Es la “libre” competencia, estúpido. De la Reforma Judicial en México y el embajador gringo

No podía ser de otra manera. La nueva hegemonía política en México, que se reafirmó con el triunfo aplastante del oficialismo en las pasadas elecciones, trae consigo cambios en instituciones estatales. Estos, por sus impactos en muy diversas esferas y mucho más allá de los dos sexenios morenistas, están levantando un revuelo que hace tiempo no se veía. Esta vez, la ola alcanzó al vecino país del norte y ya provocó intercambio de declaraciones y una nota diplomática quejándose de injerencismo del embajador estadounidense.

El origen es la polémica reforma al Poder Judicial, con quien el presidente se ha enfrentado a lo largo de todo su sexenio. La propuesta plantea, en resumen, reestructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designar a ministros, magistrados y jueces por voto popular, sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos de vigilancia donde tendrían poder el Ejecutivo y el Legislativo (ambos en manos de la coalición oficialista) e instituir nuevas reglas procesales que limitarían la protección general que otorga el amparo, destacadamente contra leyes. Coherente con su discurso de responsabilizar al Poder Judicial por fallas en diversidad de casos, el presidente López Obrador ha señalado que la reforma busca limpiarlo de corrupción y pidió que el Congreso le diera prioridad a su aprobación. Los legisladores están ya trabajando en ello.

Más allá de la oposición de los partidos PRI-PAN-PRD, que ya es por defecto más que por principios, ha habido diversos señalamientos que alertan de riesgos, altos costos y efectos negativos de la propuesta de reforma tal y como está formulada. Sin negar que al Poder Judicial le hace falta una buena e integral reforma, prestigiosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales e incluso la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados han advertido que la propuesta no aborda aspectos clave y sí podría ser perjudicial para la independencia del Poder Judicial.

Es cuando menos sorprendente que haya quien piense que la actitud amistosa entre los gobiernos estadounidenses y AMLO sea algo más que pragmatismo de ambas partes, y que en verdad crean que el embajador está preocupado por el acceso a la justicia de los ciudadanos de a pie

El ambiente ha ido subiendo de tono, atizado porque trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, así como jueces y magistrados, están realizando paros y manifestaciones. Por si fuera poco el embajador estadounidense Ken Salazar también se pronunció en contra, alertando de que la reforma sería un riesgo para el tratado de libre comercio T-MEC y para la democracia, de una manera tal que el gobierno mexicano envió una nota diplomática quejándose del injerencismo.

Ante el episodio, que sigue en curso, muchos medios se mostraron sorprendidos por el posicionamiento de Salazar, señalaron que el afable embajador de sombrero vaquero es “amigo” de López Obrador y destacaron la preocupación de Estados Unidos. Es cuando menos sorprendente que haya quien piense que la actitud amistosa entre los gobiernos estadounidenses y AMLO sea algo más que pragmatismo de ambas partes, y que en verdad crean que el embajador está preocupado por el acceso a la justicia de los ciudadanos de a pie. O por la democracia, de esas que tumba o impone a conveniencia.

El quid de la cuestión, y el embajador lo dejó claro también, está en la libertad y la seguridad para sus inversiones. El Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 2020, es el instrumento que garantiza la continuidad de la dinámica neoliberal en Norteamérica, incluyendo la “libre competencia”. El TMEC refiere que existirán instituciones independientes reguladoras que velarán porque los presupuestos para esta libertad del capital se cumplan —algunas de éstas desaparecerían en el paquete de reformas— y establece que se deberá contar con autoridades judiciales confiables e imparciales para resolver los litigios que se presenten.

Los vecinos del norte no se confían. El sombrerazo de Salazar en la mesa busca garantizar, con reforma o sin ella, los negocios de los inversores ante algunas políticas distintas a las desarrolladas en sexenios anteriores

A pesar de que el obradorismo no ha tomado medidas que disminuyan la tasa de ganancia de los ricos o que busquen cambiar los acuerdos en el TMEC, los vecinos del norte no se confían. El sombrerazo de Salazar en la mesa busca garantizar, con reforma o sin ella, los negocios de los inversores ante algunas políticas distintas a las desarrolladas en sexenios anteriores, pero que les impactan y que podrían ser emprendidas o profundizadas por la presidenta electa: por ejemplo, el papel fuerte de las empresas del Estado el mercado energético, la (¡ojalá!) prohibición del maíz transgénico, la revisión de las concesiones de agua o los cambios en algunas concesiones mineras.  

Lo que queda fuera de las notas diplomáticas, las declaraciones a cara preocupada y la libertad de los mercados es, lamentablemente, el acceso efectivo a la justicia. La urgente reforma de las fiscalías, que siguen atadas a grupos de interés y que son el primer eslabón de la cadena de corrupción y de impunidad. El monitoreo efectivo del patrimonio y el desempeño de juzgadores. La mejora de la carrera judicial. La capacidad investigativa de policías, y mejores servicios forenses. La sobrecarga de trabajo de las y los defensores públicos. El abuso de la prisión preventiva oficiosa.

La presidenta electa ya ha abordado algunos de estos temas al enunciar sus compromisos de gobierno. Ojalá existan las condiciones para trabajar integral y seriamente una reforma a la justicia que mire hacia abajo, más allá de sombrerazos y narrativas punitivistas.