Muface y la privatización de la sanidad

Desde el punto de vista político y ético, resulta de primeras muy poco coherente que se ofrezca a más de 2 millones de trabajadores del sector público la posibilidad de recibir atención sanitaria privada (sufragada con dinero público) mientras el resto de los ciudadanos y ciudadanas —la mayoría de los cuales trabaja en el sector privado— es atendido en la red pública. Porque eso es justo lo que es el modelo Muface (y sus análogos, más pequeños, Mugeju e Isfas, para el personal de la administración de justicia y los militares): entregar miles de millones de euros de dinero público a un grupo de aseguradoras privadas, entre las que destacan Segurcaixa Adeslas con el 50% de los asegurados, Asisa con el 35% y DKV con el 14%, para que éstas proporcionen servicios sanitarios a los funcionarios que así lo deseen, mayoritariamente a través de las instalaciones del grupo alemán Fresenius, con sus dos divisiones: la de hospitales Quirón Salud (Fresenius Helios) y la de hemodiálisis (Fresenius Medical Care).

La cuestión ha vuelto a saltar a primer plano de la actualidad con motivo de la renovación del concierto con las aseguradoras que vencía a finales de este año. En las últimas semanas, el sector ha planteado una batalla mediática abierta contra el Gobierno, exigiendo un aumento de la retribución del 40% y amenazando con retirarse y provocar el caos en el sistema público si dicho aumento no se producía. Por su parte, el Gobierno ha pasado de plantear un aumento del 14% en dos años a un aumento del 17% en el mismo periodo. Ahora son las aseguradoras las que tienen que decidir si aceptan esas condiciones o llevan a cabo su amenaza. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un negocio de más de 1300 millones de euros al año, lo más probable es que ocurra lo primero y quede claro que la amenaza era simplemente una burda estrategia de negociación.

La decisión del Consejo de Ministros es la que es y supone un avance en la privatización del sistema sanitario para mayor lucro de las grandes corporaciones del sector, así como un blindaje de la inequidad del sistema, toda vez que se mantiene una asistencia de dos categorías con prestaciones y coberturas diferentes

En cualquier caso, la decisión del Consejo de Ministros es la que es y supone un avance en la privatización del sistema sanitario para mayor lucro de las grandes corporaciones del sector, así como un blindaje de la inequidad del sistema, toda vez que se mantiene una asistencia de dos categorías con prestaciones y coberturas diferentes. No olvidemos que los asegurados de Muface pueden disfrutar de servicios adicionales como por ejemplo 20 sesiones de psicoterapia por año, 6 sesiones de podología o ingresos hospitalarios con habitación individual, con baño o ducha y cama de acompañante. Mientras la inmensa mayoría de la población no puede disfrutar de esas ventajas, una minoría de asegurados sí lo hace; todo a cargo de los presupuestos públicos y todo pagado por la misma caja que se nutre de los impuestos del conjunto de la ciudadanía sin que ahí existan distinciones.

A pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar-Más Madrid), ha calificado a Muface como un "subsistema anacrónico", también ha zanjado el asunto en una reciente entrevista radiofónica diciendo que "no está encima de la mesa" eliminar el modelo. Así las cosas, el PSOE ha podido imponer en este caso su programa —idéntico en esta materia al del PP— sin que ni siquiera haya habido oposición por parte de su socio de gobierno. Por su parte, desde Podemos, ya han presentado en varias ocasiones iniciativas parlamentarias para activar la eliminación paulatina de Muface, por ejemplo, mediante la adscripción automática de los nuevos funcionarios al sistema público al tiempo que se mantiene la cobertura de Muface para las personas que ya la tienen (de forma que la distinción vaya desapareciendo con el paso del tiempo).

No hay ninguna justificación ni política ni económica para seguir manteniendo la cobertura privada a través de Muface. No puede ser que estemos destinando cantidades ingentes de recursos públicos a un esquema que perpetúa dos clases de pacientes al tiempo que llena los bolsillos de los oligarcas de la sanidad privada

Lo cierto es que, más allá de las posiciones de cada uno, no hay ninguna justificación ni política ni económica para seguir manteniendo la cobertura privada a través de Muface. No puede ser que estemos destinando cantidades ingentes de recursos públicos a un esquema que perpetúa dos clases de pacientes al tiempo que llena los bolsillos de los oligarcas de la sanidad privada. Por un lado, es evidente que, tanto las aseguradoras —Adeslas, Asisa, DKV, etc.— como los prestadores finales del servicio —sobre todo el grupo Quirón— no son hermanitas de la caridad y, por lo tanto, se están llevando un beneficio industrial que luego les permita repartir dividendos en sus propietarios y pagar los abultados salarios de sus ejecutivos; dos gastos improductivos adicionales que no existen en el sistema público de gestión directa. Por otro lado, es bien conocida la práctica que lleva a cabo Muface respecto de la "selección de riesgos". Otra forma de ahorrar dinero para maximizar los beneficios empresariales pasa por la no prestación de aquellos servicios que son más caros, como las enfermedades más graves, las enfermedades crónicas o la asistencia en el medio rural. Para todo ello, los asegurados mediante el sistema privado son derivados al sistema público. En pocas palabras, Muface se ocupa de cubrir las dolencias más baratas y hacerlo en aquella parte del territorio donde cuesta menos dinero. Para la cobertura más costosa, deriva a la sanidad pública.

Puede resultar entendible que el colectivo de funcionarios tenga reticencias a la hora de dejar de utilizar un sistema dual que les permite acceder más rápidamente al especialista o tener una mejor habitación en un hospital, al tiempo que les garantiza la mejor sanidad pública si tienen un cáncer. El problema de este razonamiento es que ese modelo conlleva un deterioro de la sanidad de todos y de todas. Si hubiera un gobierno valiente o si las aseguradoras cumpliesen la amenaza lanzada en las últimas semanas —dos hipótesis que, en estos momentos, son inverosímiles—, todos los recursos públicos que ahora se están dilapidando en el modelo Muface podrían servir para reforzar el sistema público y así aumentar su calidad asistencial para el conjunto de la población en general, y también para los funcionarios en particular. Esto es lo que debería defender cualquier persona de izquierdas o, simplemente, cualquier persona que defienda la igualdad de todos y de todas ante los servicios públicos.