Asimismo, destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos. También le pedimos a los a los venezolanos que tengan familiares militares o policías "que les exijan no reprimir, que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular, expresada en los votos el domingo 28 de julio. Nosotros ganamos las elecciones sin lugar a duda; ahora lo que procede es proclamar a Edmundo González como presidente”, escribieron Corina Machado y González en una carta dirigida a los uniformados para que corten su cadena de mando. La matriz de opinión del llamado es que ellos, como los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “saben lo que sucedió en los centros electorales” en un claro intento de dividir la base del chavismo, un objetivo a largo plazo establecido por William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, en un cable diplomático enviado en 2007. Lo más evidente es que se da por valido este resultado alternativo, sin pasar ni siquiera por un escrutinio internacional como lo exigen los presidentes de México, Colombia y Brasil. “Negociaremos la salida, no los resultados”, remarca Machado.

Esta campaña de presión contra militares y militantes oficialistas ha incluido llamados desde el extranjero, ataques físicos, destrucción de infraestructura pública y el asesinato, al menos, de dos jefas de calle del PSUV, según los reportes del gobierno y el testimonio de los afectados. Uno de los episodios simbólicos fue la destrucción de varias estatuas de Hugo Chávez, cuyas imágenes se convirtieron en virales en las redes sociales como forma de cancelar del chavismo en la sociedad venezolana, e internacional, por convertirse en una “dictadura” bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Hay videos, e información creíble, de que en estos destrozos participaron bandas criminales, como el Tren del Llano, mezclados con manifestantes descontentos de los sectores populares de Venezuela. La respuesta del Estado fue una represión que implicó la detención de más de 2.000 personas, lo que rememora la frase de Hugo Chávez de “candelita que se prende, candelita que se apaga”, alusiva a las incipientes protestas estudiantiles de 2008 que, en su opinión, buscaban incendiar el país. Los cuerpos de seguridad han calificado estos disturbios como “actos de terrorismo” y los fiscales enjuiciado a los presuntos culpables bajo esta figura, lo que motivo la condena de organismos de derechos humanos de oposición, como el Foro Penal, por considerar que, muchas de estas detenciones, son “arbitrarias” y atentan contra el derecho a la protesta. Entre los arrestados están activistas y dirigentes de la oposición.

Para Tamara Taraciuk Broner del Wilson Center, en este contexto, la Casa Blanca, junto con sus aliados, debe ofrecer beneficios procesales a los militares y altos funcionarios del chavismo, sancionados o investigados en Estados Unidos por corrupción, para que tomen acciones concretas entre la elección y la toma de posesión presidencial el próximo diez de enero. ”Con incentivos adecuados, muchos miembros de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y las autoridades electorales podrían ver un futuro mejor para sí mismas en un transición a la democracia en Venezuela si cesan la represión, respetan la voluntad de los electores venezolanos, y evitan seguir ciegamente órdenes que violan los derechos humanos y las garantías constitucionales”. De esto es lo que habla Corina Machado cuando se refiere a “garantías políticas” que sanen las “heridas de los venezolanos”. La Casa Blanca, a través The Economist, ha informado que está dispuesta a dejar ir Maduro del poder sin consecuencias. Según Washington, lo único que se puede negociar en la mediación impulsada por Brasil, Colombia y México, es una transferencia de poder hacia Edmundo González.

La ventana de oportunidad para los murmullos, y las dudas sobre el resultado electoral, se alimentan de la falta de los resultados desagregados del Consejo Nacional Electoral y pruebas contundentes sobre el hackeo a la institución que habría detenido la transmisión de los datos

Si esa transición política por las “buenas” no funciona, con la campaña de fraude, la oposición ha puesto el piso a un desconocimiento de Maduro y un regreso a la “máxima presión” en un eventual gobierno republicano de Donald Trump. Un próximo ciclo que, es posible, busque ampliar la coalición opositora a otros sectores descontentos con el gobierno de Maduro con la narrativa de que su reelección fue un “fraude”, parecida al plebiscito realizado por el dictador Marco Pérez Jimenez para renovar su mandato que detonó, meses después, una revuelta el 23 de enero de 1958 que lo desplazó del poder. La oposición varias veces ha intentado recrear esa fecha bajo el chavismo: un 23 de enero de 2014, Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, llamaron a rebelarse contra el recién elegido Nicolás Maduro bajo el plan La Salida, un 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó en una plaza de Caracas después de que se desconociese la reelección de Maduro de 2018.

El gran problema para la oposición es que sus movilizaciones no son tan grandes como en el pasado. Y tampoco cuenta con sectores empresariales para impulsar un boicot, como en procesos anteriores, luego de que éstos se acercaran al gobierno para beneficiarse de sus políticas de apertura y liberación económica. “En Aporrea se pueden leer comunicados más cercanos a la realidad del país, más alineados con el sentir de la gente, que los que emite Fedecámaras”, sostiene el economista opositor Heikel García en alusión al portal de izquierda venezolana y la cámara empresarial más importante de Venezuela.

