La Razón amenaza con la cárcel a los miembros de la Mesa del Congreso si califican la ley de amnistía

Esta amenaza por parte de La Razón, junto a la maniobra de los 8 vocales por cuota del PP dentro del caducado Consejo General del Poder Judicial y junto a la propuesta del PP para reformar el reglamento del Senado, muestra la estrategia desplegada por la derecha para impedir una posible investidura
El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la presidenta, Francina Armengol y la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isaura Leal,  a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso, a 26 de junio de 2023, en Madrid (España). La mesa se celebra antes de la sesión de debate de investidura del líder del PP en el Congreso.
26 SEPTIEMBRE 2023;MESA;CONGRESO
Alberto Ortega / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
26/9/2023
Miembros del PSOE de la Mesa del Congreso, con la presidenta en el centro — Alberto Ortega / Europa Press

Después de que el pasado lunes se produjera la foto en Bruselas del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con el líder independentista Carles Puigdemont, la derecha judicial, política y mediática ha redoblado los esfuerzos para hacer descarrilar la posible investidura de Pedro Sánchez.

Es el caso de La Razón, periódico propiedad de Grupo Planeta y que dirige Francisco Marhuenda, que el jueves 2 llevaba una pieza en la que su titular indicaba que “La Mesa del Congreso se expone a una prevaricación si tramita la amnistía”. El texto firmado por Ilier Navarro comienza así: “Si tras rechazar una proposición de amnistía en 2021 por ser palmariamente inconstitucional, la Mesa del Congreso ahora actúa en sentido contrario y admite a trámite el texto que negocian PSOE, Junts y ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, existe la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales, concretamente en el delito de prevaricación, según sostienen algunos juristas conocedores del Reglamento del Congreso”. Para esto, se basan en unos “expertos que han hablado con LA RAZÓN”, de los cuales no da nombres ni referencias, que “advierten de que la calificación que hace la Mesa al admitir una ley es un acto jurídico y esto puede tener implicaciones en el ámbito penal”.

El uso de la Mesa del Congreso como una suerte de Tribunal Constitucional que juzga a priori una proposición de ley no debería estar entre las funciones que le competen aunque sobre todo el PP, pero también el PSOE, la hayan utilizado con esos fines, como indica la pieza de La Razón con la proposición de amnistía de 2021

Lo cierto es que la Mesa del Congreso es un órgano dentro de la sede de la soberanía popular cuyo papel en lo que tiene que ver con las propuestas de ley registradas por los grupos parlamentarios es primordialmente de carácter administrativo, realizando lo que en jerga parlamentaria se conoce como “calificar”, para que luego pueda tener su recorrido en las Cortes. De hecho, la potestad de declarar una ley aprobada en el Congreso de los Diputados como inconstitucional corresponde al Tribunal Constitucional, y no a la cámara de representación. El uso de la Mesa del Congreso como una suerte de Tribunal Constitucional que juzga a priori una proposición de ley no debería estar entre las funciones que le competen aunque sobre todo el PP, pero también el PSOE, la hayan utilizado con esos fines, como indica la pieza de La Razón con la proposición de amnistía de 2021. Es más, para que la Mesa califique como inconstitucional una proposición de ley, lo haría en base a un informe de los letrados del Congreso, que en todo caso es un informe consultivo y nunca vinculante.
Es por ello que resultaría muy improbable que se pueda juzgar a la Mesa del Congreso por prevaricación.

Esta amenaza por parte de La Razón se enlaza con la estrategia desplegada por la derecha desde que el lunes tuviera lugar la foto en Bruselas entre el PSOE y Puigdemont. El miércoles, tras la jura de Leonor, 8 vocales por cuota del PP dentro del caducado Consejo General del Poder Judicial filtraban a la prensa su solicitud en la que pedían la celebración de un pleno extraordinario para aprobar un texto en el que se habla de la hipotética amnistía como la “abolición del Estado de derecho”. Al día siguiente, el 2 de noviembre, el PP presentó una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara para decidir si aplicar o no el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley, como podría ser el de la amnistía. El PP en la Mesa del Senado cuenta con la mayoría absoluta.

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