La doble vara de medir del Gobierno respecto del asilo está lanzando saharauis a las garras del régimen marroquí

Según informaba El Confidencial Saharaui, Ali Hammou, de 30 años, es un activista que forma parte de la Asociación de Discapacitados en El Aaiún que, habiendo realizado distintas manifestaciones reclamando ayudas prometidas, ha llegado a ser detenido.

Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34 años, y Rbab al-Tarad Yahi, de 27, junto a Aziza, su hija mutua de un año y medio, también habrían llegado al aeropuerto de Madrid, y en concreto, Mohamed denuncia que sufrió días antes de su llegada una agresión en un mercado de El Aaiún por parte de colonos marroquíes y que cuando la policía intervino, él fue directamente detenido, trasladado a comisaria donde estuvo varios días y sufrió malos tratos.

Todos cuatro se encuentran en estos momentos en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas, después de haber llegado la madrugada del pasado día 9 de septiembre en un vuelo procedente de El Aaiún. En concreto, el matrimonio ha sido separado, dejando en una sala al padre y en otra a la madre y la hija.

Cabe destacar que Ali Hammou fue herido durante el episodio en el cual, las fuerzas de seguridad marroquíes reprendieron la celebración por la victoria de Argelia en la Copa Africana por parte de saharauis. Por otro lado, Mohamed, además de ser hijo de españoles, ya que sus padres tuvieron la nacionalidad, tiene un familiar que es alto responsable del Frente POLISARIO.

A pesar de que los criterios en términos de asilo y protección internacional son claros al respecto, el Gobierno continúa con su política de incrementar las dificultades si quienes los solicitan son saharauis. En este sentido, destaca la mala práctica del Gobierno de no facilitar a los saharauis intérpretes y traductores neutrales o que hablen su dialecto del árabe, distinto del que hablan marroquíes, lo que puede llevar a tergiversaciones o malinterpretaciones.

La defensa de Mohamed Bachir, de 29 años, quien también se encuentra en la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Barajas, ha solicitado por esta razón la nulidad de las actuaciones, ya que le fue impuesto un intérprete que habla dariya, dialecto distinto del de Bachir, que habla hassania. Su defensa también ha denunciado que el Gobierno ignora la recomendación hecha por el Defensor del Pueblo en este sentido, quién recomendaba el uso de intérpretes de una nacionalidad distinta de aquella con la que pudiera estar enemistado o pudiera generar incomodidad a raíz de los conflictos políticos existentes.

Esto también fue denunciado por el diputado en el Congreso del BNG, Néstor Rego, quien recriminó estas actuaciones del Gobierno a Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior y último responsable de las situaciones que se presentan en el campo del asilo.

En última instancia, cabe destacar no solamente los incumplimientos mencionados, sino algunos adicionales en el caso concreto del matrimonio, los cuales han sido separados en un posible incumplimiento de dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual ha otorgado una especial protección a los menores y en concreto en las detenciones para prevenir la entrada en el país, estas deben realizarse únicamente si son estrictamente necesarias y después de analizar los casos de manera específica. Esto es porque estas personas son solicitantes de asilo, no detenidos en el sentido penal, y en caso de ser detenidos, deben ser en instalaciones con estándares mínimos. Por otro lado, el hecho de separar a una familia y de que no haya instalaciones concretas para este tipo de solicitantes de asilo, cuando hasta países como Hungría tienen instalaciones propias para familias, revela también otro incumplimiento de los estándares para los solicitantes de asilo.

Por el contrario, informes respaldan algunas de las tesis de muchos retenidos saharauis. La vulneración de Derechos Humanos a las personas que reivindican la autodeterminación del Sahara Occidental es constante, la libertad de reunión de asociaciones se encuentra limitada y en caso de manifestaciones improvisadas estas suelen dispersarse de manera violenta, el Estado marroquí también niega que haya presos políticos, sin embargo, defensores de Derechos Humanos denuncian la detención de varias decenas de saharauis, en este mismo sentido, un extremo admitido por el Estado marroquí es el uso de juicios militares contra civiles donde se imponen penas desde los 20 años hasta la cadena perpetua. También se denuncia que las autoridades ignoran la prohibición de arrestos arbitrarios, así como de trato degradante y tortura. Esto está especialmente presente en la prisión de El Aaiún, donde no hay verificación independiente del estado de salud de los detenidos.

Por último, hay que recalcar que la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano al que compete la tramitación de las solicitudes de asilo, la cual luego es estudiada por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio y en última instancia llega al Ministro del Interior el cual tiene la última palabra. Los órganos e individuos de los cuales dependen de que estas solicitudes prosperen o no están íntimamente ligados al Gobierno, y, por tanto, dependen de decisiones en muchos casos, más políticas que legales, a pesar de que la legalidad y protección de los Derechos Humanos debería jugar un papel esencial para la determinación de quien debe ser protegido y quién no.

Resulta difícil creer las declaraciones de Pedro Sánchez alegando que el acogimiento de Edmundo González no tiene tintes políticos, ya que incluso la solicitud de asilo vía consulado fue restringida legalmente y ya no está disponible para la gran mayoría de personas, salvo que el Cónsul o Embajador promuevan el asilamiento de estas personas y el Gobierno responda positivamente a esta solicitud, incluso sin los necesarios criterios legales.