La campaña de fraude ¿tiene el potencial de quebrar el chavismo y aislarlo frente a la sociedad venezolana?

Según los manuales de cambio de “régimen no violento”, las fases de un movimiento insurreccional para generar “una transición” se basan en el ablandamiento, la deslegitimación, el calentamiento de calle, la desestabilización, y por último, la fractura institucional. La estrategia está con claridad en la fase de desestabilización previa a la concreción de una fractura institucional que depende, en gran medida, de la ruptura de los militares venezolanos con el liderazgo de Nicolás Maduro. Modesto Guerrero, autor de la biografía “Quién inventó a Chávez”, estima que cerca del 50% de los militares son chavistas; “radical o moderado, pero chavista. La otra mitad se reparte entre un sector conservador de derecha, incluso anti chavista y otro de tipo institucionalista, legalista o constitucional, pero no deliberante”. Los llamados de Corina Machado, por supuesto, parecen estar concentrados en acumular masa crítica en este sector para conseguir un pronunciamiento militar a su favor en los próximos días o meses.

La campaña de fraude también está dirigida a generar murmullos en las filas de los uniformados y las bases chavistas. En respuesta, Nicolás Maduro lideró manifestaciones a su favor de miembros de su partido, comuneros, jóvenes y adultos mayores , y también reuniones con empresarios y otros sectores de la sociedad venezolana. También ascendió de rango a militares en un acto de la Guardia Nacional Bolivariana, donde condecoró a los uniformados heridos en las protestas. Su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en respuesta a los llamados de Corina Machado y Edmundo González: “resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares incitándolos a desobedecer las leyes”. Los jefes de los componentes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) también visitaron cuarteles y bases militares donde se comunicaron con las tropas para mantener la línea de mando. “Exhortó al personal a no dejarse influenciarse a no dejarse influenciar por las redes sociales ya que es una batalla comunicacional que estamos dando”, sostuvo en una de esas visitas el almirante Neil Villamizar Sánchez, comandante general de las FANB. Para pocos pasó desapercibido como una militar negó el saludo a la líder opositora, el día de la votación, luego de que pidiera una intervención armada en el país.

Sin lugar a dudas, la ventana de oportunidad para los murmullos, y las dudas sobre el resultado electoral, se alimentan de la falta de los resultados desagregados del Consejo Nacional Electoral y pruebas contundentes sobre el hackeo a la institución que habría detenido la transmisión de los datos: de la existencia de un cibergolpe. Si bien Nicolás Maduro optó por presentarse en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que definiese el entuerto con una investigación y se apaciguase la crisis, la conversación política de la mayoría de la sociedad venezolana, incluidos muchos chavistas, se enfoca en una exigencia casi unánime de la publicación online de los resultados por mesas y centros electorales para definir la legitimidad del proceso. Durante estos días, voceros de la oposición han exigido, sin éxito, a los militares del Plan República, a cargo de resguardar los centros durante la votación, y los fiscales del PSUV que hagan públicas las actas de votación en su poder como una forma de alentar un quiebre. La resolución narrativa de esto es clave para el liderazgo del chavismo, no solo para la arena internacional, sino para dentro de la coalición de gobierno. La matriz de “fraude” es una bomba sucia apuntada a aislar al oficialismo de la sociedad venezolana y armar un cerco invisible sobre sus bases que la separe de su liderazgo.

Una de las explicaciones de la unidad del chavismo, por otro lado, es la amenaza existencial que reviste la llegada al poder de un liderazgo de ultraderecha como el de María Corina Machado. En uno de sus clásicos errores, además, la oposición ha repetido hechos de violencia y ataques físicos y virtuales a figuras del chavismo que convierten a la revancha opositora como algo creíble. Cuando esto sucede, todas las bases oficialistas cierran filas sin importar la razón detrás del pulso político de ocasión movilizadas por el envalentonamiento antichavista; que en esta ocasión, ha involucrado amenazas de vecinos a otros por su identidad política, cadenas de mensajes de Whatsapp desde el exterior y el asesinato de lideresas del PSUV.

Es posible que esta cohesión aumente cuando Nicolás Maduro presente a su base una hoja de ruta de salida del conflicto: un contragolpe donde haya una imagen clara de victoria. En el paro petrolero de 2002, posterior al golpe de abril, Hugo Chávez utilizó la retoma del buque Pilín León en el Lago Maracaibo como una forma de mostrar la derrota del lockout opositor, en plena crisis política, luego, utilizó la figura del referéndum revocatorio como el Rubicón que cruzar para demoler, por completo, a las fuerzas antichavistas después de un largo periodo de mediación internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Más acá, en el periodo de confrontación entre 2013 y 2017, Nicolás Maduro convocó a unas elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que apagaron las protestas opositoras que exigían su salida del gobierno.

Se ve bastante difícil que el conflicto se salde solo con la certificación de su victoria por el Tribunal Superior de Venezuela y una eventual verificación imparcial de las actas por parte de una misión internacional. Parece esta, una historia con varios capítulos.