El riesgo de impunidad en el caso del expresidente colombiano Uribe Vélez

Esta semana se llevó a cabo una de las audiencias en el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Una vez más, el equipo de defensa del exmandatario recurrió a una maniobra dilatoria con el fin de estirar el proceso hasta que prescriba por vencimiento de términos, una deleznable estrategia a la que suelen recurrir los políticos para esquivar el peso de la justicia. Uribe Vélez abandonó la sesión aduciendo falta de garantías procesales. La defensa exige más tiempo para el análisis de las pruebas que están en el teléfono móvil de Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos más importantes que ha declarado en contra de Uribe Vélez y quien fuera condenado a 40 años de prisión por delitos ligados al paramilitarismo. Monsalve habría sido contactado por políticos del Centro Democrático (extrema derecha) para declarar en contra del senador del Pacto Histórico (bloque de izquierda), Iván Cepeda para afirmar que supuestamente el congresista habría ofrecido dinero a paramilitares desmovilizados para declarar contra Uribe. Dicho de otro modo, algunos políticos de la derecha colombiana habrían preparado un plan para hacer ver a Cepeda (una figura emblemática de la izquierda y cuyo padre fue asesinado por la violencia estatal y paramilitar en 1994) como un manipulador de testigos cuando en realidad fueron esos políticos cercanos a Uribe quienes lo habrían hecho. De comprobarse, se trataría de uno de los casos más agravados y significativos -no el único- de guerra jurídica o lawfare en Colombia en los últimos tiempos. Iván Cepeda ha sido perseguido desde que, en 2014 en el Senado denunciara posibles vínculos de Uribe Vélez con grupos narcotraficantes y paramilitares. Desde ese entonces, no cesa una campaña en su contra que incluye la estigmatización y la revictimización por el asesinato de su padre.   

Uribe Vélez ha recurrido a todo tipo de maniobras para debilitarlo, no a través de su defensa e insistiendo en su inocencia, sino a través de maniobras jurídicas que buscan imponer trabas  

Desde que empezara el proceso, Uribe Vélez ha recurrido a todo tipo de maniobras para debilitarlo, no a través de su defensa e insistiendo en su inocencia, sino a través de maniobras jurídicas que buscan imponer trabas. Lo primero que hizo y cuando aún era senador de la república, fue renunciar a su escaño para evitar que la Corte Suprema de Justicia lo juzgara y con ello aprovechar la circunstancia de que en ese entonces la Fiscalía General (el ente colombiano encargado de acusar y de considerar si se lleva a juicio o no) se encontraba en cabeza de una ficha de confesa orientación uribista, Francisco Barbosa y efectivamente la jugada terminó por surtir efecto. La delegación del fiscal, Gabriel Jaimes, como responsable del caso derivó en que inicialmente se desistiera en el pedido de juicio en contra del exmandatario. Sin embargo, en enero de 2024 el caso pasó a manos del fiscal Gilberto Villareal quien decidió que había motivos para acusarlo como “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”. En mayo de este año por primera vez en la historia, una jueza tomó la decisión de llamar a juicio a un expresidente por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos.

Desde que se firmara la paz entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, la extrema derecha le ha declarado la guerra a todos los mecanismos que buscan el esclarecimiento de la verdad

Desde ese entonces, la defensa de Uribe se ha esmerado en poner a circular la versión que se trata de un proceso político, mas no legal. No obstante, el pasado uribista sigue siendo uno de los grandes pasivos del Estado colombiano. En este juicio hay más en juego que las acusaciones por fraude y sobornos a testigos. En el fondo del juicio reposan las chances de establecer los patrones de persecución a la izquierda y la verdad sobre los orígenes del paramilitarismo en Colombia.

Desde que se firmara la paz entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC en 2016, la extrema derecha le ha declarado la guerra a todos los mecanismos que buscan el esclarecimiento de la verdad, esto es a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional y a la Comisión de la Verdad. La versión que han tratado de instalar es negacionista y coincide con los discursos de Javier Milei y Jair Bolsonaro que han relativizado las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares en el Cono Sur, durante los años en que la doctrina de contención al comunismo acabó con la vida de miles de personas. Así como Milei ha puesto en duda las 30 mil desapariciones del régimen militar, o Bolsonaro alabó las torturas ejercidas por militares, políticos del Centro Democrático niegan tajantemente la cifra hallada por la JEP de al menos 6402 personas ejecutadas extrajudicialmente entre 2002 y 2008, los años en que fue doctrina la seguridad democrática en los dos mandatos de Uribe. De igual forma, también rechazan el cálculo de 5733 asesinatos de militantes del partido de izquierda Unión Patriótica entre 1984 y 2016, creado por acuerdos de paz con la guerrilla. Precisamente el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas era senador de ese movimiento. Ambos exterminios o genocidios políticos dan cuenta de una sistematicidad que el Estado colombiano ha negado, con la excepción del gobierno actual que ha multiplicado los pedidos de perdón, los actos de contrición y las acciones de reparación.

En el juicio contra Uribe Vélez hay mucho en juego y debe concitar la atención de todos los que creen en la universalidad de los derechos humanos y en una democracia cuya esencia, entre otros, sea el proceso de rendición de cuentas y la transparencia. Basta de la entrega a la justicia de mandos medios militares como máximos responsables al tiempo que los políticos viven un retiro impune y colmado de honores. Entretanto las víctimas siguen padeciendo sin ser tomadas en cuenta. Sin acceso a la verdad será imposible para Colombia avanzar en la paz. Este riesgo de impunidad sigue haciendo mella en las heridas de la guerra y revictimizando a quienes no soportan más dolor.