¿Unanimidad nacional belga?

Bélgica no es un país propenso a batir récords mundiales. Este verano, los atletas belgas volvieron a casa con un total de diez medallas olímpicas, mientras que su actuación estelar más espectacular durante la última década se ha verificado en un ámbito totalmente distinto: el tiempo necesario para formar gobierno. Tras las elecciones de 2009 el país permaneció quinientos cuarenta y un días sin disponer del correspondiente gobierno federal, retraso debido al surgimiento de una disputa sobre los derechos lingüísticos territoriales entre los partidos de Flandes, de habla neerlandesa, y de Valonia, de habla francesa. Oficialmente, es el periodo más largo durante el cual una nación moderna ha permanecido sin gobierno sin que tal situación supusiera el desmoronamiento de la autoridad del Estado. Todo ello en medio de una crisis financiera mundial, que llevo a la mayor parte de la periferia europea al borde del abismo económico.

Los resultados de este punto muerto han sido llamativos. Dados sus niveles de deuda pública, innumerables analistas e instituciones esperaban que Bélgica aplicara las políticas de austeridad adoptadas uniformemente en la totalidad el mundo atlántico. Sin embargo, la ausencia de un gobierno electo hizo que esto no sucediera. En lugar de recortar el gasto público, los gobiernos provisionales del país se atuvieron a la regla de las «doceavas partes provisionales», a tenor de la cual los presupuestos se renovaban cada mes sin introducir en los mismos recortes de envergadura. Para algunos economistas, ello ofrecía una prueba de laboratorio contrafáctica. Los liberales de izquierda, como Paul Krugman, aplaudieron el planteamiento belga de gobernanza de la crisis: la no gobernanza o, en realidad, esta especie de gestión de la demanda en virtud del criterio del piloto automático parecía una alternativa más amigable.

Tras la última vuelta de las elecciones federales del pasado 24 de junio, el keynesianismo faute de mieux parece decididamente haber cumplido su tiempo. Tanto en Valonia como en Flandes, un bloque de partidos de derecha ha obtenido mayorías decisivas en los múltiples niveles de la intrincada arquitectura federal belga. En Flandes, la región más rica del país, esto ha intensificado tendencias ya consolidadas, lo cual ha otorgado al partido de centro derecha Nieuw-Vlaamse Alliantie (Nueva Alianza Flamenca, N-VA) y al partido de extrema derecha Vlaams Belang (Interés Flamenco, VB) el primer y el segundo puesto respectivamente en las últimas elecciones belgas. Ambos partidos pretenden realizar reformas, que vacíen todavía más las instituciones federales y otorguen más poder a las regiones. La semana pasada se formó una coalición de centro-derecha, que planea recortar las ayudas sociales y restringir aún más el acceso a la vivienda social a los inmigrantes, todo ello compensado con vagas promesas relativas a la ampliación de los centros de educación infantil y la inversión en transporte público.

En Bélgica, sin embargo, las apariencias, como de costumbre, engañan. Antaño, los nacionalistas flamencos invocaban la divergencia política existente entre las regiones –un Flandes mayoritariamente de derecha, una Valonia incorregiblemente de izquierda– como argumento definitivo para proceder a una separación amistosa. Pero con la existencia de una coalición de derecha en el sur del país, los conservadores valones pueden rechazar estas afirmaciones. ¿Por qué dividir el país, si las regiones se encuentran en el mismo bando político?

En Valonia el giro a la derecha era menos fácil de prever. Esta prototípica región posindustrial, cuyas homólogas en Europa han solido ser el caldo de cultivo de la extrema derecha emergente en el continente, ha seguido votando durante mucho tiempo al Parti Socialiste (Partido Socialista Valón). Este año, sin embargo, el partido parecía finalmente agotado, víctima del envejecimiento de su base y de la incapacidad mostrada a la hora de renovar sus cuadros. Los principales beneficiarios han sido el Mouvement Réformateur (MR), que nominalmente sigue siendo un partido liberal, pero cuyos homólogos europeos canalizan ahora la energía de la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa, junto con los democristianos, rebautizados ahora como Les Engagés, los cuales también han sido capaces de arrebatar votos a los alicaídos Verdes. A principios de este verano, el MR y Les Engagés llegaron a un acuerdo para rebajar el impuesto de sucesiones y prometieron la reducción del desmesurado funcionariado característico de la región, preludio de la terapia de choque que supuestamente se perdió Valonia durante la década de 1990.

