Multas de entre 500 y 4.320 euros: El irrisorio precio por prostitución de menores para 7 empresarios de la Región de Murcia
Siete influyentes empresarios de la Región de Murcia no pisarán la cárcel pese haber reconocido ante el juez haber pagado por mantener relaciones sexuales con chicas menores de edad. Antes del inicio del juicio, la defensa ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el que esta rebajaba la petición inicial de cuatro años por contacto sexual a tan solo cinco meses, eludiendo todos los implicados superar la pena mínima para el ingreso en prisión. También es previsible que no acabe entre rejas ninguno de los organizadores de esta trama de explotación de menores, ya que las condenas acordadas por los delitos cometidos tampoco exceden los dos años de privación de libertad. A cambio, tanto los consumidores como los creadores del entramado delictivo sólo han tenido que reconocer los hechos y aceptar multas que oscilan entre los 500 y los 4.320 euros, además de indemnizar a cada una de las chicas explotadas con entre 500 y 2.000 euros.
Los hechos se remontan a enero de 2015, cuando la Policía Nacional detuvo a 29 personas -14 miembros de la organización criminal y 15 clientes- tras desarticular una red de prostitución de menores. La sorpresa saltó cuando se hizo público que entre los detenidos se encontraban destacadas figuras de la esfera empresarial regional, como el expresidente (en aquel momento, vicepresidente) de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Juan Castejón, quien además era vocal en la Cámara de Comercio de Cartagena y Presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de la Región de Murcia.
El operativo policial que acabó con la red de explotación sexual de menores se inició a finales de agosto de 2014, tras la desaparición de una joven de 17 años. Sus padres alertaron a la policía que, pese a no tener ninguna fuente de ingresos reconocida, su hija había llevado un alto tren de vida durante los últimos meses. Finalmente, en octubre la chica fue localizada en un piso de Murcia junto con otras menores. Las pesquisas policiales confirmaron que las jóvenes estaban siendo prostituidas por los propietarios del inmueble. Tras este hallazgo, las víctimas alertaron a la policía de que aquel piso era tan solo una parte de todo un entramado de explotación sexual de menores, cuya cabeza eran tres mujeres encargadas de la gestión de cada inmueble donde llevaban a cabo su actividad. Ellas coordinaban a las encargadas de captar a las jóvenes en institutos, locales de ocio o a través de internet. Además, en la red criminal también participaban los conductores encargados de recoger a las menores y trasladarlas hasta los pisos de la organización o a domicilios particulares.
Además de los participantes en la trama, la policía detuvo a 15 hombres por haber abusado sexualmente, presuntamente, de chicas de entre 14 y 17 años que estaban siendo prostituidas por la trama. Estos “clientes”, todos de avanzada edad, pidieron expresamente que fuesen menores. De estos 15 detenidos inicialmente, nueve fueron acusados por los tribunales. Finalmente, diez años después y con dos de los implicados ya fallecidos, siete de ellos han sido condenados a una pena que no implica ni cárcel ni grandes sumas económicas.
De pedir 24 años de cárcel a conformarse con una multa de 2.000 euros
De entre todos los implicados, el caso que más llama la atención es el del empresario Juan Castejón. La investigación situaba al expresidente de la patronal cartagenera como la persona que más veces había recurrido a la trama para explotar sexualmente a menores de edad, considerando probadas cinco ocasiones. Eso llevó a la fiscalía a pedir para él una pena total de 24 años de cárcel. Finalmente, tras el acuerdo, el empresario ha sido condenado a 25 meses de prisión, aunque, tal y como ha confirmado su abogado, eludirá la cárcel por la dilación temporal del juicio (el caso se remonta a más de una década). También tendrá que indemnizar a las menores de las que abusó sexualmente y hacer frente a una multa de 4.320 euros.
Además de la amplia rebaja de petición de penas por parte de la fiscalía, llama la atención precisamente lo dilatado del proceso. La red de explotación de menores fue descubierta en octubre de 2014 y las detenciones se llevaron a cabo en 2015. Tan solo cinco de los cabecillas pasaron más de dos meses en prisión. Desde entonces y hasta la celebración del juicio, todos los detenidos quedaron en libertad, pese a estar acusados de haber prostituido y explotado sexualmente a al menos 12 chicas menores de edad. Cabe preguntarse si sería igual si los clientes no hubiesen sido miembros de la alta sociedad empresarial de la Región de Murcia.
Un tribunal polémico
La Audiencia Provincial de Murcia se ha convertido en los últimos años en centro de la polémica por sus sentencias sobre agresiones sexuales, violencia de género, diversidad afectiva o prostitución de menores, como en este último caso. Tan solo hay que remontarse hasta mayo para encontrar otro caso en el que un individuo se libraba de la cárcel pese a ser condenado por violar a una joven de 17 años. El hombre de 30 años reconoció que agredió sexualmente a la menor, pero su pena quedó suspendida a cambio de que durante cinco años no cometiera delito alguno y que asistiera a un curso de educación sexual.
Otro caso que despertó la indignación popular fue cuando en agosto de 2022 el encargado de un cultivo se libró de la cárcel tras violar y dar una paliza a una jornalera a su cargo. El hombre de 67 años trasladó a la mujer desde Archena hasta Mula, la violó en la parte trasera de su furgoneta, tras lo que la golpeó reiteradamente y la amenazó con despedirla si contaba a alguien lo ocurrido. De nuevo, para los tribunales y pese a que se reconocía el hecho, el delito no implicaba pena de prisión, sino simplemente una indemnización ridícula y un cursillo de educación sexual.
