El fiscal general del Estado en el ojo del huracán y con un choque de trenes a la vista
Ayer, la Asociación de Fiscales (AF) anunciaba su no continuidad en la mesa de trabajo para la creación de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debido a las declaraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En este comunicado la Asociación aseguraba: “pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza”.
Esto debido a las declaraciones de García Ortiz en una entrevista en Cadena Ser y recogida por Europa Press donde, a pesar de asegurar que en el ejercicio de su profesión, judicatura y partidos políticos no están combinados, si puede haber dentro de las asociaciones judiciales y fiscales objetivos idénticos a determinados partidos políticos.
Antes de estas declaraciones, también había hecho una entrevista en TVE donde aseguró que había tácticas dilatorias en el Consejo Fiscal y respaldó el comunicado emitido a raíz de la filtración de datos de Alberto González Amador en su caso por delitos fiscales, que también causaron reacciones en la judicatura, siendo este el último escalón de una ya larga cadena de desacuerdos y tropiezos de distintas partes de la judicatura con García Ortiz.
En febrero, la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó un recurso ante el Tribunal Supremo por la renovación en diciembre de García Ortiz al frente de su puesto como fiscal general del Estado por no considerarlo idóneo para desempeñar las funciones asignadas en la Constitución, poniendo como ejemplo el ascenso por su parte a Fiscal de Sala de lo Militar de Dolores Delgado, que fue anulado por el TS.
Esta primera anulación se debió, según la sentencia del TS por una “desviación de poder” al haber estado Dolores Delgado en su posición antes que él. Posteriormente, habría otro nombramiento discrecional por parte de García Ortiz de la misma Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos que también acabaría anulado por el TS, esta vez retrocediendo las actuaciones al Consejo Fiscal para que valore sí el nombramiento es posible en términos de incompatibilidades con el cargo, en este caso, por la relación que tiene con el exjuez Baltasar Garzón.
Otro aspecto destacable de su renovación fue el rechazo del Consejo General del Poder Judicial al valorarlo como no apto para el puesto, dictamen que, por no ser vinculante, acabó siendo confirmado por el Gobierno.
La Sección encargada de examinar este recurso contra su nombramiento sería la misma que ha anulado los dos nombramientos de Dolores Delgado, debido a esto, García Ortiz ha presentado una recusación, es decir, cree que estos magistrados están “contaminados” por sus anteriores dictámenes y por ello, solicita que sean apartados de la resolución del recurso, con lo cual, lo tendría que examinar Sala del 61, una sala especial contemplada para estos casos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual se vería en una encrucijada porque admitir la recusación implicaría poner en duda la imparcialidad de los magistrados involucrados.
Si la recusación fuese rechazada, García Ortiz aún tendría en su mano la posibilidad de presentar un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales ante el mismo Tribunal Supremo, el cual ante un previsible rechazo de este Tribunal, podría entonces presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual podría declarar la nulidad de los actos impugnados, reconocer al derecho o libertad pública vulnerado y por último, restablecer la integridad del derecho o libertad vulnerados, lo cual obligaría a retroceder las actuaciones del Supremo y lo obligaría a actuar de manera distinta ante la negativa de su nombramiento.
Está por verse cuál es el futuro que le espera a Álvaro García Ortiz al frente de la fiscalía al hallarse este recurso y su recusación pendiente de resolución. Las decisiones que tienen que enfrentar los distintos magistrados se antojan difíciles en el contexto político y judicial actual.
