El homicidio de Satnam Singh, fruto de un sistema de explotación esclavista

La escena con la que se encontraron los médicos del servicio de urgencias italiano 118 el pasado lunes 17 de junio era apocalíptica. Delante suyo había un hombre al que le faltaba el brazo derecho. Había perdido tanta sangre que los testigos coinciden en que ya apenas sangraba. Pero continúa con vida. Lo trasladan urgentemente en helicóptero al hospital San Camilo de Roma. Permanece con vida 36 horas. Pero entonces deja de respirar. Para siempre.

Aquel hombre, al que tanta prensa ha llamado "un indio", tenía nombre y apellidos: Satnam Singh. Antes que indio, era un trabajador. Un jornalero, para ser exactos. Había llegado a Italia hacía tres años y llevaba unos dos trabajando en la granja Lovato, en Borgo Santa Maria, en la provincia de Latina, la ciudad fundada por el Duce a 70 km de Roma e inaugurada el 18 de diciembre de 1932.

Satnam trabajaba mucho, llegando en ocasiones a las 12 horas diarias. Por un salario de 4 euros la hora. Naturalmente en negro, sin contrato. Porque para los trabajadores inmigrantes, que corren continuamente el riesgo de ser expulsados de Italia a causa de las leyes queridas tanto por el centro izquierda como por la derecha, es siempre un “lentejas, las comes o las dejas”.

Aquel lunes, una bobinadora le seccionó el brazo derecho y le rompió las piernas. El Sr. Lovato, el "patrón" —así se hacen llamar aquí los "empresarios",— en lugar de socorrerlo, lo metió en una furgoneta y le dejo tirado delante de su casa. Mientras su mujer, Alisha, también trabajadora de la misma empresa, le suplicaba que le ayudara. Pero de ayudarlo ni hablar. Al contrario: junto al cadáver, el propietario dejó el miembro amputado de Satnam en una caja de plástico, de las que se utilizan para recoger fruta. No sin antes haber confiscado los teléfonos móviles de ambos para evitar que denunciaran el accidente y entonces se dieran a conocer las condiciones irregulares en las que los tenía este esclavista.

Pero la historia no acaba aquí. Porque llegan los medios de comunicación, los periodistas, las cámaras. El Sr. Lovato, propietario de la empresa, llega a ser entrevistado para el TG1, el informativo principal de la cadena pública RAI. No derrama lágrimas. No parece devastado por el dolor. Por el contrario, dice en un tono que roza la indiferencia que en el fondo el jornalero tenía la culpa, porque él le había dicho que no trabajara con esa maquinaria. “Una frivolidad del jornalero que nos ha salido cara a todos" —declaró.  Una "frivolidad": así define el enésimo homicidio en el puesto de trabajo. El número cien desde principios de 2024 que tiene como víctima a un trabajador extranjero.

Son declaraciones indignantes. El sr. Lovato carece claramente de sentido de la decencia. ¿Cómo es posible esa absoluta falta de empatía por un joven al que han matado en su propia empresa? En la raíz de todo está la deshumanización del trabajador. Si eres un trabajador extranjero eres un objeto, tanto a los ojos de quienes te consideran un invasor peligroso —la retórica de la ultraderecha—, como a los ojos de quienes te consideran una pobre víctima necesitada de ayuda —la retórica del centro-izquierda. Nunca existes por lo que eres: un sujeto de tu propia historia y parte de la colectiva. Muerto Satnam, el empresario encontrará un sustituto para esa mercancía particular que es el trabajador. Y a seguir, porque la producción no puede parar.

Pero al Sr. Lovato le falta algo más. Le falta el miedo. “Sabe” instintivamente que a los que son como él, los de la clase a la que pertenece, las cosas siempre les van a ir de lujo. Hoy está siendo investigado por “homicidio involuntario", delito por el que se enfrenta a un máximo de siete años de cárcel. Y por  “denegación de auxilio”' le puede caer hasta 1 año. En el código penal no existe el delito de “homicidio en el puesto de trabajo”, por el que luchan desde hace tiempo fuerzas como la Unione Sindacale di Base (USB) y Potere al Popolo. Resulta elocuente que para el gobierno de Meloni, que cada día se inventa un nuevo delito, el único que no puede introducirse es precisamente el que podría proteger a las y los trabajadores.

