PP, Vox y Junts, unidos para evitar que baje el precio de la vivienda
Los autoproclamados partidos constitucionalistas, PP y Vox, han encontrado ahora un aliado en la derecha independentista catalana de Junts para tumbar la aprobación en el Congreso de una ley que había sido impulsada por los sindicatos de inquilinos con el apoyo de numerosas organizaciones sociales. Una ley con la que se pretendía frenar los abusos y la especulación inmobiliaria que se produce mediante esos contratos de temporada con los que tantos propietarios de viviendas eluden el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de alquileres.
La norma que no ha logrado salir adelante por la irresponsabilidad social de las derechas iba a obligar a que cualquier contrato que alcanzase los seis meses de duración y fuese prorrogado una sola vez implicase los mismos derechos para los inquilinos que los que duran un año. Es decir, su renovación obligatoria durante al menos cinco años con subidas que no pudiesen superar el IPC.
Una norma que iba a obligar a los propietarios a justificar la temporalidad de los contratos para intentar acabar con el fraude de ley mediante el que se saltan las obligaciones establecidas en los alquileres destinados a vivienda habitual.
En 2023, el anterior Gobierno de coalición enmendó el recorte de derechos para los inquilinos que había aprobado el Ejecutivo del PP mediante una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que vuelve a establecer el mínimo de cinco años en la duración de los contratos y además los amplía a siete cuando la vivienda es propiedad de una persona jurídica o empresa.
Pero las derechas están haciendo todo lo posible para evitar avances en los derechos sociales. Algo a lo que se une la falta de entusiasmo de una parte del PSOE en la aplicación de los límites a los precios de los alquileres en zonas tensionadas, otro de los cambios aprobados en la anterior legislatura. Catalunya fue la primera comunidad en trabajar esa medida y ahora le siguen otras como Asturias, Navarra y Euskadi. Pero los ciudadanos seguimos esperando que se emprenda en el resto de comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas. En las gobernadas por el PP ya sabemos que no tienen la más mínima intención de hacerlo, porque ellos defienden la libertad… La libertad de los especuladores para acaparar viviendas y utilizarlas para pasarse por el arco del triunfo el artículo 47 de la Constitución.
La mayoría de los jóvenes de nuestro país no se puede emancipar y las familias trabajadoras no pueden ahorrar como consecuencia de que las viviendas tienen unos precios desorbitados por obra y gracia de bancos, fondos buitres y una larga lista de especuladores que compran pisos para forrarse a costa de los que menos tienen.
Ya es hora de que los ciudadanos salgamos a la calle a defender el derecho a la vivienda y a exigir a todas y cada una de las fuerzas políticas que acaten de una vez la Constitución.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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