Las protestas en El Salvador continúan manchando la imagen de Bukele

Las calles de San Salvador se inundaron el domingo 15 de septiembre con desfiles y celebraciones conmemorando los 203 años de independencia de Centroamérica de España. En paralelo, cientos de manifestantes marchaban hacia la Plaza de la Libertad protestando un año más contra el gobierno que más récords de popularidad ha batido en El Salvador y en el continente entero. El “presidente millenial” no ha podido pese a todo evitar la mancha en su imagen que esta manifestación cada vez más multitudinaria le ha dejado por tercer año consecutivo.

Nayib Bukele fue elegido presidente en 2019 cumpliendo la legislatura hasta 2023. En marzo de 2022 su gobierno inició un estado de excepción a raíz de episodios de violencia de pandillas que dura hasta hoy y no parece tener final próximo. Desde entonces El Salvador ha visto sus calles y caminos militarizados, sus comunicaciones intervenidas, a sus periodistas perseguidos y acosados y a los ciudadanos, líderes sindicales y opositores injustificadamente detenidos junto a los pandilleros contra quienes iba dirigida la acción policial.

Mediante macrocárceles inhumanas y sumando casi 82.000 detenciones en este breve período, un millar de ellos menores de edad de hasta 12 años, el régimen de excepción terminó con el problema de seguridad que significaban las maras y se granjeó suficiente aprobación como para permitirse reformar el poder judicial y el legislativo dándole más poder al Presidente y cambiar la constitución para permitir, por primera vez en cuatro décadas, la reelección de un candidato.

A pesar del fracaso económico de las políticas del Bitcoin, moneda oficial en El Salvador desde 2021, y de las vulneraciones de los derechos humanos experimentadas en carne propia por la ciudadanía, Bukele ganó las elecciones presidenciales con un 80% de los votos totales. Estos resultados, el incremento inédito de la seguridad en el País y la sistemática persecución de opositores y periodistas críticos con el gobierno, como en el caso de El Faro o Revista Factum, han hecho del mandatario una figura internacionalmente reconocida y muy celebrada por sectores amplios de población que se plantean la disyuntiva entre seguridad y sistema de derecho.

Pero esta imagen está lejos de ser impecable. Aún sin oposición ni organizaciones rivales le ha salido una arruga en forma de movilizaciones populares. Empezaron en 2020 durante el confinamiento con caceroladas y pancartas en los balcones de los más pobres, de quienes se había olvidado la administración dejándolos sin acceso a alimentos. Continuaron en 2021 en forma de protestas de jueces, periodistas y detractores de la Ley del Bitcoin, norma en beneficio de la marca personal de Bukele que costó pérdidas millonarias a las arcas públicas al devaluarse la moneda digital. Y se convirtieron, finalmente, en las protestas de este 15 de diciembre de 2024, fecha en la que, por tercera vez, los colectivos nombrados y muchos nuevos se coordinan en la capital para impedir que el régimen de excepción se muestre sus “logros” al mundo sin que lo moleste un abucheo, aunque sea minoritario.

Esta última protesta atraía nuevos sectores. Junto a los ya mencionados aparecían con más fuerza y llevándose el protagonismo los grupos de víctimas del régimen de excepción. En su mayoría formados por familiares de inocentes injustamente detenidos, estos colectivos denunciaban la permanencia del estado de excepción, la negativa del gobierno a informar sobre el estado de los presos, detenciones de líderes sindicales y opositores políticos y desapariciones. Alfredo Mejía, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), dijo a EFE que el régimen de excepción se había convertido en “régimen de represión”. “Nosotros no tenemos libertad, porque si hablamos algo en contra del Gobierno, nos aplican el régimen”. Socorro Jurídico Humanitario denunciaba 314 muertes en centros de internamiento que ocultadas por las fuentes oficiales mientras las pancartas exhibían el lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

También se sumaron movimientos de defensa de la tierra y agricultores afectados por las políticas de desalojo. La construcción de infraestructuras como los Centros de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se completó expulsando a decenas de familias de sus tierras de cultivo sin compensar con alternativas ni precios justos y luego persiguiendo a las afectadas con cargos de usurpación de tierras. Otro grupo nuevo en las movilizaciones de este año era la plataforma de afectados por el desfalco de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), fondo de pensiones intervenido por el gobierno del que dependen cientos de jubilaciones.

Amaranta Portillo, de la Resistencia Feminista, explicaba a EFE la invisibilización activa por parte del gobierno de las violencias que sufren las mujeres en un El Salvador supuestamente más seguro que nunca: “Aparentemente vivimos en una realidad perfecta, en la que aquí no se muere nadie, pero cada semana tenemos una mujer asesinada en las manos de sus parejas y si antes habían violaciones y acosos de parte de los criminales, ahora también los militares lo hacen”. Así, grupos feministas, estudiantiles, sindicatos y miembros de la oposición completaban la marcha.

La movilización, las declaraciones y la actividad diaria de todos estos colectivos permiten al resto del mundo ver la realidad que el régimen bukelista ocultaba en su discurso oficial, plagado de elogios a los cuerpos policiales y militares protagonistas de las medidas más populares del gobierno, así como de sus mayores atrocidades. “Nuestros héroes verde olivo y nuestros héroes azules son los pilares donde se sostiene este nuevo El Salvador”, profería ante un despliegue de infantería formando posiciones a lo largo de un vasto campo a modo de público.

Aún es pronto para que la brutalidad y la injusticia detrás de las estadísticas de “seguridad” que orgullosamente exhibe el bukelismo se comprendan en toda su amplitud. Inevitablemente, el entramado de violencia estatal con el que se ha reemplazado al crimen organizado terminará por tener consecuencias en los índices de aprobación y en la vida diaria de los ciudadanos. Hasta que ese momento llegue, las todavía minoritarias protestas en El Salvador, pero cada vez mayores y más diversas, erosionan la legitimidad política del gobierno y recuerdan al resto del mundo no dejarse embaucar por los cantos de sirena de regímenes que necesitan ejercer la represión con impunidad para funcionar.