Unas horas después de la noticia de este enésimo homicidio, Giorgia Meloni declaró que "se trata de actos inhumanos que no pertenecen al pueblo italiano". Lástima que la realidad nos diga lo contrario. Por ejemplo, el "VI Rapporto Agromafie e Caporalato" estima que solo en el sector primario hay al menos 230.000 trabajadores irregulares, lo que equivale a una cuarta parte de la mano de obra total del sector. Por si fuera poco, las 55.000 mujeres empleadas no solo sufren explotación laboral y fiscal, sino también —a menudo— explotación sexual.

En resumen, las condiciones de explotación e inseguridad que sufre Satnam Singh son la norma, no la excepción. Si nos centramos en las Lagunas Pontinas, la región agrícola en torno a Latina, las investigaciones de los últimos años han revelado aspectos espeluznantes. Muchos jornaleros de la enorme comunidad Sij que se ha instalado allí (las estimaciones varían entre 12.000 y 30.000 miembros) consumen opiáceos con regularidad. En concreto oxicodona, un fármaco contra el cáncer, protagonista de la serie de Netflix Painkiller, recetado y vendido por médicos y farmacéuticos en connivencia con el sistema criminal montado por los patronos pontinos.

Tal y como ha declarado K. Singh, un jornalero indio: "Nosotros, explotados, no podemos decir ya basta al patrón, porque despide. Entonces algunos indios pagan por pequeña sustancia para no sentir dolor en brazos, piernas y espalda. El patrono dice trabaja más, trabaja, trabaja, vamos, vamos, y después de 14 horas en el campo ¿cómo posible seguir trabajando? En el campo para cosechar calabacines indios trabajan todo el día de rodillas. No posible y sustancia les ayuda a vivir y trabajar mejor" (Doparsi per lavorare come schiavi, InMigration, 2014).

No se trata de drogas usadas para "colocarse", sino para hacer frente a ritmos e intensidades de trabajo que de lo contrario resultarían insoportables. Es un capitalismo que ha llegado tan lejos en la tasa de explotación que impide la reproducción “normal” de la fuerza de trabajo, que se ve obligada a doparse para salir adelante. Si uno se pregunta en manos de quién está el tráfico de estas "sustancias", la respuesta está en las palabras de otro trabajador: "Italiano vende a indio o sabes lo que hacen: italiano da a indio que vende y luego da dinero al patrón italiano" (Doparsi per lavorare come schiavi, InMigrazione, 2014).

Demasiado para la retórica de los "italianos buena gente" promovida por el Gobierno de Meloni.

Asimismo, es una bofetada en la cara del concepto de "ruralidad" que el municipio de Latina, gobernado por Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, ha colocado en el centro de su candidatura como capital de la cultura en 2026. La verdadera "ruralidad" es lo que hay aquí: explotación feroz para muchos, beneficios para unos pocos.

En este asunto se está jugando una partida política importante. De hecho, la estrategia comunicativa de la ultraderecha apunta a presentar a los señores Lovato como manzanas podridas. Como ha declarado el ministro de Agricultura y además cuñado de Meloni, Francesco Lollobrigida: "La muerte de un trabajador por culpa de un criminal no debe llevar a criminalizar a todas las empresas agrícolas. Estas muertes no dependen de los empresarios agrícolas. Dependen de criminales".

Empieza a haber demasiados de estos "criminales", hasta el punto que lo criminal parece ser el propio sistema, si es cierto lo que "Medici con l’Africa CUAMM" denunciaban en 2019: en los seis años anteriores habían sido más de 1.500 los jornaleros muertos en el trabajo en Italia.

A ellos hay que sumar los jornaleros asesinados por los capataces o en tiroteos, como el sindicalista maliense Soumaila Sacko, asesinado el 2 de junio de 2018 de cuatro tiros en la cabeza por un italianísimo Antonio Postoriero en la provincia de Reggio Calabria.

Y no se trata solo de trabajadores extranjeros. En 2015, la muerte de Paola Clemente, una jornalera de Apulia sometida a condiciones de explotación similares a las que sufre el proletariado agrícola migrante, despertó la indignación. Todas las noches se levantaba a las 3 de la madrugada, se subía a un autobús y recorría los 150 km que la separaban del campo donde se encargaba de evitar el agracejo de la uva. A Paola la mató el cansancio. Los ritmos de trabajo insoportables. Sin embargo, hasta ahora los tribunales no han hecho justicia. De hecho, el empresario que la explotó fue absuelto en primera instancia.

