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Crece el escándalo en la sanidad murciana: listas de espera amañadas y autorización de compatibilidades sin justificar

Asociaciones de profesionales y usuarios, partidos y sindicatos exigen la creación de una Comisión de Investigación y la convocatoria de la mesa sectorial para analizar la situación de extrema gravedad generada en el Servicio Murciano de Salud
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras — A. Pérez Meca / Europa Press
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras — A. Pérez Meca / Europa Press
Fernando Miñana Hurtado
Fernando Miñana Hurtado
02/08/24 | 6:00
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sanidad pública sanidad privada Tribunal de Cuentas Lopez Miras Región de Murcia

La publicación por parte de Diario Red del escándalo de las irregularidades de las contrataciones de la sanidad pública murciana ha traído consigo un auténtico aluvión de críticas e indignación contra el Gobierno Regional. El informe del Tribunal de Cuentas que vio la luz el 24 de julio había pasado desapercibido para los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto hasta que, el pasado lunes, Diario Red publicó sus principales conclusiones. Desde ese momento, se han sucedido las reacciones de partidos políticos, asociaciones, sindicatos y pacientes.

El estudio del organismo fiscalizador ponía el foco principalmente en los contratos realizados al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de la falta de informes que demostrasen la insuficiencia de medios y personal en los centros públicos para atender aquellas cirugías y pruebas diagnósticas que se derivan hacia la sanidad privada. También hacía referencia al efecto que esto tiene en las listas de espera y cómo los tiempos de demora adolecen de una completa falta de transparencia, así como de una gestión claramente insuficiente.

Desde la Plataforma de Usuarios de la Sanidad Pública de la Región de Murcia destacan que este informe del Tribunal de Cuentas saca a la luz el poco rigor de la administración regional a la hora de permitir las compatibilidades del personal sanitario para trabajar también en la medicina privada. Para esta plataforma, una de las principales impulsoras de la Marea Blanca por la Sanidad en la Región de Murcia, el informe es “demoledor” y saca a la luz “la completa falta de planificación en el SMS”. Respecto a las compatibilidades otorgadas por la Consejería de Salud, denuncian que se ha tenido en cuenta si este trabajo se desempeña en centros que tengan conciertos con el mismo hospital público en el que tienen su plaza los profesionales afectados. “Cuando en 2020 se autorizaron muchísimas de estas compatibilidades, se hizo por la situación de emergencia provocada por la pandemia ante la falta de trabajadores sanitarios. Hoy, en pleno 2024, se siguen prorrogando, sin que exista ninguna situación de emergencia y sin ningún estudio que avale su conveniencia”, aseguran.

Así lo corrobora el informe del Tribunal de Cuentas. Para el organismo fiscalizador, “la declaración de interés público en relación con la prestación de servicios por parte del personal sanitario del SMS para la asistencia sanitaria concertada con centros privados no está justificada”. El estudio también recoge que las autorizaciones “se justificaron por la escasez de profesionales motivada por la crisis del COVID-19”. Sin embargo, tal y como se desvela “ya han transcurrido más de tres años desde dicha crisis, habiéndose constatado que las autorizaciones han venido prolongándose en el tiempo”. Incluso en un Acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2022 se efectuó la autorización de compatibilidad “comprendiendo el ejercicio 2023 completo por primera vez, y no en momentos puntuales del año donde pudiera existir mayor escasez de efectivos, como sucedió en el período 2020 a 2022”. Además, el Tribunal rechaza el segundo argumento esgrimido por la Consejería para autorizar la compatibilidad, que defiende que “determinados servicios sanitarios son prestados de forma exclusiva por centros concertados privados”. Según se asegura en el informe, “las autorizaciones para la compatibilidad no se otorgan únicamente para el ejercicio de la actividad sanitaria en aquellos centros privados que prestan servicios no ofertados en el propio hospital público, sino que se conceden para cualquier centro concertado”.

En esta misma línea también se sitúa Abel Novoa, portavoz de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), quien considera que la compatibilidad de profesionales en la actividad concertada puede generar “irregularidades graves” como que quien te deriva desde la sanidad pública a la concertada “sea también trabajador de la empresa privada con la que existe el concierto”. Se trata de una posibilidad que puede darse ante la falta tanto de informes que justifiquen la necesidad de la compatibilidad laboral como la ausencia de fiscalización e inspección sobre los conciertos y contrataciones externas. El portavoz de la ADSP destaca además la mala gestión de la Sanidad regional, ya que, desde hace décadas, el Tribunal de Cuentas está llamando la atención al gobierno regional porque el Gasto presupuestado es muy inferior al gasto consolidado que se acaba destinando. Así, mientras que la diferencia media entre lo presupuestado y lo ejecutado en el conjunto de comunidades autónomas ronda el 11%, en la Región de Murcia se presupuesta hasta un 35% menos de lo que finalmente se acaba gastando. “El informe es demoledor”, señala Novoa, quien añade que el estudio del Tribunal de Cuentas “viene a demostrar que no existe planificación, justificación o evaluación de los conciertos que la administración mantiene con empresas privadas de la sanidad”.

