El ‘plan de regeneración democrática’ de Sánchez

Hace unos meses, ocurrió algo inédito en España —y de hecho en cualquier país europeo que a uno le venga a la cabeza—: después de que su mujer fuera imputada por uno de esos tantos jueces aficionados al lawfare, el presidente de la quinta economía de la Zona Euro mandó una carta a la ciudadanía a través de las redes sociales y se autorrecluyó en el palacio presidencial durante cinco días, sugiriendo entre líneas la posibilidad de dimitir. En la carta, señaló —utilizando la expresión de Umberto Eco— a ‘la máquina del fango’ como una colaboración golpista entre la derecha política, judicial y mediática. No lo dijo con toda contundencia léxica con la que lo hacemos las gentes de izquierdas, pero se entendió perfectamente. “Hay un golpe blando en marcha en uno de los países más importantes de la Unión Europea y su operación principal pasa por destruir civilmente a mi familia, lo cual me hace plantearme el dejarlo todo”, nos vino a decir Pedro Sánchez a todos los —atónitos— españoles. Por eso, cuando finalmente compareció a las puertas de la Moncloa y dio una declaración institucional sin preguntas al cabo de los cinco días de ‘reflexión’ y no puso absolutamente ninguna medida encima de la mesa para parar el golpe, la estupefacción aumentó varios puntos y se mezcló con la indignación o la decepción (según la personalidad de cada uno).

En el día de ayer, casi cinco meses después de dichos acontecimientos —parece que el inminente golpe de estado que estuvo a punto de descabezar el ejecutivo español tampoco era algo tan urgente—, el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciaba solemnemente —por fin— en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros el acuerdo para sacar adelante el esperado ‘plan de regeneración’. Además de las palabras del ministro, el gobierno envió a los periodistas un PDF de 28 páginas detallando dicho plan (si es que el verbo ‘detallar’ puede ser aplicado a este caso).

Al principio del documento —titulado ‘PLAN DE ACCIÓN PARA LA DEMOCRACIA’—, se nos dice, como le gusta repetir al PSOE, que la democracia española es una de las más sólidas del mundo, pero que tiene algún fallito menor que convendría corregir. De la ‘máquina del fango’ que a punto estuvo de decapitar al jefe del poder ejecutivo en España, hemos pasado a una situación de liderazgo democrático mundial con algunos pequeños matices.

De la ‘máquina del fango’ que a punto estuvo de decapitar al jefe del poder ejecutivo en España, hemos pasado a una situación de liderazgo democrático mundial con algunos pequeños matices

A continuación, se nos dice que las medidas que plantea el documento van a estar basadas sobre todo en las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea —como es bien sabido, uno de los órganos más democráticos y menos tecnocráticos que existen— en los años 2020 y 2023.

Los ámbitos principales de los que se va a ocupar el plan se pueden encontrar ya en la introducción: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo. En una primera lectura, podría parecer incomprensible que el poder judicial no figure en esta lista. ¿Qué tipo de plan de regeneración democrática se puede acometer sin proponer absolutamente nada para el poder judicial cuando el lawfare ha sido la operativa golpista más utilizada a lo largo de la última década y cuando, de hecho, todo este debate aparece precisamente por la imputación de la esposa del presidente por parte de un juez que actúa como un operador político bordeando la prevaricación? Esto ya nos podría dar una pista de que no estamos ante un documento de propuestas de acción política sino ante un comunicado de prensa que pueda permitir a un gobierno que no ha hecho prácticamente nada en su primer año seguir pedaleando en el aire tres años más. Pero la situación es todavía peor que la ausencia de ninguna propuesta para el poder judicial. La reforma en este ámbito ya ha sido hecha, se hizo en la dirección antidemocrática —es decir, independizando aún más a este poder de la soberanía popular—, se hizo aceptando únicamente postulados de la derecha y ninguno del progresismo y se pactó entre el PSOE y el PP al mismo tiempo que se repartían el CGPJ. El poder judicial no aparece en el ‘plan de regeneración’ publicado ayer por el gobierno porque las medidas en ese ámbito ya se tomaron y avanzaron en el blindaje de la impunidad de la derecha y la extrema derecha judicial.

El poder judicial no aparece en el ‘plan de regeneración’ publicado ayer por el gobierno porque las medidas en ese ámbito ya se tomaron y avanzaron en el blindaje de la impunidad de la derecha y la extrema derecha judicial

Con semejante antecedente, no sorprende el tono, la ambigüedad y la endeblez ideológica del resto del documento enviado a los medios. Más allá de la enunciación vacía de objetivos y ejes de acción con lenguaje de PowerPoint, nadie que entienda mínimamente cómo funcionan las principales amenazas a la democracia que operan en España puede quedar satisfecho con los diferentes puntos que —a partir de la página 6— pretenden concretar algo más —pero tampoco mucho— lo que supuestamente quiere hacer el gobierno. Con un nivel de concreción en general muy bajo y obviando que la mayor parte de las ‘propuestas’ están vacías de contenido —llevar a cabo una cumbre sin decir qué se va a decidir allí, crear un organismo sin establecer criterios de operación, aprobar una ley con un nombre bonito pero sin mencionar qué medidas va a contener, etc.— podemos citar los siguientes puntos en los que más o menos se dice algo.