La preocupación de Meloni & Cia. parece consistir más en disculpar a la clase empresarial que en transformar las condiciones de trabajo y de vida de cientos de miles de trabajadores agrícolas. Se muestran solícitos cuando las asociaciones agrícolas, como Coldiretti, o los "tractores" protestan, pero hacen oídos sordos cuando las reivindicaciones vienen de parte obrera.

El pasado viernes 21 de junio los medios de comunicación publicaron la noticia de que la esposa de Satnam Singh (cuyo nombre, Alisha, apenas se menciona, para deshumanizarla a su vez), ahora inmigrante ilegal, obtendrá probablemente un permiso de residencia por motivos de justicia. Lo mismo podría ocurrir con un colega de Satnam que ha dicho estar dispuesto a testificar y contar la verdad de los hechos. Todo ello, sin embargo, por su cuenta y riesgo: "Aún así he decidido correr el riesgo de que me echen de Italia con una orden de expulsión. Se lo debo a Satnam y a su mujer".

El problema es que la legislación italiana actual no contempla la convertibilidad de los permisos de residencia por razones de justicia en permisos de trabajo. Salvo en casos excepcionales. Esto significa que al final del proceso judicial Alisha y el colega de Satnam corren el riesgo de ser expulsados de Italia.

Si a la política le importara de veras la vida de estos hombres y mujeres, debería emprender una profunda revisión de las normas que rigen la entrada y la residencia en Italia. Por ejemplo, debería aprobar la convertibilidad del permiso de residencia por razones de justicia en permiso de trabajo y permitir la llegada a Italia para la "búsqueda de empleo". Asimismo, debería eliminar las leyes de extranjería, empezando por la Bossi-Fini. La ley de 2002, querida por la Lega y Alleanza Nazionale, el partido postfascista en el que también militaba Giorgia Meloni, vincula el permiso de residencia al contrato de trabajo. Si se pierde el contrato de trabajo, se pierde el derecho a permanecer en Italia. A nadie se le escapa el enorme poder de chantaje en manos de los empresarios que esto supone.

Debería impulsar la regularización de los cientos de miles de trabajadores que ya viven en nuestro país. Salvo que viven aquí como fantasmas. Personas que sufren una explotación a menudo brutal, que contribuyen a producir la riqueza de nuestro país y respecto a las cuales, sin embargo, el Estado se empeña en hacer como si no existieran. Dicho de otra manera, necesitamos una regularización extraordinaria que permita que cientos de miles de personas salgan por fin de la oscuridad (ya existen algunas normas —como el artículo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione— que permitirían regularizar a las víctimas de la explotación, pero los inspectores de trabajo suelen ignorarlas a propósito).

No se trata sólo de una medida para los trabajadores extranjeros. Existir a la luz del día significa poder disfrutar de derechos que hoy no se pueden reclamar; reducir el grado de chantaje; poder luchar por mejores condiciones y mejores salarios, así como empujar a la baja el peso de la competencia y de la guerra entre pobres que experimentamos cada día en las filas de la clase obrera.

Más derechos para un segmento de la clase obrera significa más fuerza para toda la clase.

Y no solo. Porque hay que tener la capacidad de remontar la cadena de explotación y llegar hasta la Gran Distribución Organizada, que impone precios muy bajos y finge no ver ni saber que tales condiciones solo pueden obtenerse porque todo su peso recae sobre los hombros de trabajadores y jornaleros, exprimidos como limones para que cada eslabón de la cadena —léase empresa intermediaria —se lleve su parte del botín.

Sin embargo, del gobierno cuyo lema es "no molestar a los que producen" no cabe esperar nada de esto. La ultraderecha se muestra, una vez más, como lo que históricamente ha sido: el perro guardián de la burguesía.

Así, pues, para arrebatar estas conquistas es necesario que nos organicemos. En sindicatos y organizaciones políticas. Que nos manifestemos por las calles de las ciudades. Que hagamos huelga en nuestros campos y en todos los centros de trabajo.

Necesitamos que el miedo cambie de bando. Que pase de nosotros a ellos. Y que los muchos señores Lovato que hay en este país empiecen a sentirlo un poco a su vez. Es el único lenguaje que conocen. El de las relaciones de fuerza.

Traducción: Raúl Sánchez Cedillo