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En cuanto a las listas de espera, la Plataforma de Usuarios de la Sanidad Pública denuncia que la demora publicada por el Gobierno Regional “no es real”, ya que “se está teniendo en cuenta para su cálculo sólo aquellos pacientes atendidos una vez que ya tienen cita”. “No se empieza a contar la demora hasta que el paciente obtiene su cita”, algo para lo que puede pasar más de un mes, por lo que “nadie sabe realmente cuál es el tiempo de espera para ser atendido, ni cuáles son los números reales de la sanidad murciana”.

Ante las graves irregularidades detectadas, tanto desde la Plataforma de Usuarios como desde la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública reclaman una Comisión de Investigación que arroje luz sobre los aspectos menos transparentes de la sanidad regional y que sirva para conocer el destino de los fondos públicos que el Gobierno autonómico destina a empresas privadas. También exigen que se hagan públicas las evaluaciones y memorias de los conciertos y contratos que la Consejería de Salud tiene con la sanidad privada para conocer de primera mano en qué se gasta el dinero que debería invertirse en la sanidad pública y comprobar si se está gestionando correctamente.

Reacciones políticas y sindicales

Desde el Gobierno regional se han limitado a declarar que todas las contrataciones están hechas bajo el amparo de la legislación. Se trata de una huida hacia delante por parte del Ejecutivo, que no responde a ninguna de las graves irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas. Más grave aún, desde el Gobierno de López Miras sacan pecho de los números y aseguran que todo se ha hecho de manera correcta. Sin embargo, esa “corrección” a la hora de gestionar la sanidad queda completamente desmontada por el estudio sobre la gestión de las contrataciones en un solo hospital de la Región, sin que se conozcan los datos reales del resto de áreas sanitarias en las que, a todas luces, se está actuando con el mismo procedimiento.

Por parte de Podemos-IUVRM-Alianza Verde, la portavoz parlamentaria María Marín ha exigido la creación de una Comisión de Investigación sobre los contratos de toda la sanidad regional. No es la primera vez que Marín plantea este asunto en la Asamblea Regional. Ya durante la crisis del Covid, la diputada autonómica pidió acceso a los diferentes contratos del Gobierno Regional con la sanidad y con las residencias de ancianos, sin obtener respuesta por parte de la administración. Marín también denunció el escándalo de las “vacunaciones VIP” mediante el cual decenas de cargos públicos del Partido Popular, PSOE e incluso de la jerarquía eclesiástica se saltaron el orden de vacunación para ser los primeros en recibir la dosis.

En cuanto al PSOE, también han exigido explicaciones. Sin embargo, su reacción ha sido bastante más tibia y sólo se ha producido después que Podemos se hiciese eco de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas en Diario Red. Una tibieza cuya explicación podría estar en que este mismo estudio también analiza las carencias del Hospital de Badajoz en 2022, momento en el que la Junta de Extremadura estaba aún gobernada por el PSOE de Fernández-Vara.  

Por su parte, los sindicatos también exigen que la publicación del informe traiga consigo explicaciones y consecuencias políticas. Desde UGT instan al Gobierno Regional y al Consejero de Salud a convocar a los representantes de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud para explicar, identificar y detallar las cuantías destinadas a cada uno de los contratos de adjudicación de cada Gerencia del SMS a los centros de la sanidad privada. Para UGT Servicios Públicos se trata de una situación muy grave ya que, según aseguran, “el Servicio Murciano de Salud tiene, a fecha de hoy, los recursos humanos y materiales necesarios para las distintas prestaciones de servicios programados y a demanda”. Recalcan que “no está justificado el cierre indiscriminado de zonas asistenciales en los distintos hospitales públicos de la Región y consultorios de varias zonas básicas, siempre en prejuicio de la población más vulnerable”, mientras que se realizan adjudicaciones “a diestro y siniestro” de grandes cuantías económicas para contratos a la sanidad privada.