En su conjunto, estos cambios parecen haber conferido a Bélgica una homogeneidad política poco habitual. Con la derecha en ascenso en todo el país, ahora debería ser fácil formar un gobierno federal. En Bélgica, sin embargo, las apariencias, como de costumbre, engañan. Antaño, los nacionalistas flamencos invocaban la divergencia política existente entre las regiones –un Flandes mayoritariamente de derecha, una Valonia incorregiblemente de izquierda– como argumento definitivo para proceder a una separación amistosa. Pero con la existencia de una coalición de derecha en el sur del país, los conservadores valones pueden rechazar estas afirmaciones. ¿Por qué dividir el país, si las regiones se encuentran en el mismo bando político? Hacerlo privaría a estas de los colaboradores de derecha presentes al otro lado de la frontera lingüística, un vincolo esterno que podría mantener a raya las pasiones izquierdistas en la región. Este pragmatismo es compartido por las empresas exportadoras flamencas, cruciales para la base social de la N-VA, que ansían seguridad jurídica y un suministro seguro de mano de obra de una Valonia más pobre. Una generación más vieja de nacionalistas flamencos, que aún espera que el partido ayude a la región a separarse del país, está abocada a la frustración. Una vez más, la mayoría regional más grande de Europa perderá la oportunidad de tener su propio Estado, a diferencia de los irlandeses, los checos y los eslovacos, que obtuvieron el suyo hace décadas.

Detrás de estas cuestiones regionales se esconden las ominosas perspectivas económicas de Bélgica. Durante la década de 2010, a pesar de su altísimo endeudamiento público, el país se libró del sometimiento a la vigilancia estrecha de sus niveles de deuda pública por la Troika, que se aplico inmisericordemente a los denominados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Sin embargo, el gasto público ha continuado devengándose, mientras subían los tipos de interés, lo cual sigue preocupando a los políticos, que temen que el déficit público ahuyente la inversión extranjera de la que depende la economía belga (y especialmente la flamenca). Para los actores políticos de la derecha, ello se halla relacionado con otro récord mundial. Bélgica disfruta del Estado del bienestar más generoso del mundo, según un reciente estudio de 2022 del Comparative Welfare Entitlements Project, que compara los sistemas de prestaciones vigentes consistentes en los pagos efectuados en concepto de pensiones, los subsidios percibidos por desempleo y las indemnizaciones abonadas por baja laboral. La investigación proporciona una historia inesperada de las fortunas de la socialdemocracia. Mientras que en 1981 Bélgica aun ocupaba el quinto lugar en ese ranking, situándose por detrás de los antiguos abanderados de la socialdemocracia escandinava como Suecia y Dinamarca, a finales de la década de 2010 el país se deslizó hasta el primer puesto de los sistemas de prestaciones sociales más generosos.

Las consecuencias resultaron ser únicas. Tanto en Francia como en Italia, sus respectivas versiones de la indexación salarial, que ajustaba los ingresos de los trabajadores al precio de una serie de bienes de consumo, perecieron durante las décadas de 1980 y 1990. En Bélgica los partidos de derecha forzaron los saltos en la indexación de los salarios y pudieron practicar la moderación salarial de forma encubierta. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, la indexación salarial, junto con las prestaciones continuas por desempleo, las generosas pensiones del sector público y las jubilaciones anticipadas, han sobrevivido mientras que las de los países vecinos no lo han hecho

¿Cuál es la mejor explicación de la resiliencia socialdemócrata de Bélgica? La investigación sugiere varios factores: el voto obligatorio, el poder intacto de los sindicatos y los restos de los sistemas de partidos corporativistas, que unían a empleados y empresarios en las mismas organizaciones políticas. El primero factor garantiza que la política no se convierta en un asunto exclusivo de las personas con estudios superiores, que son más proclives a votar a la derecha. Mientras, los sindicatos colectivizaban la negociación de los trabajadores y la estructura belga de pilares, esto es, la organización institucional independiente y autónoma de las comunidades católica, socialista y liberal, proporcionaba cohesión entre las clases. Cuando durante la década de 1980 el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco quiso imponer en Bélgica la consabida revolución neoliberal, su ala sindical frenó contundentemente las medidas más radicales propuestas por la élite de este. Un partido intraclasista, que debía servir tanto a empresarios como a trabajadores, no podía permitirse una guerra de clases abierta y ello hizo que se suavizaran las aristas más duras del neoliberalismo anglosajón.

Las consecuencias resultaron ser únicas. Tanto en Francia como en Italia, sus respectivas versiones de la indexación salarial, que ajustaba los ingresos de los trabajadores al precio de una serie de bienes de consumo, perecieron durante las décadas de 1980 y 1990. En Bélgica los partidos de derecha forzaron los saltos en la indexación de los salarios y pudieron practicar la moderación salarial de forma encubierta. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, la indexación salarial, junto con las prestaciones continuas por desempleo, las generosas pensiones del sector público y las jubilaciones anticipadas, han sobrevivido mientras que las de los países vecinos no lo han hecho.

