Tras la publicación de los audios, VOX abraza las tesis del juez Aguirre y le pide que no apliquen la amnistía a Puigdemont
El partido político Vox ha solicitado al juzgado de instrucción 1 de Barcelona que no se aplique la ley de amnistía en la pieza separada de la causa Voloh, donde se investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar el 'procés' y de la que la formación es acusación popular.
En un documento al que ha tenido acceso Europa Press este lunes, Vox señala que en esta pieza hay indicios "de hechos que podrían quedar subsumidos en el momento procesal oportuno, en los delitos de traición" para dar apoyo económico y militar al independentismo y desestabilizar la Unión Europea.
"Mantenemos la inaplicabilidad de la Ley por contener disposiciones que vulneran frontalmente principios esenciales de nuestro derecho, que afectan a los principios y garantías esenciales a aplicar en el procedimiento penal, como infracción del principio de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y la independencia judicial", reza el documento.
Apoyo militar de Rusia
La formación verde argumenta que la ley de amnistía no es aplicable en casos de delitos de traición, que "ponen en riesgo y en una situación de extremo peligro la configuración democrática" al entender que afecta a la soberanía, la independencia, la seguridad nacional y la defensa.
"Este tipo de delito no puede amnistiarse ni puede tener justificación alguna que pueda eliminarse o rebajar la gravedad de los actos por estar vinculados a los proyectos políticos propios de los que quieren ser amnistiados", recalca.
El partido añade que la instrucción del juez Joaquín Aguirre refleja que hubo un interés por parte del Govern de abastecerse de armas de cara a un posible conflicto y que en las conversaciones entre el gobierno catalán y ruso se ofreció el envío de tropas, dice textualmente en referencia a los 10.000 soldados que mencionaba el instructor.
Malversación
Respecto al delito de malversación, Vox señala que los procesados que están siendo investigados en la pieza separada de Voloh "sustrajeron caudales públicos para emplearlos en una finalidad prohibida, apartándolos de los usos y finalidades para los que estaban destinados", motivo por el que unos fueron condenados y otros se fueron a vivir al extranjero.
Además, el partido insiste en que todos los procesados en la causa tenían conocimiento de que estaban cometiendo un acto ilícito al participar en la consulta del 1-O.