De igual modo, desde Comisiones Obreras consideran que no está justificado que se prioricen los conciertos frente a la asistencia pública, cuando además existen medios materiales y humanos para que pueda realizarse desde el propio sector público. Reprochan también a la Consejería de Salud que no existan los controles necesarios para garantizar que se cumplan los estándares de calidad mínimos exigidos tanto en la asistencia como en los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicio en la empresa privada. CCOO denuncia en este sentido que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada “llevan sin convenio desde 2010”, es decir, “14 años sin actualizar sus condiciones laborales”. Por último, plantean que se pongan en marcha incentivos para que quienes compatibilizan su trabajo en la pública con otra actividad en la sanidad privada “puedan prestar servicio en la propia sanidad pública, estableciendo jornadas de tarde”. El sindicato ha pedido reuniones con cada gerencia del SMS para recabar las explicaciones necesarias y buscar soluciones a la grave situación que vive la sanidad regional.

Indignación en redes sociales

No sólo las plataformas y asociaciones de la sanidad han reclamado explicaciones al Gobierno Regional. La publicación de la noticia en Diario Red ha hecho que muchos usuarios hayan puesto de manifiesto casos de mala gestión de las externalizaciones médicas. Y no sólo en Murcia, sino también en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

También hay usuarios que reclaman una mayor investigación en otros ámbitos del Gobierno regional de Murcia, ya que, según denuncian, esta práctica no sólo se da en la sanidad, sino también en otras áreas de gestión.

Lo que queda claro entre la mayoría de usuarios es la necesidad de establecer mayores controles en la gestión del dinero público y cómo este acaba en manos de empresas privadas que prestan servicios que podrían prestarse desde la propia administración de forma más efectiva y con menor coste.

Esperando (sentados) al Ministerio

Sin embargo, a pesar de los sucesivos escándalos vividos en la sanidad murciana por las externalizaciones irregulares y la falta de transparencia en la gestión de las listas de espera y las compatibilidades de los profesionales sanitarios, desde el Ministerio de Sanidad no ha habido ninguna reacción. Algo que no sorprende, dadas las reiteradas declaraciones de la máxima responsable del Ministerio, Mónica García, quien llegó a asegurar en abril que la colaboración público-privada (esto es, la externalización de servicios públicos) era “como la mezcla eficaz de ibuprofeno y paracetamol”. Más recientemente, esta misma semana, la Ministra de Sumar/Más Madrid declaraba “no tener ningún problema con la sanidad privada”. Una afirmaciones en las que queda clara la falta de iniciativa por parte de la dirigente “transversal” para poner coto a las prácticas del Partido Popular respecto a la privatización de la sanidad pública.

La transparencia en la Región de Murcia y el tío de Teo

El escándalo en la gestión sanitaria regional toca de lleno también a las listas de espera. Un hecho que, pese a su gravedad, no sorprende a nadie en el sureste peninsular. Hace tres años, en pleno pico de la pandemia y con una sanidad completamente tensionada, López Miras fue pillado por el diario Infolibre en plena conversación por Whatsapp con el entonces Secretario General del PP, Teodoro García Egea (también murciano). En aquella conversación, el presidente regional actuaba como mediador para que un familiar de García Egea se saltase las listas de espera y fuese atendido en cardiología en menos de 24 horas, llegando a quirófano tan solo seis días después de la intermediación de López Miras. Un simple "Creo que tiene que verlo un cardiólogo" por parte del número 2 del PP nacional sirvió para que el Presidente murciano escribiese al secretario general de Salud un mensaje en el que le pedía, literalmente, “Asegúrate que lo citan por favor. Creo antes tiene que verlo un cardiólogo".

La reacción a la aparición de esta noticia no se hizo esperar. ¿Aumentó la transparencia? ¿Dimitió algún alto cargo regional o estatal del PP? No. Simplemente, se prohibió que los fotógrafos de la Asamblea Regional pudiesen tomar imágenes desde la planta de arriba, evitando así que se pudiese descubrir lo que los diputados y diputadas hacían durante el Pleno. Se da la circunstancia, además, de que las dependencias del parlamento autonómico murciano llevan en obras desde hace ya tres años. Un periodo en el que el hemiciclo donde se han celebrado los plenos –y al que puede asistir público y prensa- ha estado cerrado, mientras que las sesiones se desarrollan en un patio interior de la Asamblea, donde no pueden estar presentes los periodistas ni tampoco puede asistir ningún público invitado por los grupos parlamentarios.

La última estacada a la transparencia regional llegó este mismo mes, en un tenso pleno en el que el Partido Popular y Vox impusieron su mayoría para suprimir el Consejo de la Transparencia, que formaban 18 personas de prestigio a propuesta de los diferentes partidos políticos. En su lugar, la derecha y la ultraderecha han creado un “Comisionado de la transparencia”, que funcionará como un órgano unipersonal y será nombrado directamente por el Gobierno Regional.

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