Miguel Frontera y la jueza Belén Pérez Fuentes
Durante más de un año y alentados por medios de comunicación como la cadena COPE u OKdiario, decenas de ultraderechistas se pasearon durante varias horas cada día por la puerta y el perímetro de la vivienda familiar de Irene Montero, Pablo Iglesias y sus tres niños de muy corta edad. Con gran agresividad, los ultras se dedicaban a proferir insultos contra Montero e Iglesias, gritaban consignas vejatorias, golpeaban cacerolas y hasta ponían música con equipos móviles. Uno de los acosadores más activos fue Miguel Frontera, un conocido neonazi que pasó alrededor de siete meses durante el año 2020 grabando el acoso en vídeo para publicarlo en sus redes sociales, intentando evadir a los pocos agentes de la guardia civil que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda e incluso escalando el muro perimetral para intentar grabar a la familia en su propia casa. Frontera, al que unos años después se vio portando una especie de escudo de capitán América con la bandera de España en las manifestaciones de extrema derecha en la puerta de la sede del PSOE de Ferraz, desarrolló así un largo hostigamiento violento sobre un hogar familiar en el que habitaban tres criaturas.
El pasado lunes, y a pesar de que la Fiscalía pedía tres años de prisión para él, trascendió que la jueza titular del juzgado número 14 de lo penal de Madrid, Belén Pérez Fuentes, había decidido absolver de todos los cargos al acosador ultraderechista.
Uno podría pretender que la argumentación jurídica que se halla en la sentencia firmada por la jueza tiene como origen la búsqueda honesta y sistemática de la respuesta a si la conducta de Miguel Frontera encaja o no en los tipos delictivos por los cuales Irene Montero y Pablo Iglesias lo habían demandado. Uno podría hacer de cuenta que los razonamientos de la magistrada siguen la lógica fría y desapasionada del derecho y, entonces, ponerse a analizarlos con un ánimo igualmente racional para intentar su refutación o, si esto no fuera posible, su confirmación. Lo que ocurre es que, a estas alturas, ya nadie se cree en España que los jueces estén aplicando el derecho de forma imparcial y cuasi automática cuando se trata de asuntos con implicaciones políticas. De hecho, el mismo día que la jueza Belén Pérez Fuentes decretaba la impunidad del acosador ultraderechista, Diario.Red publicaba unos audios en los cuales se escucha al juez Joaquín Aguirre —el instructor de la así llamada 'trama rusa' del procés— jactarse de forma soez de los efectos políticos de sus delirantes autos judiciales. Entre el lunes y el martes, conocimos también que, mientras la Ley de Amnistía se aplicaba sin problemas a más de 40 policías juzgados por apalear y torturar a civiles inocentes durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo negaba la posibilidad de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont. Teniendo en cuenta la relación de la jueza Pérez Fuentes con la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, en cuya revista se publicó una pieza machista y vejatoria contra Irene Montero, uno podría intentar analizar de forma racional por qué decidió comprar en su totalidad los argumentos de la abogada de Frontera y presidenta de la organización fundamentalista Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, pero parece claro que sería una pérdida de tiempo.
A estas alturas, ya nadie se cree en España que los jueces estén aplicando el derecho de forma imparcial y cuasi automática cuando se trata de asuntos con implicaciones políticas
Por otro lado, no puede haber ni una sola persona en España, vote a quien vote, que no sea capaz de conceder que, en el caso de que el mismo tipo de acoso se hubiese producido en la vivienda familiar de un líder del PP o de VOX —o del PSOE—, no solamente se habría producido de forma automática la condena más dura en sede judicial sino que ni siquiera habría hecho falta que las víctimas interpusieran una demanda ya que los hechos jamás se habrían producido. Si los violentos se hubieran congregado en la puerta de la casa de Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal o de Pedro Sánchez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se habrían desplazado al lugar inmediatamente —el primer día— con decenas de furgones llenos de antidisturbios, habrían dispersado la concentración con toda contundencia y se habrían llevado esposados a la práctica totalidad de los allí presentes para ficharlos en la comisaría y ponerlos a disposición judicial. Que la respuesta de las fuerzas del orden y de los jueces sea completamente diferente cuando el acoso se dirige a líderes políticos de la izquierda que cuando se dirige —hipotéticamente, claro, porque ningún medio publica donde viven— a líderes de los partidos sistémicos puede parecer apropiado a determinados votantes de derechas y aberrante a determinados votantes progresistas, pero ninguno de los dos, más allá de su juicio valorativo, puede negar el hecho.
Por eso, la sentencia absolutoria de la jueza Belén Pérez Fuentes, lejos de ser una anécdota más en el rifi-rafe político diario, tiene un profundo significado que no podemos dejar pasar. La exoneración del acosador Miguel Frontera lanza, por un lado, un mensaje nítido a cualquier fascista que quiera ejercer la violencia contra aquellos que no piensan como él: "podéis hacerlo con total tranquilidad y con la garantía de que vais a quedar impunes", les está diciendo la jueza. La firma de Belén Pérez Fuentes —que imparte justicia en nombre del Rey, según la Constitución Española— al final de la sentencia absolutoria es la legitimación judicial de la violencia política en España y, por tanto, es el fin de la democracia. Puede parecer que esta es una afirmación demasiado dura, pero eso es exactamente lo que ocurre cuando el Poder Judicial dice públicamente a la ciudadanía de nuestro país que cada uno puede votar lo que quiera el domingo electoral, pero que, si hay demasiada gente que vota a determinadas opciones de la izquierda transformadora, entonces los violentos tendrán carta blanca para intentar destruir la vida de las personas que se pusieron al frente de la candidatura hasta que abandonen la política para proteger a su familia. Obviamente, para que un sistema democrático pueda existir más allá de lo formal, es indispensable que todo el mundo tenga libertad política para poder presentarse a las elecciones sin que ello conlleve la destrucción psicológica y personal a través de la violencia. Que la policía y la jueza Pérez Fuentes hayan permitido a Miguel Frontera utilizar impunemente los métodos del fascismo para hostigar a Irene Montero, Pablo Iglesias y sus hijos va mucho más allá del hecho concreto y supone, ni más ni menos, que el acta de defunción del principio más básico que hace posible las así llamadas democracias liberales.
