El teatro de los presupuestos
A lo largo de estos días, los dos partidos del Gobierno —PSOE y Sumar— están destinando importantes esfuerzos a intentar posicionar mediáticamente el futurible de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025.
Los últimos presupuestos aprobados en España son los del año 2023 y fueron promovidos por el gobierno anterior —el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos— y votados por un hemiciclo muy distinto al emanado de las elecciones generales del 23J. En aquella cámara, resultado de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, existía una mayoría progresista y plurinacional que se podía alcanzar únicamente con los votos de los partidos del lado izquierdo del parteaguas ideológico. En el nuevo hemiciclo originado como el resultado de las elecciones de 2023, eso ya no ocurre y ahora se hace necesario contar con los 12 escaños de derechas del PNV y de Junts para sacar adelante cualquier votación. Ante esa realidad aritmética y dada la circunstancia de que la dificultad para alcanzar mayorías favorables al Gobierno ya se ha expresado en numerosas ocasiones en forma de fracasos parlamentarios, no se quisieron aprobar los presupuestos para el año 2024 y, en marzo de este año, se decidió prorrogar los presupuestos del año anterior. La excusa: la inestabilidad política producida por la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya.
Ante esa renuncia por parte del Gobierno que tiraba la toalla antes de intentarlo a la hora de aprobar la que se dice es la ley más importante para la gobernabilidad, ya se nos dijo que se iba a trabajar en los presupuestos para el año 2025. Sin embargo, al traer, antes del verano, al Congreso, la senda de estabilidad —también llamada “techo de gasto” y paso previo para diseñar el proyecto de presupuestos—, la misma dificultad aritmética —que, obviamente, no ha dejado de existir ya que no ha habido nuevos comicios— se volvió a expresar en sentido negativo y los siete votos de Junts tumbaron la iniciativa.
Después del receso estival y a pesar de que ni Junts ni ERC han celebrado todavía sus respectivos congresos —los cuales se esperan turbulentos—, el Gobierno ha decidido volver a aprobar la senda de estabilidad en el Consejo de Ministros y volver a someterla a la confianza del poder legislativo en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Dado que nada ha cambiado desde la última vez, nada hace esperar tampoco que, ahora, el nuevo techo de gasto vaya a ser aprobado. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dejado claro que va a traer al Congreso un proyecto de presupuestos “con senda o sin senda”. Si esta fuera tumbada de nuevo —como parece previsible—, lo que ocurriría es que habría que diseñar los nuevos presupuestos con la última que se aprobó —la de los presupuestos de 2023— y eso establecería márgenes de déficit más estrictos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y más flexibles para el estado central. Es por ello que la ministra no deja de interpelar al PP, avisando de que su voto en contra ocasionaría problemas fiscales a las comunidades autónomas que gobiernan. En cualquiera de los dos casos y después de someter a votación la senda de déficit, habría que debatir en la cámar baja los presupuestos para el año 2025; un trámite en el que, a priori, existen las mismas dificultades políticas y aritméticas que para todo lo demás y que, por lo tanto, nada apunta a que pueda ser concluido con éxito.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dejado claro que va a traer al Congreso un proyecto de presupuestos “con senda o sin senda”
A todo esto hay que añadir además el significado político y también el significado material que tiene la aprobación —o no— de unos Presupuestos Generales del Estado.
De acuerdo con la primera clave —la clave política—, es un lugar común en los pasillos y las redacciones de la villa de Madrid articular afirmaciones grandilocuentes respecto de lo mucho que se juega un gobierno al votar esta norma. Es muy habitual escuchar a diputados y opinadores afirmar —sin mucha base empírica— que el fracaso a la hora de aprobar los presupuestos es equivalente a una muestra tan grande de debilidad por parte del Gobierno que no debería seguir adelante y estaría abocado a convocar elecciones anticipadas. Se dice que Durán i Lleida llegó a afirmar que una votación de presupuestos es lo mismo que una moción de confianza al presidente del Gobierno. Sin embargo, la realidad es que Mariano Rajoy estuvo prorrogando presupuestos durante varios años hasta que consiguió aprobar los de 2018 —pocos días antes de ser desalojado del poder por la primera moción de censura exitosa de nuestra democracia— y también que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han dejado completamente claro que pretenden seguir gobernando aunque no tengan presupuestos; aunque no se apruebe ni un solo proyecto de presupuestos a lo largo de toda esta legislatura y se tengan que prorrogar los de 2023 una y otra vez hasta el final de la misma.
Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han dejado completamente claro que pretenden seguir gobernando aunque no tengan presupuestos
Por otro lado y en el plano material, es conveniente desmentir todo tipo de afirmaciones sin base que vienen a situar la no aprobación de presupuestos como una fuente infinita de problemas económicos y jurídicos para el Gobierno. La realidad es exactamente la contraria. Como demuestra el hecho de que el gobierno de Sánchez haya aprobado sin pasar por el parlamento una nueva partida de 1000 millones de euros en armamento, el ejecutivo cuenta con todo tipo de herramientas para modificar partidas y aumentar créditos con unos presupuestos prorrogados. En palabras del propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "España opera con unos presupuestos prorrogados del ejercicio 2023 y no está habiendo ningún tipo de incidencia. Lo que tenemos que hacer son unos ajustes de partidas entre, por ejemplo, los distintos ministerios para que podamos seguir dando cuenta a esas grandes inversiones que vienen del Plan de Recuperación."
Así las cosas y a pesar de que, este lunes, el presidente haya pedido solemnemente a su grupo parlamentario que se ponga manos a la obra para negociar apoyos —cuando todo el mundo sabe que quien negocia no es el grupo socialista sino el ministerio de Hacienda— y aunque Yolanda Díaz haya hecho público el mismo día un documento de más de 30 páginas con las “demandas de Sumar” para dicha negociación, el hecho de que no parezca nada fácil que se pueda conseguir una mayoría parlamentaria, sumado a que ambos partidos han dicho que piensan mantener sus posiciones en el Consejo de Ministros haya o no haya presupuestos y teniendo en cuenta que no existen verdaderas dificultades técnicas a la hora de operar con unos presupuestos prorrogados, deben hacer pensar a cualquier observador de la política que tenga dos ojos en la cara que lo más probable es que, cuando escuchamos hablar de la negociación de los presupuestos de 2025 por parte de los partidos del Gobierno, en realidad estamos asistiendo —con todo el respeto a las artes escénicas y hasta que se demuestre lo contrario— a una obra de teatro.