En el documento hecho público, podemos encontrar todo un epígrafe dedicado a los medios de comunicación donde se plantean medidas de transparencia, como la publicación de la propiedad económica de los medios o sus audiencias, así como una reforma de la publicidad institucional para intentar evitar que ésta vaya dirigida a medios que no tienen prácticamente audiencia. Aunque supuestamente Pedro Sánchez lanzó este debate como consecuencia de las agresiones a la democracia por parte de determinados medios que publican mentiras y odio, el documento se centra justo a continuación en lo contrario: en la protección de los periodistas frente a acosos externos o la protección de su secreto profesional. Es especialmente significativo que sea en este apartado, además, donde el gobierno incluye la reforma de la Ley Mordaza, mencionando explícitamente solo el artículo 36.23 que afecta directamente a los periodistas, pero sin hacer mención ninguna a los perjuicios que dicha ley causa a las libertades civiles y a la ciudadanía en general. En el apartado de los medios, también se habla del problema de su concentración en pocas manos, pero no se propone absolutamente nada concreto para evitarla. Un poco más de concreción podemos encontrar —en cambio— en la sección de este apartado que se refiere a la desinformación. Obviando la aprobación de una ‘estrategia’ contra las campañas de desinformación de la cual no se especifica absolutamente nada, la apertura de una comisión parlamentaria sobre el mismo tema cuyo contenido es a priori el que los grupos quieran incluir allí o una reforma de la CNMV que tampoco se detalla, sí encontramos la voluntad de reformar un par de leyes orgánicas para conseguir un derecho a la rectificación mediática que sea rápido y eficaz cuando se publiquen noticias falsas o ‘abiertamente tendenciosas’. No se especifica gran cosa respecto de cómo se va a conseguir esto, pero en semejante mar de ambigüedades y de brindis al sol, que se hayan escrito estas palabras negro sobre blanco es una de las pocas buenas noticias que se pueden encontrar en las 28 páginas. Lamentablemente, justo después de esta propuesta, se prometen 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación; dejando perfectamente claro que el gobierno no se quiere enemistar con nadie. En este apartado y sin que se entienda muy bien por qué, se habla también de reformar íntegramente el Código Penal en los delitos que afectan a la libertad de expresión, como la ofensa a los sentimientos religiosos. No se habla explícitamente de derogación, no se entra en detalle y la localización de la medida es un poco extraña, pero, de nuevo, estamos en este caso ante una pequeña buena noticia.

En el apartado de los medios, también se habla del problema de su concentración en pocas manos, pero no se propone absolutamente nada concreto para evitarla

Del mismo modo que el documento empieza por unas cuantas medidas que afectan a la transparencia y a la rendición de cuentas del ejecutivo —algo que no tiene nada que ver con la ‘máquina del fango’—, justo después del apartado de los medios de comunicación, el ‘plan de regeneración’ aborda la obligatoriedad del debate del estado de la nación o de los debates electorales, así como la publicación de los microdatos de las encuestas. Algo que está muy bien, pero que nadie tenía identificado en estos momentos como una grave amenaza a nuestro sistema democrático. Del mismo modo, se plantea reformar el reglamento de ambas cámaras para sancionar de forma eficaz a aquellos diputados que no presenten su declaración de bienes o que lo hagan con información falsa o incompleta, así como hacer más estrictas las sanciones a aquellos partidos que ‘presenten sus cuentas de manera inadecuada’; algo sin duda positivo, algo con lo que se señala implícitamente a VOX y al mismo tiempo algo que no tiene nada que ver con todo eso que llevó al presidente del Gobierno a plantearse su dimisión.

En definitiva, estamos ante un ‘plan de regeneración’ que no hace nada contra una de las principales amenazas a nuestra democracia como es el lawfare —porque el PSOE ya pactó la impunidad de los jueces prevaricadores con el PP—, apenas dice cuatro ambigüedades sobre el gravísimo problema de la difusión de mentiras y de odio a través de los principales medios de comunicación del país —y no solamente de ciertos tabloides como repite Sánchez para no ponerse en contra a los grandes cañones mediáticos—, añade elementos de ‘regeneración’ de los poderes públicos —excepto del poder judicial— que no parece que tuvieran nada que ver con el debate que se había planteado y mete con calzador la Ley Mordaza y los delitos que limitan la libertad de expresión —entendemos, a petición del socio de gobierno del PSOE— pero sin comprometerse a nada importante.

Estamos ante un ‘plan de regeneración’ que no hace nada contra una de las principales amenazas a nuestra democracia como es el lawfare —porque el PSOE ya pactó la impunidad de los jueces prevaricadores con el PP—

Por si esto fuera poco, el documento se ocupa de especificar quiénes serían los agentes que supuestamente llevarían a cabo estas medidas en un tiempo indeterminado en el futuro y, además de que solamente aparecen ministerios del PSOE y ninguno de Sumar, se menciona en numerosas ocasiones que tendrían que ser las Cortes Generales las que aprueben las medidas correspondientes. Unas Cortes Generales en las que no parece que el gobierno tenga una mayoría estable para hacer nada, donde se han vivido ya varios fracasos parlamentarios en lo que llevamos de legislatura y que apenas han conseguido sacar adelante la Ley de Amnistía y la reforma derechista del poder judicial, además de alguna otra norma menor.

Todo indica que la decisión que tomó Pedro Sánchez durante aquellos cinco días en los que tuvo al país en vilo y en estado de shock fue la de continuar gobernando aunque no pudiera hacer ninguna reforma importante ni para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente ni tampoco para mejorar el sistema democrático. Pero claro, para poder hacer eso, hace falta dar de comer todas las semanas anuncios vacíos a los medios de comunicación y eso es exactamente lo que parece que tuvo lugar ayer.

Documento que el gobierno ha enviado a los medios