Todo esto plantea una pregunta tentadora. ¿Acaso Bélgica nunca experimentó una revolución neoliberal? Para los think tanks y los partidos promercado, la aplicación del calificativo de «neoliberal» a un país que presenta una ratio de deuda/PIB superior al 100 por 100, un sector público generoso y un Estado del bienestar prácticamente intacto, invita a la risa. En las últimas semanas, el historiador belga Brecht Rogissart ha criticado con contundencia esta opinión. En opinión de Rogissart, el neoliberalismo es una estrategia colectiva de clase, que da oxígeno a las empresas para que recuperen las cifras de crecimiento de la posguerra frenando al mismo tiempo a la clase obrera organizada. Y en este sentido, sostiene, el neoliberalismo ha impuesto su criterio en Bélgica a partir de 1982, cuando la coalición formada por democristianos y liberales logró introducir la ley de emergencia, que permitió la devaluación del franco y la aplicación de la represión salarial. Su razonamiento tiene claras consecuencias políticas. Más que una revolución tardía, Rogissart considera que los últimos acontecimientos representan la culminación de un proceso iniciado en la década de 1980. Los partidos de la derecha belga son «los últimos neoliberales», por tomar prestada una frase aplicada a Macron por los politólogos franceses Bruno Amable y Stefan Palombarini.

Las causas primordiales de la crisis de Bélgica son fáciles de conjeturar: no se trata de la deuda nacional belga ni de la diferencia positiva de sus salarios respecto a los percibidos en sus principales países vecinos, sino de la decaída economía alemana, que pierde terreno en el mercado de los vehículos eléctricos y se tambalea por los altos costes de la energía tras su desvinculación forzosa del suministro de gas ruso

El líder del MR valón Georges-Louis Bouchez, ferozmente proisraelí y económicamente libertario, una especie de Javier Milei belga, espera aplicar una terapia de choque al equivalente europeo occidental de Alemania del Este, tras la cual Valonia pueda volver a convertirse en un proveedor barato de mano de obra para la economía del norte orientada a la exportación. En su opinión no es necesaria una mayor regionalización del país; la terapia de choque se implementa de un modo más óptimo, si se lleva a cabo en el seno de la perfecta unanimidad nacional en virtud de la cual los nacionalistas flamencos aparcan sus demandas separatistas, dejando de colocarlas por encima de las demandas de la élite económica belga. Esta «burguesía subalterna» –como la denominó Matthias Lievens, tomando prestada una frase de Perry Anderson– nunca tuvo que librar una contienda revolucionaria contra una aristocracia y no necesitó de una historia heroica para sustentar su dominio. Económicamente dominantes, pero no políticamente hegemónicos: esta es la cómoda, pero liminal posición que ocupaban los capitalistas flamencos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese dominio sin hegemonía está ahora en peligro, a medida que la crisis industrial europea se extiende desde el corazón de Alemania.

Bélgica tiene un control limitado sobre los flujos de capital respecto a los que se ha convertido voluntariamente en un conducto, por lo que el país sigue siendo un claro beneficiario de una posible acción multilateral a escala europea. El omnipresentemente citado informe de Mario Draghi The future of European competitiveness, publicado a principios de este verano, parece insinuarlo

2023 fue el peor año por número de quiebras industriales en mucho tiempo y 2024 ha visto cifras igualmente sangrantes en los sectores de la construcción y la hostelería. Las causas primordiales de la crisis de Bélgica son fáciles de conjeturar: no se trata de la deuda nacional belga ni de la diferencia positiva de sus salarios respecto a los percibidos en sus principales países vecinos, sino de la decaída economía alemana, que pierde terreno en el mercado de los vehículos eléctricos y se tambalea por los altos costes de la energía tras su desvinculación forzosa del suministro de gas ruso. La penetración de los productores chinos ha tenido efectos caóticos multidimensionales en las economías satélite del núcleo alemán de Europa, las cuales deben reorientarse hacia las líneas de suministro estadounidenses o esperar una acción supranacional concertada. No está claro que la austeridad pueda contribuir mucho a este esfuerzo de alineación y puesta al día. Bélgica tiene un control limitado sobre los flujos de capital respecto a los que se ha convertido voluntariamente en un conducto, por lo que el país sigue siendo un claro beneficiario de una posible acción multilateral a escala europea. El omnipresentemente citado informe de Mario Draghi The future of European competitiveness, publicado a principios de este verano, parece insinuarlo. Aunque no contempla la perspectiva de una absorción de la Unión Europea en una federación hamiltoniana, la estrategia de Draghi solo puede beneficiar a Bélgica.

Sin embargo, existe un obstáculo para ello: los sectores más dinámicos de la economía siguen considerándose existencialmente dependientes del comportamiento de la economía alemana, lo que propicia una mentalidad incorregiblemente austericida. Para estos sectores, la inversión pública a escala europea conlleva riesgos mortales. En lugar de pugnar por una estrategia supranacional, ven en la disciplina alemana el requisito previo esencial para garantizar sus propias tasas de beneficio. Es difícil encontrar un mejor ejemplo de irracionalidad colectiva de clase. Para evitar el cataclismo industrial, una pequeña nación como Bélgica, que perdió su capitalismo nacional en algún momento entre 1945 y 1973, únicamente puede depositar su esperanza en amos más sabios.

Recomendamos leer Anton Jäger, «Regiones rebeldes», NLR 128

Artículo aparecido en Sidecar, el blog de la New Left Review, y publicado aquí con permiso expreso de su editor.