Ayuso se suma al recurso de inconstitucionalidad del PP a la Ley de Amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este 9 de septiembre el recurso de inconstitucionalidad presentado por su Gobierno autonómico a la Ley de Amnistía aprobada el 30 de mayo. Además, ha pedido la recusación de tres de los magistrados del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, a la hora de dar juicio a este recurso. En el desayuno informativo celebrado en el Nueva Economía Fórum, Ayuso ha justificado su recurso en la “defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes"

Según la presidenta autonómica, la citada Ley de Amnistía “rompe con los pilares básicos con los que se asienta la Constitución”. Ayuso centró su declaración en la defensa de la igualdad ante la ley. Así mismo, la Amnistía crearía “un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto”.

Según el gobierno madrileño, "en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido diversos preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados", lo que ha implicado “una reforma encubierta de la Constitución Española”. En lo que Ayuso ha llamado “otro paso más del presidente Sánchez en su operación de la destrucción del Estado de Derecho”, la Ley representaría también una infracción en la división de poderes del Legislativo sobre el Judicial, el único con potestad de juzgar los actos ocurridos desde el referéndum del 1-O.

El gobierno madrileño ha pedido, por otra parte, la recusación de tres miembros del Tribunal Constitucional a la hora de dar juicio a este recurso. Estos son el Presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y los dos magistrados ex-miembros del gobierno de Sánchez, el ex-ministro Juan Carlos Campo, que ya ha presentado una petición de abstenerse él mismo, y la ex-directora general de la Moncloa, Laura Díez. Entre los motivos para esta recusación Ayuso ha resaltado “su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía", lo que argumenta que "les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley".

La presidenta autonómica ya comunicó en mayo su intención de presentar este recurso el mismo día de la aprobación de la Ley. En una entrevista con Libertad Digital, el diario fundado por Federico Jiménez Losantos, afirmó que los gobiernos regionales del Partido Popular recurrirían la Ley al Tribunal Constitucional “en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y por nuestro Estado de Derecho”. Aunque Ayuso afirmó que el gobierno madrileño se disponía a presentarlo de inmediato, ha sido finalmente la dirección nacional de su partido la que ha tomado esa iniciativa tres meses más tarde, el pasado jueves 5 de septiembre.

Las autonomías gobernadas por el PP han secundado a Génova poco después. Madrid, Aragón, Andalucía, Cantabria y Murcia presentaron sus respectivos recursos a lo largo del día 9, mientras que la Generalitat Valenciana se ha reunido en asamblea extraordinaria para su votación y presentación esa misma tarde. Cabe esperar que otras regiones populares como Galicia, Castilla y León o Extremadura se unan a esta acción el martes 10. Cabe destacar que a las comunidades gobernadas por el PP se ha unido Castilla-La Mancha, presidida por el socialista García-Page. Este se ha mostrado opuesto a la amnistía desde el inicio, la ha calificado como “una agresión al concepto de igualdad”, y también ha interpuesto su propio recurso de inconstitucionalidad.

Todas estas comunidades, además del Partido Popular, han apurado al máximo el periodo dispuesto legalmente para aceptar recursos. Este plazo se inició un día después de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de junio, y acaba el miércoles 11 de septiembre. Una vez sean admitidos a trámite, estos recursos serán trasladados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, donde podrán personarse y formular las alegaciones que se consideren necesarias, y solo entonces el Tribunal Constitucional decidirá sobre la sentencia.